A partir del 3 de junio, los debates sobre la reforma energética tocan temas técnicos como las causas de la caída de la producción petrolera, declinación de reservas y yacimientos, enormes cuellos de botella en la refinación que ha provocado volúmenes de importación históricos de gasolinas, el escaso dinamismo de la petroquímica y la necesidad de salir a grandes profundidades en el golfo de México para extraer crudo y gas, en las llamadas aguas profundas.
Son temas críticos, pues giran en torno a la futura participación privada en el sector, de las formas de contratación con terceros de las que dispondrá Petróleos Mexicanos (Pemex) y de dónde provendrán los recursos para reactivar a la industria.
Hasta ahora y entre posturas encontradas, acusaciones de violaciones constitucionales y la defensa de las iniciativas de reforma energética del presidente Felipe Calderón, han transcurrido ya cuatro de los 23 foros planteados para encontrar soluciones a los problemas de Pemex.
Entre las posiciones de juristas, especialistas, partidos y gobernadores hay un común denominador: en Pemex las cosas no andan bien y la empresa necesita cambiar su enfoque operativo, es decir, una nueva forma de buscar, extraer y distribuir hidrocarburos en territorio nacional y en el extranjero.
En esos cuatro foros han salido a relucir los males de la petrolera y su posible solución, desde puntos finos de las iniciativas de reforma que al mismo tiempo son los temas más conflictivos de los debates, pero que se sitúan en tres posturas concretas: abrir a la inversión privada actividades que no están delegadas en exclusividad al Estado; permitir esta apertura con límites y candados; y mantener la exclusividad estatal en toda la cadena productiva, sin ceder ningún espacio a la iniciativa privada.
Uno de los primeros temas fue el de los contratos que Pemex pretende utilizar, de aprobarse las iniciativas del Ejecutivo, con el inmenso universo de proveedores y contratistas que tiene y que supera las 5 mil empresas, compañías o consorcios.
La propuesta presidencial plantea que los nuevos esquemas de contratación no suponen compartir producción, pues son esquemas de servicios ampliados donde las empresas recibirían una retribución, con base a resultados, por sus trabajos en efectivo, nunca en especie. Sin embargo, el presidente de la Fundación para la Democracia, Cuauhtémoc Cárdenas y la presidenta del PRI, Beatriz Paredes señalaron que estos contratos son un espejo de los llamados contratos riesgo, donde se comparten con los inversionistas dividendos —incluso en especie como porcentajes de volúmenes de crudo— pero también riesgos en caso de proyectos en donde no se obtenga producción de hidrocarburos.
Son temas críticos, pues giran en torno a la futura participación privada en el sector, de las formas de contratación con terceros de las que dispondrá Petróleos Mexicanos (Pemex) y de dónde provendrán los recursos para reactivar a la industria.
Hasta ahora y entre posturas encontradas, acusaciones de violaciones constitucionales y la defensa de las iniciativas de reforma energética del presidente Felipe Calderón, han transcurrido ya cuatro de los 23 foros planteados para encontrar soluciones a los problemas de Pemex.
Entre las posiciones de juristas, especialistas, partidos y gobernadores hay un común denominador: en Pemex las cosas no andan bien y la empresa necesita cambiar su enfoque operativo, es decir, una nueva forma de buscar, extraer y distribuir hidrocarburos en territorio nacional y en el extranjero.
En esos cuatro foros han salido a relucir los males de la petrolera y su posible solución, desde puntos finos de las iniciativas de reforma que al mismo tiempo son los temas más conflictivos de los debates, pero que se sitúan en tres posturas concretas: abrir a la inversión privada actividades que no están delegadas en exclusividad al Estado; permitir esta apertura con límites y candados; y mantener la exclusividad estatal en toda la cadena productiva, sin ceder ningún espacio a la iniciativa privada.
Uno de los primeros temas fue el de los contratos que Pemex pretende utilizar, de aprobarse las iniciativas del Ejecutivo, con el inmenso universo de proveedores y contratistas que tiene y que supera las 5 mil empresas, compañías o consorcios.
La propuesta presidencial plantea que los nuevos esquemas de contratación no suponen compartir producción, pues son esquemas de servicios ampliados donde las empresas recibirían una retribución, con base a resultados, por sus trabajos en efectivo, nunca en especie. Sin embargo, el presidente de la Fundación para la Democracia, Cuauhtémoc Cárdenas y la presidenta del PRI, Beatriz Paredes señalaron que estos contratos son un espejo de los llamados contratos riesgo, donde se comparten con los inversionistas dividendos —incluso en especie como porcentajes de volúmenes de crudo— pero también riesgos en caso de proyectos en donde no se obtenga producción de hidrocarburos.
Noé Cruz Serrano, El Universal, 8 de junio.
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