Mientras los coordinadores del PAN y PRI en el Senado discreparon con la idea de que la reforma energética sea sometida a una consulta, el Frente Amplio Progresista planteó que la UNAM elabore las preguntas, el IFE organice y la Cámara de Diputados autorice una partida extraordinaria para financiarla.
Santiago Creel, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, consideró que la consulta pública que propone la oposición es una salida para frenar y descarrilar la reforma energética.
"Es una táctica de carácter dilatorio, lo que están planteando es algo que no es constitucional, no es legal una consulta sobre un aspecto federal en el marco del ámbito local. En consecuencia es un engaño.
"Y no estamos dispuestos a ser copartícipes de un engaño de esa naturaleza a la opinión pública", indicó el también Presidente del Senado.
Creel manifestó disposición de hacer modificaciones a la Constitución para prever mecanismos de consulta, pero su postura fue en contra de legislar para un caso específico.
Consultado sobre el tema, Manlio Fabio Beltrones (PRI) indicó: "No necesitamos andar haciendo muchas consultas para entender bien lo que quiere el pueblo de México; también no hemos escuchado una voz que diga sí a la privatización de la industria petrolera nacional".
Beltrones opinó que cualquier modificación legal o constitucional no debe ser un "saco a la medida".
El priísta consideró que si en algún momento se llegara a algún acuerdo sobre figuras de consulta ciudadana se debiera hacer con cuidado para que sean útiles a la gobernabilidad del país y no a los intereses de algún grupo político.
Además, dijo creer que la interpretación que se hace sobre el Artículo 26 constitucional es laxa, de que las consultas puedan realizarse para cualquier efecto.
Por separado, coordinadores del PRD, PT y Convergencia de ambas Cámaras leyeron un comunicado para asegurar que, con base en el 26 constitucional, el Ejecutivo tiene facultades de establecer procedimientos de participación y consulta popular.
Para su instrumentarla propusieron que se solicite la participación de la UNAM y organismos cívicos para elaborar la lista de preguntas, que el IFE organice la consulta y los diputados federales aprueben una partida presupuestal extraordinaria para su financiamiento. Peticiones que serán remitidas a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras.
Santiago Creel, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, consideró que la consulta pública que propone la oposición es una salida para frenar y descarrilar la reforma energética.
"Es una táctica de carácter dilatorio, lo que están planteando es algo que no es constitucional, no es legal una consulta sobre un aspecto federal en el marco del ámbito local. En consecuencia es un engaño.
"Y no estamos dispuestos a ser copartícipes de un engaño de esa naturaleza a la opinión pública", indicó el también Presidente del Senado.
Creel manifestó disposición de hacer modificaciones a la Constitución para prever mecanismos de consulta, pero su postura fue en contra de legislar para un caso específico.
Consultado sobre el tema, Manlio Fabio Beltrones (PRI) indicó: "No necesitamos andar haciendo muchas consultas para entender bien lo que quiere el pueblo de México; también no hemos escuchado una voz que diga sí a la privatización de la industria petrolera nacional".
Beltrones opinó que cualquier modificación legal o constitucional no debe ser un "saco a la medida".
El priísta consideró que si en algún momento se llegara a algún acuerdo sobre figuras de consulta ciudadana se debiera hacer con cuidado para que sean útiles a la gobernabilidad del país y no a los intereses de algún grupo político.
Además, dijo creer que la interpretación que se hace sobre el Artículo 26 constitucional es laxa, de que las consultas puedan realizarse para cualquier efecto.
Por separado, coordinadores del PRD, PT y Convergencia de ambas Cámaras leyeron un comunicado para asegurar que, con base en el 26 constitucional, el Ejecutivo tiene facultades de establecer procedimientos de participación y consulta popular.
Para su instrumentarla propusieron que se solicite la participación de la UNAM y organismos cívicos para elaborar la lista de preguntas, que el IFE organice la consulta y los diputados federales aprueben una partida presupuestal extraordinaria para su financiamiento. Peticiones que serán remitidas a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras.
Mauricio Rubí, El Economista, 5 de junio.
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