Apoya España ley migratoria

Mientras Gran Bretaña comenzará a hacer públicos los nombres de los empresarios que contraten inmigrantes ilegales, en España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero defendió la directiva de retorno de indocumentados aprobada en la Unión Europea y dijo que la repatriación no depende de leyes, sino de cooperación. En entrevista con la cadena pública Radio Nacional de España (RNE), Zapatero agregó que la directiva de retorno "no obliga, sino que limita" el tiempo máximo de retención de los indocumentados. El proyecto europeo establece que los ilegales puedan ser retenidos en los países de la UE hasta un periodo máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.

Al respecto el Mandatario aseguró que "curiosamente, y a pesar de lo que parece, pone límites a algunas de las cosas que hacían algunos países en materia de retorno". "Es una fecha límite. No es un tiempo que obligue sino que limita", argumentó Zapatero, que recordó que en España ese tiempo es en la actualidad de 40 días y que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiere que se amplíen "sólo a 60", porque "es verdad que es un tiempo ajustado".

No obstante, el Jefe del Ejecutivo español hizo hincapié en que la repatriación de un inmigrante "no está en manos ni de lo que diga una directiva ni en manos de lo que digan nuestras leyes, sean las que sean", sino que está "en la capacidad de cooperación política y diplomática que tengamos con los países de origen", porque "para devolver a un inmigrante ilegal su país te lo tiene que aceptar". También insistió en que la política de inmigración debe seguir vinculada al mercado laboral y, tras asegurar que "es evidente que tenemos una menor demanda de empleo", comentó que "es lógico que haya una menor presión de inmigrantes hacia España". En tanto, en un intento por avergonzar a los empresario que contraten inmigrantes irregulares, la Agencia de Fronteras británica comenzará a hacer públicas sus identidades en Internet. Esa decisión del Ministerio del Interior se produce cuatro meses después de que las autoridades hayan emprendido una serie de medidas para identificar y perseguir judicialmente a las empresas que violan las leyes. Más de 200 compañías han sido ya multadas.

EFE, El Economista, 20 de junio.