Demandan revisión de política migratoria

Las legislaciones migratorias de los países de América contradicen de manera flagrante las obligaciones que los Estados han asumido en materia de protección de las garantías individuales, concluyeron los participantes del Seminario Internacional por los Derechos Humanos de los Migrantes en las Américas.

Las organizaciones participantes cuestionaron que en el continente americano los Estados se hayan basado en el principio de seguridad nacional para diseñar sus legislaciones migratorias, lo que se ha traducido acciones de control fronterizo que violan los derechos humanos de los migrantes.

Además, criticaron que los centros de detención, como las estaciones migratorias que operan en México, afectan el derecho a la libertad y son espacios donde ocurren abusos y maltratos hacia hombres, mujeres y niños.

"La conclusión esencial es que la migración es un fenómeno que no se puede detener y por lo tanto hay que invitar a las autoridades responsables a adoptar políticas coherentes", indicó Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

Karina Arias, representante de Sin Fronteras, aseguró que en México, a pesar de que en la ley se habla de "aseguramiento de migrantes", en realidad se registra un proceso de detención.

"Las estaciones migratorias son cárceles, los migrantes no pueden salir, son encerrados con candados en las noches, tienen horarios establecidos, hay una privación de la libertad de facto", apuntó.

"Hablando del debido proceso, eso afecta mucho a los migrantes. Al no estar detenidos, sino asegurados, no necesitan un abogado".

Las organizaciones plantearon que los trabajadores migrantes son víctimas con frecuencia de explotación laboral, lo que supone un sistema de esclavitud moderna.

"Se puede hablar de la necesidad de reforzar la inspección en el trabajo en México para hacer que se cumpla con los compromisos adquiridos con la ratificación de los convenios internacionales" señaló en entrevista Patrick Taran, especialista en migraciones de la Organización Internacional del Trabajo.

En el seminario participaron miembros de la FIDH y organizaciones mexicanas como Sin Fronteras y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Los participantes se pronunciaron por homologar las legislaciones migratorias nacionales con los estándares internacionales; asegurar el debido proceso y el acceso de los migrantes a la justicia e investigar a profundidad, y sancionar cualquier violación a sus derechos humanos.

Por otra parte, repudiaron la decisión del Parlamento Europeo que endurece las medidas antimigrantes al detener hasta por 18 meses a los indocumentados.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, indicó que esa medida implica un grave retroceso en el tema de la migración en el mundo, que tiene repercusiones incluso en México.

Silvia Garduño, Reforma, 19 de junio.


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