Bogotá, 5 de junio. La justicia colombiana declaró culpable a la ex congresista conservadora Yidis Medina del delito de cohecho por haber recibido dádivas a cambio de votar favorablemente una reforma a la Constitución que permitió la relección del presidente Álvaro Uribe para el periodo 2006-2010.
El senador opositor Luis Carlos Avellaneda negó que su partido Polo Democrático Alternativo haya preparado un complot contra Uribe sobre la acusación que le hizo Medina, quien señaló directamente al mandatario de haber respaldado los ofrecimientos que otros políticos de su entorno le hicieron y luego no cumplieron.
La Corte Suprema de Justicia halló culpable a Medina “toda vez que ostentando un cargo de elección popular decidió traicionar la confianza e interés colectivo a cambio de dádivas, mezquindades envilecedoras de los halagos y las promesas burocráticas”.
De acuerdo con la implicada, recluida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá tras haber aceptado los cargos a principios de mayo, funcionarios del gobierno le ofrecieron prebendas a cambio de su voto en una comisión del Congreso en favor del proyecto de relección presidencial que el círculo de poder impulsaba en 2004.
Se estima que en un plazo de unos 10 días el máximo tribunal emitirá la pena a la que será condenada la ex congresista, que podría ser entre cinco y ocho años de prisión porque se entregó a la justicia y aceptó de entrada los delitos que se le imputaban.
El escándalo estalló a mediados de abril cuando Medina autorizó a un canal de noticias difundir una entrevista grabada en 2004, en vista de que no le dieron los cargos públicos ofrecidos, caso en que además resultó implicado el también ex congresista oficialista Teodolindo Avendaño, ya en prisión.
En la entrevista acusó a varios funcionarios, entre ellos el embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, entonces titular del Interior y Justicia; al ministro de Protección Social, Diego Palacios, y al secretario privado de la Presidencia, Alberto Velázquez, a quienes el presidente ha defendido.
La enmienda constitucional de 2004, que permitió la relección de Uribe, fue aprobada por una diferencia de un voto gracias a que Medina cambió de opinión, pues se oponía a la aprobación de la norma.
A su vez, Avendaño se ausentó el día de la votación tras haber recibido dinero del gobierno.
En ese contexto, el senador de izquierda Luis Carlos Avellaneda ratificó una denuncia por el delito de cohecho contra el jefe de Estado en la Comisión de Acusación de la Cámara, que citó al abogado defensor de Uribe y al demandante.
“Hemos tenido un altercado muy fuerte con el defensor del presidente porque quiso indicar que había complot de parte nuestra con organizaciones al margen de la ley para sindicar al jefe de Estado. Lo he desafiado a que me denuncie penalmente si cree que hay ese complot o esa asociación para incriminar falsamente al mandatario”, aseveró el legislador.
En medio de este proceso, en que el propio presidente dice no descartar que la oposición esté detrás de un supuesto complot contra él y sus funcionarios, la Corte Suprema adelanta desde 2006 indagaciones sobre los nexos del paramilitarismo de extrema derecha con los políticos, que tiene en la cárcel a 66 legisladores, principalmente de la coalición gobernante.
En tanto, Francia afirmó estar “dispuesto a hacer todo” para lograr la liberación de los rehenes en Colombia acorde con una “solución humanitaria”, luego de que Uribe reiteró la víspera su llamado a los guerrilleros a que deserten y entreguen a los cautivos a cambio de dejarlos en “libertad condicional” y enviarlos al extranjero, posiblemente a Francia.
De último momento, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Andrés Izarra, negó hoy en Caracas una versión de prensa según la cual uno de los jefes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez, está en esa capital, y rechazó que un corresponsal colombiano que buscaba información fuera detenido por agentes militares.
Izarra dijo que la versión publicada en el diario El Universal forma parte de una “operación sicológica” promovida por los que calificó de “chacales de la información”, que “repiten mentiras para desacreditar al gobierno” del presidente Hugo Chávez. “Es una gran manipulación”, agregó.
El senador opositor Luis Carlos Avellaneda negó que su partido Polo Democrático Alternativo haya preparado un complot contra Uribe sobre la acusación que le hizo Medina, quien señaló directamente al mandatario de haber respaldado los ofrecimientos que otros políticos de su entorno le hicieron y luego no cumplieron.
La Corte Suprema de Justicia halló culpable a Medina “toda vez que ostentando un cargo de elección popular decidió traicionar la confianza e interés colectivo a cambio de dádivas, mezquindades envilecedoras de los halagos y las promesas burocráticas”.
De acuerdo con la implicada, recluida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá tras haber aceptado los cargos a principios de mayo, funcionarios del gobierno le ofrecieron prebendas a cambio de su voto en una comisión del Congreso en favor del proyecto de relección presidencial que el círculo de poder impulsaba en 2004.
Se estima que en un plazo de unos 10 días el máximo tribunal emitirá la pena a la que será condenada la ex congresista, que podría ser entre cinco y ocho años de prisión porque se entregó a la justicia y aceptó de entrada los delitos que se le imputaban.
El escándalo estalló a mediados de abril cuando Medina autorizó a un canal de noticias difundir una entrevista grabada en 2004, en vista de que no le dieron los cargos públicos ofrecidos, caso en que además resultó implicado el también ex congresista oficialista Teodolindo Avendaño, ya en prisión.
En la entrevista acusó a varios funcionarios, entre ellos el embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, entonces titular del Interior y Justicia; al ministro de Protección Social, Diego Palacios, y al secretario privado de la Presidencia, Alberto Velázquez, a quienes el presidente ha defendido.
La enmienda constitucional de 2004, que permitió la relección de Uribe, fue aprobada por una diferencia de un voto gracias a que Medina cambió de opinión, pues se oponía a la aprobación de la norma.
A su vez, Avendaño se ausentó el día de la votación tras haber recibido dinero del gobierno.
En ese contexto, el senador de izquierda Luis Carlos Avellaneda ratificó una denuncia por el delito de cohecho contra el jefe de Estado en la Comisión de Acusación de la Cámara, que citó al abogado defensor de Uribe y al demandante.
“Hemos tenido un altercado muy fuerte con el defensor del presidente porque quiso indicar que había complot de parte nuestra con organizaciones al margen de la ley para sindicar al jefe de Estado. Lo he desafiado a que me denuncie penalmente si cree que hay ese complot o esa asociación para incriminar falsamente al mandatario”, aseveró el legislador.
En medio de este proceso, en que el propio presidente dice no descartar que la oposición esté detrás de un supuesto complot contra él y sus funcionarios, la Corte Suprema adelanta desde 2006 indagaciones sobre los nexos del paramilitarismo de extrema derecha con los políticos, que tiene en la cárcel a 66 legisladores, principalmente de la coalición gobernante.
En tanto, Francia afirmó estar “dispuesto a hacer todo” para lograr la liberación de los rehenes en Colombia acorde con una “solución humanitaria”, luego de que Uribe reiteró la víspera su llamado a los guerrilleros a que deserten y entreguen a los cautivos a cambio de dejarlos en “libertad condicional” y enviarlos al extranjero, posiblemente a Francia.
De último momento, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Andrés Izarra, negó hoy en Caracas una versión de prensa según la cual uno de los jefes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez, está en esa capital, y rechazó que un corresponsal colombiano que buscaba información fuera detenido por agentes militares.
Izarra dijo que la versión publicada en el diario El Universal forma parte de una “operación sicológica” promovida por los que calificó de “chacales de la información”, que “repiten mentiras para desacreditar al gobierno” del presidente Hugo Chávez. “Es una gran manipulación”, agregó.
AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 6 de junio.
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