Venezuela fijó las condiciones para llevar a cabo el proceso de nacionalización de la industria cementera y concedió 60 días para que las empresas extranjeras con unidades en el país decidan si van a ser accionistas bajo el nuevo esquema, en el que el Estado tendrá mayoría accionaria.
En un decreto difundido el 19 de junio por el gobierno de ese país, se ordena la transformación de Cemex Venezuela, la unidad local de la suiza Holcim y de Fábrica Nacional de Cementos, de la francesa Lafarge, en empresas estatales que tendrán una participación del gobierno no menor a 60 por ciento del capital social y la medida también afecta a sus filiales y afiliadas.
La nacionalización de las cementeras es parte de un agresivo plan que el gobierno del presidente izquierdista Hugo Chávez emprendió desde el año pasado, argumentando que el Estado debe ser el dueño de los sectores estratégicos de la economía del país.
La norma establece, además, que en los próximos siete días se conformará una comisión de transición que se incorporará a las actuales juntas directivas de cada empresa, para garantizar una transferencia ordenada y segura de la operación.
“Este proceso de transferencia debe culminar el 31 de diciembre de 2008”, según el decreto.
También precisa que a los accionistas se les dará 60 días, a partir de la publicación del decreto, “para acordar los términos y condiciones de la posible participación accionaria en las nuevas empresas del Estado”.
De acuerdo con lo estipulado en el decreto se creará una comisión técnica para acordar el precio justo de la operación y se establece que, de no lograrse acuerdos, el gobierno decretará la expropiación de las acciones.
Las empresas han expresado en diversas ocasiones que esperaban conocer las condiciones de la nacionalización y advirtieron que defenderían los intereses que tienen en ese país, aunque descartaron rechazar la oferta del gobierno venezolano.
Cemex es la empresa mexicana que se verá afectada con la medida del gobierno venezolano; sin embargo, de acuerdo con analistas no se afectará más allá de 3 por ciento de las ventas de la empresa.
En un decreto difundido el 19 de junio por el gobierno de ese país, se ordena la transformación de Cemex Venezuela, la unidad local de la suiza Holcim y de Fábrica Nacional de Cementos, de la francesa Lafarge, en empresas estatales que tendrán una participación del gobierno no menor a 60 por ciento del capital social y la medida también afecta a sus filiales y afiliadas.
La nacionalización de las cementeras es parte de un agresivo plan que el gobierno del presidente izquierdista Hugo Chávez emprendió desde el año pasado, argumentando que el Estado debe ser el dueño de los sectores estratégicos de la economía del país.
La norma establece, además, que en los próximos siete días se conformará una comisión de transición que se incorporará a las actuales juntas directivas de cada empresa, para garantizar una transferencia ordenada y segura de la operación.
“Este proceso de transferencia debe culminar el 31 de diciembre de 2008”, según el decreto.
También precisa que a los accionistas se les dará 60 días, a partir de la publicación del decreto, “para acordar los términos y condiciones de la posible participación accionaria en las nuevas empresas del Estado”.
De acuerdo con lo estipulado en el decreto se creará una comisión técnica para acordar el precio justo de la operación y se establece que, de no lograrse acuerdos, el gobierno decretará la expropiación de las acciones.
Las empresas han expresado en diversas ocasiones que esperaban conocer las condiciones de la nacionalización y advirtieron que defenderían los intereses que tienen en ese país, aunque descartaron rechazar la oferta del gobierno venezolano.
Cemex es la empresa mexicana que se verá afectada con la medida del gobierno venezolano; sin embargo, de acuerdo con analistas no se afectará más allá de 3 por ciento de las ventas de la empresa.
Reuters en Venezuela, Milenio, 20 de junio.
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