La consulta ciudadana sobre la reforma energética divide opiniones en el Congreso de la Unión.
Ruth Zavaleta (PRD), presidenta de la Cámara de Diputados, defendió esa opción para escuchar a la ciudadanía, pero el diputado Obdulio Ávila (PAN) aseguró que es inviable, ilegal, además de divisoria, polarizante e infundada.
Ávila dijo que el PAN no le teme a la opinión de la ciudadanía ni a perder, pero la consulta sólo busca fortalecer a Andrés Manuel López Obrador para 2009.
El debate se centró en la validez del artículo 26 Constitucional para realizar una consulta.
Los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por el PRD, Convergencia y PT, consideraron que es posible realizar la consulta sobre el futuro de la industria petrolera, en los términos del artículo 26 y el Ejecutivo tiene la facultad para ello.
Propusieron que la UNAM y organizaciones cívicas elaboren las preguntas y se le pida al IFE la organización; la Cámara Baja aprobaría una partida presupuestal para financiarla.
El acuerdo del FAP fue leído por el diputado Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, y será entregado a las juntas de Coordinación Política de las dos cámaras.
Sin embargo, los coordinadores parlamentarios en el Senado, Santiago Creel (PAN) y Manlio Fabio Beltrones (PRI) coincidieron en que no existe el marco legal para ello.
El artículo 26, afirmaron, sólo aplica para el Plan Nacional de Desarrollo.
Beltrones opinó que se hace una interpretación muy laxa del artículo 26 de la Constitución, al creer que las consultas pueden realizarse para cualquier efecto.
Coincidió con el diputado panista Obdulio Ávila quien dijo que dicho precepto constitucional únicamente se refiere al Plan Nacional de Desarrollo.
Ávila reiteró que una consulta como la que quiere realizar el titular del GDF, Marcelo Ebrard, “es ilegal” porque carece de fundamento jurídico y además atenta contra el espíritu constitucional de democracia representativa.
Ruth Zavaleta reconoció que la consulta no está en la Constitución pero hay que pugnar porque algunas figuras similares que fortalezcan la participación ciudadana sean aprobadas.
El panista Creel consideró que se trata de una táctica dilatoria de la oposición, que lo único que busca es frenar o descarrilar la reforma energética.
En un desplegado, el PRD llamó al gobernador Enrique Peña Nieto a convocar a los mexiquenses a la consulta ciudadana.
Ruth Zavaleta (PRD), presidenta de la Cámara de Diputados, defendió esa opción para escuchar a la ciudadanía, pero el diputado Obdulio Ávila (PAN) aseguró que es inviable, ilegal, además de divisoria, polarizante e infundada.
Ávila dijo que el PAN no le teme a la opinión de la ciudadanía ni a perder, pero la consulta sólo busca fortalecer a Andrés Manuel López Obrador para 2009.
El debate se centró en la validez del artículo 26 Constitucional para realizar una consulta.
Los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por el PRD, Convergencia y PT, consideraron que es posible realizar la consulta sobre el futuro de la industria petrolera, en los términos del artículo 26 y el Ejecutivo tiene la facultad para ello.
Propusieron que la UNAM y organizaciones cívicas elaboren las preguntas y se le pida al IFE la organización; la Cámara Baja aprobaría una partida presupuestal para financiarla.
El acuerdo del FAP fue leído por el diputado Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, y será entregado a las juntas de Coordinación Política de las dos cámaras.
Sin embargo, los coordinadores parlamentarios en el Senado, Santiago Creel (PAN) y Manlio Fabio Beltrones (PRI) coincidieron en que no existe el marco legal para ello.
El artículo 26, afirmaron, sólo aplica para el Plan Nacional de Desarrollo.
Beltrones opinó que se hace una interpretación muy laxa del artículo 26 de la Constitución, al creer que las consultas pueden realizarse para cualquier efecto.
Coincidió con el diputado panista Obdulio Ávila quien dijo que dicho precepto constitucional únicamente se refiere al Plan Nacional de Desarrollo.
Ávila reiteró que una consulta como la que quiere realizar el titular del GDF, Marcelo Ebrard, “es ilegal” porque carece de fundamento jurídico y además atenta contra el espíritu constitucional de democracia representativa.
Ruth Zavaleta reconoció que la consulta no está en la Constitución pero hay que pugnar porque algunas figuras similares que fortalezcan la participación ciudadana sean aprobadas.
El panista Creel consideró que se trata de una táctica dilatoria de la oposición, que lo único que busca es frenar o descarrilar la reforma energética.
En un desplegado, el PRD llamó al gobernador Enrique Peña Nieto a convocar a los mexiquenses a la consulta ciudadana.
Ricardo Gómez y Arturo Zárate, El Universal, 5 de junio
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