VILLAHERMOSA, Tab.— Un grupo de 45 familias guatemaltecas, refugiadas en suelo mexicano desde el 23 de mayo pasado cuando fueron desalojadas y quemadas sus casas, viven en condiciones infrahumanas, pues utilizan como hogar la sombra de los árboles, denunció el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab).
El Codehutab, organismo no gubernamental, contabilizó a 191 guatemaltecos, entre ellos niños, ancianos, hombres adultos y mujeres, que cruzaron la línea divisoria internacional al huir del Ejército de Guatemala, luego de ser expulsados de la comunidad Nueva Esperanza, en El Petén.
De esas 45 familias, 19 viven del lado guatemalteco mientras que el resto en el lado mexicano, algunas en casas de habitantes del poblado fronterizo Nuevo Progreso, Tenosique, y otros a la intemperie, debajo de los árboles.
La asociación civil demandó otorgar asistencia y protección a los desplazados en el sitio de ubicación, priorizando la integridad física y seguridad, el suministro de alimentos, medicinas y cumplimiento a otras necesidades básicas, atención médica, educación y un albergue.
Al reportar a 41 guatemaltecos enfermos, entre ellos 12 niños, de tres meses hasta 10 años, el Codehutab relató que este grupo no ha sido atendido por nadie, sólo un doctor les proporciona consulta por solidaridad.
Aunque el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) les dijo que podían ir al centro de salud, sin ser molestados, la clínica más cercana se encuentra a unos 45 kilómetros, por un camino de difícil acceso.
Sin servicios médicos, los refugiados presentan enfermedades como síndrome febril, parasitosis, rinofaringitis y dermatitis, a consecuencia de la situación en la que se encuentran.
En resumen, la ONG señala que la situación actual de aquellos que siguieron escondidos por temor a seguir siendo golpeados por el Ejército de Guatemala o deportados por las autoridades mexicanas, “es de total vulnerabilidad: no cuentan con alimentos, ropa. Algunos viven entre los árboles, sin refugio para las lluvias”.
“Por si fuera poco —agrega— a los pobladores mexicanos se les amedrentó de incurrir en delito si brindan apoyo humanitario a los guatemaltecos”.
Durante el desalojo efectuado el 23 de mayo, “no dieron oportunidad a las familias de organizarse y salir, así que vivieron un infierno entre gritos, hombres golpeados, animales de traspatio sacrificados y casas quemadas con todas sus pertenencias”, según testimonios de algunas víctimas del violento desalojo.
Piden intervención del INM
El Comité de Derechos Humanos de Tabasco urgió a las autoridades mexicanas a reforzar la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado para verificar in situ las condiciones de los refugiados y evitar las deportaciones masivas, además de la situación de riesgo manifestada por las personas.
Pidió aclarar la ubicación de las personas remitidas a la Estación Migratoria de Tapachula, si finalmente regresaron a territorio guatemalteco, y en qué condiciones de vida y seguridad se encuentran en la actualidad.
El Codehutab, organismo no gubernamental, contabilizó a 191 guatemaltecos, entre ellos niños, ancianos, hombres adultos y mujeres, que cruzaron la línea divisoria internacional al huir del Ejército de Guatemala, luego de ser expulsados de la comunidad Nueva Esperanza, en El Petén.
De esas 45 familias, 19 viven del lado guatemalteco mientras que el resto en el lado mexicano, algunas en casas de habitantes del poblado fronterizo Nuevo Progreso, Tenosique, y otros a la intemperie, debajo de los árboles.
La asociación civil demandó otorgar asistencia y protección a los desplazados en el sitio de ubicación, priorizando la integridad física y seguridad, el suministro de alimentos, medicinas y cumplimiento a otras necesidades básicas, atención médica, educación y un albergue.
Al reportar a 41 guatemaltecos enfermos, entre ellos 12 niños, de tres meses hasta 10 años, el Codehutab relató que este grupo no ha sido atendido por nadie, sólo un doctor les proporciona consulta por solidaridad.
Aunque el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) les dijo que podían ir al centro de salud, sin ser molestados, la clínica más cercana se encuentra a unos 45 kilómetros, por un camino de difícil acceso.
Sin servicios médicos, los refugiados presentan enfermedades como síndrome febril, parasitosis, rinofaringitis y dermatitis, a consecuencia de la situación en la que se encuentran.
En resumen, la ONG señala que la situación actual de aquellos que siguieron escondidos por temor a seguir siendo golpeados por el Ejército de Guatemala o deportados por las autoridades mexicanas, “es de total vulnerabilidad: no cuentan con alimentos, ropa. Algunos viven entre los árboles, sin refugio para las lluvias”.
“Por si fuera poco —agrega— a los pobladores mexicanos se les amedrentó de incurrir en delito si brindan apoyo humanitario a los guatemaltecos”.
Durante el desalojo efectuado el 23 de mayo, “no dieron oportunidad a las familias de organizarse y salir, así que vivieron un infierno entre gritos, hombres golpeados, animales de traspatio sacrificados y casas quemadas con todas sus pertenencias”, según testimonios de algunas víctimas del violento desalojo.
Piden intervención del INM
El Comité de Derechos Humanos de Tabasco urgió a las autoridades mexicanas a reforzar la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado para verificar in situ las condiciones de los refugiados y evitar las deportaciones masivas, además de la situación de riesgo manifestada por las personas.
Pidió aclarar la ubicación de las personas remitidas a la Estación Migratoria de Tapachula, si finalmente regresaron a territorio guatemalteco, y en qué condiciones de vida y seguridad se encuentran en la actualidad.
Roberto Barboza, La Jornaa, 14 de junio.
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