La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió ayer al gobierno federal a reforzar la protección a los derechos de los migrantes mexicanos ante los abusos que padecen durante su deportación, como consecuencia del operativo estadounidense Tolerancia Cero.
En Arizona, California, Nuevo México y Texas, destacó en un comunicado, los indocumentados son tratados como criminales, ya que son llevados desde los centros de detención hasta las cortes federales, donde en menos de una hora son enjuiciados en sesiones colectivas.
Sostuvo que en Tucson, Arizona, los migrantes son esposados de manos y pies durante los juicios, y aleccionados por defensores de oficio para declararse culpables, ya que así la deportación es más fácil.
"En caso de reincidencia, se les decreta prisión de 30 a 60 días, aunque algunas pueden llegar a los 180 días de cárcel", señaló.
Los observadores de la CNDH, advirtió, han presenciado cómo sentencias dictadas a indocumentados pueden ser giradas "a discreción" por cada juzgador.
Refirió que de acuerdo con testimonios de detenidos en las cortes federales, éstos padecen además acoso y maltrato.
"A pesar de la rapidez del juicio, las cortes federales están teniendo rezagos respecto del número de detenidos y de personas seleccionadas para ser juzgadas, e incluso se afirma que el primer alimento que se les ofrece suele ser después de 16 horas, a partir de su arresto", indicó.
Con frecuencia, precisó, los connacionales son sometidos a juicios civiles o penales en los que se advierten tratos indignos y diferenciados.
"En ocasiones, personas que enfrentan procesos firmes por cargos criminales tienen más derechos y oportunidades de defensa jurídica que los indocumentados", denunció.
De acuerdo con la CNDH, las prácticas de esa índole se manifiestan en 95 por ciento de los procesados, cuya vestimenta revela su extrema pobreza, tiene rasgos acentuadamente indígenas y muchos de ellos no hablan español o lo hablan muy poco.
Ante ello, el organismo -encabezado por José Luis Soberanes- dio a conocer que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe pormenorizado de las acciones en la materia emprendidas por el gobierno mexicano.
"La CNDH considera que deben establecerse principios de actuación y acciones específicas de protección y orientación jurídica, con el fin de que, mediante los mecanismos legales, diplomáticos y consulares en vigor y a su alcance, se cuide el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos, con frecuencia sometidos a juicios de carácter civil o penal en los que se advierten tratos considerados indignos y diferenciados en su contra", destacó.
Antes de la Operación Streamline, como se conoce a este programa que comenzó en 2005, a la mayoría de los mexicanos que eran atrapados cruzando la frontera ilegalmente se les deportaba a México sin cargos criminales.
En Arizona, California, Nuevo México y Texas, destacó en un comunicado, los indocumentados son tratados como criminales, ya que son llevados desde los centros de detención hasta las cortes federales, donde en menos de una hora son enjuiciados en sesiones colectivas.
Sostuvo que en Tucson, Arizona, los migrantes son esposados de manos y pies durante los juicios, y aleccionados por defensores de oficio para declararse culpables, ya que así la deportación es más fácil.
"En caso de reincidencia, se les decreta prisión de 30 a 60 días, aunque algunas pueden llegar a los 180 días de cárcel", señaló.
Los observadores de la CNDH, advirtió, han presenciado cómo sentencias dictadas a indocumentados pueden ser giradas "a discreción" por cada juzgador.
Refirió que de acuerdo con testimonios de detenidos en las cortes federales, éstos padecen además acoso y maltrato.
"A pesar de la rapidez del juicio, las cortes federales están teniendo rezagos respecto del número de detenidos y de personas seleccionadas para ser juzgadas, e incluso se afirma que el primer alimento que se les ofrece suele ser después de 16 horas, a partir de su arresto", indicó.
Con frecuencia, precisó, los connacionales son sometidos a juicios civiles o penales en los que se advierten tratos indignos y diferenciados.
"En ocasiones, personas que enfrentan procesos firmes por cargos criminales tienen más derechos y oportunidades de defensa jurídica que los indocumentados", denunció.
De acuerdo con la CNDH, las prácticas de esa índole se manifiestan en 95 por ciento de los procesados, cuya vestimenta revela su extrema pobreza, tiene rasgos acentuadamente indígenas y muchos de ellos no hablan español o lo hablan muy poco.
Ante ello, el organismo -encabezado por José Luis Soberanes- dio a conocer que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe pormenorizado de las acciones en la materia emprendidas por el gobierno mexicano.
"La CNDH considera que deben establecerse principios de actuación y acciones específicas de protección y orientación jurídica, con el fin de que, mediante los mecanismos legales, diplomáticos y consulares en vigor y a su alcance, se cuide el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos, con frecuencia sometidos a juicios de carácter civil o penal en los que se advierten tratos considerados indignos y diferenciados en su contra", destacó.
Antes de la Operación Streamline, como se conoce a este programa que comenzó en 2005, a la mayoría de los mexicanos que eran atrapados cruzando la frontera ilegalmente se les deportaba a México sin cargos criminales.
Reforma, 9 de junio.
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