CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Mientras organizaciones no gubernamentales anunciaron que están documentando violaciones a las garantías individuales que supuestamente han cometido militares para presentarlas ante la ONU, nuevas quejas públicas por presuntos abusos de soldados se dieron a conocer.
Una de las quejas recientes es de la ciudadana estadounidense Ivonne Carbajal, quien denunció que elementos del Ejército levantaron a sus hijos Vivian y Brayan Méndez, de 9 y 4 años de edad, quienes están desaparecidos, así como al abuelo Manuel Carbajal Ontiveros, al que torturaron, liberaron y amenazaron de muerte para que no los denunciara.
La señora dijo que está pidiendo la intervención del Consulado de Estados Unidos y del FBI para localizar a sus dos niños, ya que ella y ellos son ciudadanos estadounidenses que viven en Ciudada Juárez. Explicó que el 12 de este mes, sin orden de cateo, los militares tiraron las puertas para entrar a su casa, ubicada en el fraccionamiento Álamos de Senecu, y se llevaron a su papá e hijos; el señor fue liberado al otro día pero no sus hijos.
De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República, desde que inició el Operativo Conjunto Chihuahua, a inicios de abril, han presentado 54 denuncias contra elementos militares por delitos como secuestro, lesiones, daños, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, robos hasta de comida, desaparición de personas y allanamiento de morada.
Sobre estos hechos, Judith Galarza Campos, directora de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), organismo consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, dijo que están documentando las violaciones a las garantías individuales para presentarlas ante organismos internacionales.
“Con el pretexto de combate al narcotráfico, el Ejército está violando las garantías individuales y los derechos humanos, además de que están generando problemas graves para hacer creer que es necesaria la presencia de ellos en las calles”, expresó.
Para combatir este tipo de ilegalidades formaron un “frente contra la represión”, en el que participan al menos 10 organizaciones de la sociedad civil, que comenzaron a documentar las supuestas violaciones a las garantías constitucionales por parte de los militares.
La señora Josefina Reyes, ex regidora del PRD en Guadalupe, Distrito Bravo, ubicado a 50 kilómetros de Juárez, dijo que los militares entraron a su casa cuando no estaba y, aparte de robar todo lo de valor, destruyeron propaganda política que tenía en su casa.
Consideró que por este motivo la SIEDO se llevó a la capital del país y arraigó por 30 días a 11 personas, a las que solamente les encontraron en su casa una pistola calibre 380 y una escopeta que no son de uso exclusivo del Ejército.
Una de las quejas recientes es de la ciudadana estadounidense Ivonne Carbajal, quien denunció que elementos del Ejército levantaron a sus hijos Vivian y Brayan Méndez, de 9 y 4 años de edad, quienes están desaparecidos, así como al abuelo Manuel Carbajal Ontiveros, al que torturaron, liberaron y amenazaron de muerte para que no los denunciara.
La señora dijo que está pidiendo la intervención del Consulado de Estados Unidos y del FBI para localizar a sus dos niños, ya que ella y ellos son ciudadanos estadounidenses que viven en Ciudada Juárez. Explicó que el 12 de este mes, sin orden de cateo, los militares tiraron las puertas para entrar a su casa, ubicada en el fraccionamiento Álamos de Senecu, y se llevaron a su papá e hijos; el señor fue liberado al otro día pero no sus hijos.
De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República, desde que inició el Operativo Conjunto Chihuahua, a inicios de abril, han presentado 54 denuncias contra elementos militares por delitos como secuestro, lesiones, daños, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, robos hasta de comida, desaparición de personas y allanamiento de morada.
Sobre estos hechos, Judith Galarza Campos, directora de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), organismo consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, dijo que están documentando las violaciones a las garantías individuales para presentarlas ante organismos internacionales.
“Con el pretexto de combate al narcotráfico, el Ejército está violando las garantías individuales y los derechos humanos, además de que están generando problemas graves para hacer creer que es necesaria la presencia de ellos en las calles”, expresó.
Para combatir este tipo de ilegalidades formaron un “frente contra la represión”, en el que participan al menos 10 organizaciones de la sociedad civil, que comenzaron a documentar las supuestas violaciones a las garantías constitucionales por parte de los militares.
La señora Josefina Reyes, ex regidora del PRD en Guadalupe, Distrito Bravo, ubicado a 50 kilómetros de Juárez, dijo que los militares entraron a su casa cuando no estaba y, aparte de robar todo lo de valor, destruyeron propaganda política que tenía en su casa.
Consideró que por este motivo la SIEDO se llevó a la capital del país y arraigó por 30 días a 11 personas, a las que solamente les encontraron en su casa una pistola calibre 380 y una escopeta que no son de uso exclusivo del Ejército.
Luis Carlos Cano, corresponsal, El Universal, 17 de junio.
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