El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó un decreto que deroga la polémica ley de inteligencia y contrainteligencia, sobre la cual reconoció haberse equivocado, e indicó que el texto será reformado por el Parlamento.
“Se va a aprobar hoy este decreto derogatorio de la ley para que se haga otra ley (...) que se comience a discutir otra ley, pero en la Asamblea Nacional”, aceptó Chávez en un discurso televisado.
El sábado pasado el mandatario anuló provisionalmente la norma, luego de admitir que contenía errores que no podía defender, como la obligación de cualquier persona, empresa u organización de colaborar con los servicios de inteligencia. “A nadie lo pueden obligar a que delate a nadie (...) eso es un desastre”, volvió a decir este martes el presidente.
La ley de inteligencia fue promulgada mediante un decreto presidencial, gracias a los poderes extraordinarios que Chávez recibió del Parlamento a principios de 2007 para legislar por decreto durante 18 meses.
Ahora el Congreso volverá a legislar sobre la materia para producir un nuevo texto.
Grupos de derechos humanos y representantes de la oposición señalaron que la ley no garantizaba un proceso justo y promovía la delación anónima.
“Se va a aprobar hoy este decreto derogatorio de la ley para que se haga otra ley (...) que se comience a discutir otra ley, pero en la Asamblea Nacional”, aceptó Chávez en un discurso televisado.
El sábado pasado el mandatario anuló provisionalmente la norma, luego de admitir que contenía errores que no podía defender, como la obligación de cualquier persona, empresa u organización de colaborar con los servicios de inteligencia. “A nadie lo pueden obligar a que delate a nadie (...) eso es un desastre”, volvió a decir este martes el presidente.
La ley de inteligencia fue promulgada mediante un decreto presidencial, gracias a los poderes extraordinarios que Chávez recibió del Parlamento a principios de 2007 para legislar por decreto durante 18 meses.
Ahora el Congreso volverá a legislar sobre la materia para producir un nuevo texto.
Grupos de derechos humanos y representantes de la oposición señalaron que la ley no garantizaba un proceso justo y promovía la delación anónima.
AFP en Caracas, Milenio, 11 de junio.
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