Organismos defensores de los derechos de los migrantes en la frontera sur del país acusaron ayer que el Instituto Nacional de Migración (INM) y otras autoridades alienten la no investigación de los casos de extranjeros indocumentados que han sido víctimas de un delito.
Heyman Vázquez, director de la Casa del Migrante en Arriaga, Chiapas, señaló que es común encontrar casos de migrantes que cuando denuncian un delito en el que están implicadas autoridades, son deportarlos lo más rápido posible, con tal de no iniciar proceso judicial alguno.
Lo anterior implica que si el migrante que fue víctima de un delito es hondureño, salvadoreño o nicaragüense, las autoridades lo hacen pasar por guatemalteco, con el objeto de que pueda ser deportado el mismo día.
El activista narró el caso de la salvadoreña Roxana González, detenida junto con su marido por elementos de la Agencia Federal de Investigación -que iban armados y vestidos de civil- sobre las vías del tren.
Los salvadoreños fueron subidos a una camioneta sin placas, fueron trasladados a la oficina de la PGR en Arriaga, sin que se les pidieran declaraciones; los mantuvieron incomunicados y sin alimento, y finalmente los deportaron como nacionales guatemaltecos.
"A la pareja la llevaron a la estación migratoria cambiándoles la nacionalidad de Guatemala para que rápido llegaran a la frontera y así no se pudiera investigar; pero 2 días después esta pareja regresa nuevamente al albergue y presentamos con ellos la denuncia", refirió.
Entrevistada en el Seminario Internacional "Por el Respeto a los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en las Américas, Fermina Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, Chiapas, coincidió en que existe complicidad de las autoridades por no investigar los casos de extranjeros indocumentados víctimas de un delito.
Desde el año pasado, el INM otorga una circular de "testigo protegido" a aquellos migrantes víctimas o testigos de un delito en el País. Aunque Rodríguez reconoció que el mecanismo ha sido útil en muchos casos, aún existen dificultades para implementarlos, entre ellas, el desconocimiento del extranjero para acceder a este derecho y la falta de sensibilidad en los ministerios públicos.
Heyman Vázquez, director de la Casa del Migrante en Arriaga, Chiapas, señaló que es común encontrar casos de migrantes que cuando denuncian un delito en el que están implicadas autoridades, son deportarlos lo más rápido posible, con tal de no iniciar proceso judicial alguno.
Lo anterior implica que si el migrante que fue víctima de un delito es hondureño, salvadoreño o nicaragüense, las autoridades lo hacen pasar por guatemalteco, con el objeto de que pueda ser deportado el mismo día.
El activista narró el caso de la salvadoreña Roxana González, detenida junto con su marido por elementos de la Agencia Federal de Investigación -que iban armados y vestidos de civil- sobre las vías del tren.
Los salvadoreños fueron subidos a una camioneta sin placas, fueron trasladados a la oficina de la PGR en Arriaga, sin que se les pidieran declaraciones; los mantuvieron incomunicados y sin alimento, y finalmente los deportaron como nacionales guatemaltecos.
"A la pareja la llevaron a la estación migratoria cambiándoles la nacionalidad de Guatemala para que rápido llegaran a la frontera y así no se pudiera investigar; pero 2 días después esta pareja regresa nuevamente al albergue y presentamos con ellos la denuncia", refirió.
Entrevistada en el Seminario Internacional "Por el Respeto a los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en las Américas, Fermina Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, Chiapas, coincidió en que existe complicidad de las autoridades por no investigar los casos de extranjeros indocumentados víctimas de un delito.
Desde el año pasado, el INM otorga una circular de "testigo protegido" a aquellos migrantes víctimas o testigos de un delito en el País. Aunque Rodríguez reconoció que el mecanismo ha sido útil en muchos casos, aún existen dificultades para implementarlos, entre ellas, el desconocimiento del extranjero para acceder a este derecho y la falta de sensibilidad en los ministerios públicos.
Silvia Garduño, Reforma, 17 de junio.
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