Organismos civiles reprocharon ayer a José Luis Soberanes sus señalamientos en torno a Amerigo Incalcaterra, ex representante en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La semana pasada, el Ombudsman relacionó la salida de Incalcaterra del País con los fondos que, por un millón de dólares, pretende entregar Estados Unidos a esa oficina de la ONU.
"Entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer", señaló.
Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, dijo ayer que Soberanes actuó con dolo al tratar de descalificar el trabajo del funcionario, sobre todo cuando Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el organismo público de derechos humanos más caro del mundo, y no hay criterios ni principios para evaluar sus resultados.
"La CNDH no opera con los mecanismos de rendición de cuentas formales.
"Este año, por concepto de estímulos y bonos, se tiene pensado ejercer 105.5 millones de pesos. Si volvemos a la afirmación original que hizo el presidente de la Comisión en relación con el millón de dólares que en teoría quería operar discrecionalmente la OACNUDH, multiplicado por 10, es lo que opera la CNDH discrecionalmente, solamente para bonos y estímulos a su personal", aseguró.
Los activistas manifestaron en rueda de prensa que en México impera un clima de regresión en el tema de los derechos humanos, al que contribuye la CNDH.
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todos y Todas", expresó que la remoción de Incalcaterra es parte de ese proceso, que se suma a otras regresiones en el campo de los derechos humanos, tales como la presencia militar extensiva en el País, el repunte de las desapariciones forzadas y las agresiones contra defensores de los derechos humanos.
Al evento asistieron también Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Clara Jusidman, presidenta de Incide Social; Gerardo Sauri, director de la Red por los Derechos de la Infancia; Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y Diego Lorente, director de Sin Fronteras.
La semana pasada, el Ombudsman relacionó la salida de Incalcaterra del País con los fondos que, por un millón de dólares, pretende entregar Estados Unidos a esa oficina de la ONU.
"Entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer", señaló.
Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, dijo ayer que Soberanes actuó con dolo al tratar de descalificar el trabajo del funcionario, sobre todo cuando Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el organismo público de derechos humanos más caro del mundo, y no hay criterios ni principios para evaluar sus resultados.
"La CNDH no opera con los mecanismos de rendición de cuentas formales.
"Este año, por concepto de estímulos y bonos, se tiene pensado ejercer 105.5 millones de pesos. Si volvemos a la afirmación original que hizo el presidente de la Comisión en relación con el millón de dólares que en teoría quería operar discrecionalmente la OACNUDH, multiplicado por 10, es lo que opera la CNDH discrecionalmente, solamente para bonos y estímulos a su personal", aseguró.
Los activistas manifestaron en rueda de prensa que en México impera un clima de regresión en el tema de los derechos humanos, al que contribuye la CNDH.
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todos y Todas", expresó que la remoción de Incalcaterra es parte de ese proceso, que se suma a otras regresiones en el campo de los derechos humanos, tales como la presencia militar extensiva en el País, el repunte de las desapariciones forzadas y las agresiones contra defensores de los derechos humanos.
Al evento asistieron también Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Clara Jusidman, presidenta de Incide Social; Gerardo Sauri, director de la Red por los Derechos de la Infancia; Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y Diego Lorente, director de Sin Fronteras.
Silvia Garduño, Reforma, 2 de junio.
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