Human Rights Watch (HRW) exhortó al Presidente Felipe Calderón a modificar las disposiciones de arraigo y prisión preventiva aprobadas en las reformas al sistema de justicia.
Lo anterior, con el fin de adoptar medidas que impidan violaciones graves a los derechos humanos.
En una carta al Mandatario, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de HRW, consideró inquietante que se permita a los agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener hasta por 80 días a personas sospechosas de haber participado en actividades de delincuencia organizada.
"El plazo propuesto de 80 días para el arraigo en estos casos sería, claramente, más largo que los plazos existentes en las demás democracias occidentales. En otros países, por lo general, el plazo máximo de cualquier forma de detención previa a la acusación es inferior a siete días", apuntó Vivanco en la misiva, a la que REFORMA tuvo acceso.
Agregó que la detención ordenada, sin que medie acusación y por un periodo "tan extenso", vulnera los derechos a la libertad y seguridad de las personas, así como las garantías contra la detención arbitraria.
En otra carta enviada el pasado 6 de marzo, HRW ya había externado al Gobierno federal su preocupación por el arraigo y la prisión preventiva.
A lo cual se le respondió que dichas medidas se regulan en un "régimen de excepción" a la garantía de la libertad.
"Con el fin de dotar al Estado de elementos suficientes para combatir la criminalidad y los espacios de impunidad que son aprovechados por la delincuencia organizada.
"Estos límites a la libertad personal pretenden salvaguardar otros derechos fundamentales como la vida, la seguridad de las víctimas y de la sociedad, así como asegurar una debida impartición de justicia", explicó el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles.
Esa respuesta, según HRW, no aborda sus inquietudes fundamentales sobre la propuesta de reforma constitucional.
"La excepcionalidad de tales medidas no las torna compatibles con los estándares internacionales", indicó Vivanco en la segunda carta.
El régimen de excepción, argumentó, deniega a los jueces la facultad de decidir, en casos vinculados con una lista preestablecida de delitos, si el acusado debe permanecer detenido o ser puesto en libertad provisional.
Vivanco reconoció que el paquete de reformas incluye medidas que podrían fortalecer el sistema de justicia, pero insistió en que se deben evitar abusos.
El pasado 28 de mayo Santiago Creel, presidente de la Comisión Permanente, declaró constitucional la reforma, luego de recibir el aval de 19 de los 31 congresos locales, por lo que sólo falta que se publique en el Diario Oficial para su entrada en vigor.
La ley dice textual...
Reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal.
Artículo 16
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días...
Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Artículo 18
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Lo anterior, con el fin de adoptar medidas que impidan violaciones graves a los derechos humanos.
En una carta al Mandatario, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de HRW, consideró inquietante que se permita a los agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener hasta por 80 días a personas sospechosas de haber participado en actividades de delincuencia organizada.
"El plazo propuesto de 80 días para el arraigo en estos casos sería, claramente, más largo que los plazos existentes en las demás democracias occidentales. En otros países, por lo general, el plazo máximo de cualquier forma de detención previa a la acusación es inferior a siete días", apuntó Vivanco en la misiva, a la que REFORMA tuvo acceso.
Agregó que la detención ordenada, sin que medie acusación y por un periodo "tan extenso", vulnera los derechos a la libertad y seguridad de las personas, así como las garantías contra la detención arbitraria.
En otra carta enviada el pasado 6 de marzo, HRW ya había externado al Gobierno federal su preocupación por el arraigo y la prisión preventiva.
A lo cual se le respondió que dichas medidas se regulan en un "régimen de excepción" a la garantía de la libertad.
"Con el fin de dotar al Estado de elementos suficientes para combatir la criminalidad y los espacios de impunidad que son aprovechados por la delincuencia organizada.
"Estos límites a la libertad personal pretenden salvaguardar otros derechos fundamentales como la vida, la seguridad de las víctimas y de la sociedad, así como asegurar una debida impartición de justicia", explicó el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles.
Esa respuesta, según HRW, no aborda sus inquietudes fundamentales sobre la propuesta de reforma constitucional.
"La excepcionalidad de tales medidas no las torna compatibles con los estándares internacionales", indicó Vivanco en la segunda carta.
El régimen de excepción, argumentó, deniega a los jueces la facultad de decidir, en casos vinculados con una lista preestablecida de delitos, si el acusado debe permanecer detenido o ser puesto en libertad provisional.
Vivanco reconoció que el paquete de reformas incluye medidas que podrían fortalecer el sistema de justicia, pero insistió en que se deben evitar abusos.
El pasado 28 de mayo Santiago Creel, presidente de la Comisión Permanente, declaró constitucional la reforma, luego de recibir el aval de 19 de los 31 congresos locales, por lo que sólo falta que se publique en el Diario Oficial para su entrada en vigor.
La ley dice textual...
Reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal.
Artículo 16
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días...
Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Artículo 18
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Silvia Garduño, Reforma, 3 de junio.
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