Complicado ‘parto’ del plan Mérida

WASHINGTON.— Tras ocho meses de gestación, el difícil parto de la Iniciativa Mérida vive momentos cruciales. Evitar un rechazo de México ha sido lo que, en el curso de los últimos días, ha movido a la administración Bush y a representantes del Senado y de la Cámara de Representantes a buscar un cambio de fondo en el lenguaje para evitar el descarrilamiento de un proyecto de cooperación bilateral que ha sido presentado como la “oportunidad histórica” para asestar un golpe decisivo a los cárteles de la droga.

De los esfuerzos de conciliación que el Congreso y el Senado han iniciado en las últimas semanas podría surgir esta misma semana el proyecto definitivo que buscará liberar aproximadamente 400 millones de dólares sin condicionarlos a cambios legales que obliguen a México a modificar su Constitución.


Fuentes del Congreso y el Senado han reconocido que “las quejas de México” han propiciado un proceso de conciliación que, al final, han producido un texto con un “lenguaje más suavizado y más favorable” que, incluso, el de la última iniciativa de la Cámara Baja aprobada el pasado 10 de junio, donde la legislación aún contiene “significativas salvaguardas” en materia de derechos humanos, incluyendo “estrictos requerimientos para investigar” las denuncias sobre violación de esos derechos.


Aun así, “el gobierno de México se sigue reservando el derecho a aceptar o rechazar la versión definitiva de la Iniciativa Mérida”, aseguró una fuente oficial que pidió permanecer en el anonimato, para desvelar así la cautela del gobierno me- xicano ante un proceso de negociaciones que aún deberá sortear la votación del comité de apropiaciones antes del inicio de las vacaciones del 4 de julio.


Apenas el pasado 2 de junio, México rechazó la imposición de candados a la Iniciativa Mérida. La amenaza del gobierno de Felipe Calderón, ante la propuesta aprobada el 22 de mayo por el Senado —que condicionaba la asignación de 350 millones al inicio de reformas judiciales, para que las Fuerzas Armadas y agencias federales mexicanas sean ajenas a violaciones humanitarias o corrupción—, marcaría así un inusitado cierre de filas de la administración Bush y el inicio de negociaciones entre los comités de ambas cámaras que, al final, han conseguido armonizar un texto que se ha convertido en el andamiaje de la iniciativa definitiva:


“Aún podría darse el caso de un cambio de última hora”, reconoció con un aire de prudencia una fuente legislativa.


“Pero, si las cosas marchan tan bien como ahora, la iniciativa podría ser votada antes del próximo 4 de julio”, aseguró.


De prosperar el texto armonizado en la votación del comité de apropiaciones, el Legislativo lo enviaría a Bush, quien se encargaría de vetarlo o promulgarlo. Concluirían así más de ocho meses de azarosas negociaciones en los que, tanto representantes del Congreso de México y EU han manifestado su abierto rechazo a la opacidad con que la Casa Blanca y el gobierno mexicano entablaron un proceso de negociación que ha estado a punto de descarrilar.


Un proceso que, si nada lo impide, podría asegurar la autorización de los fondos que contemplan la entrega a México de helicópteros con equipos infrarrojos, equipos de radares y para la vigilancia aérea, tecnología para la intercepción marítima y terrestre de drogas, y de redes de comunicación seguras.


Pero que, en caso de fracasar, obligaría a México a negociar con la próxima administración los términos de un nuevo marco de cooperación para hacer frente a los cárteles de la droga.

J. Jaime Hernández, El Universal, 16 de junio.


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