WASHINGTON.- Los candados en derechos humanos impuestos por el Senado de Estados Unidos a la Iniciativa Mérida han provocado una división entre varios demócratas en la Cámara de Representantes.
Miembros demócratas de la Cámara Baja buscan suavizar los seis candados en derechos humanos en la versión de la Iniciativa elaborada por el Senado e impulsada por su correligionario el senador Patrick Leahy.
"La Administración (de Presidente George W. Bush) tiene algunas preocupaciones y he platicado con varias personas del lado demócrata que comparten tales preocupaciones", dijo Steny Hoyer, el número dos de la jerarquía demócrata en la Cámara de Representantes, al cuestionarle sobre los candados.
Los candados aprobados por el Senado condicionarían la entrega del 25 por ciento de los 350 millones de dólares contemplados para México hasta que realice cambios legales internos, lo que ha provocado el rechazo en ambas naciones.
"Aparentemente varios de nuestros miembros están preocupados porque el lenguaje del Senado involucraría, en algunos temas, problemas con la Constitución de México", agregó Hoyer, al reconocer que hay una discusión en la bancada demócrata Previo a la aprobación en el Senado, la Cámara de Representantes había aprobado una versión de la Iniciativa por 400 millones de dólares para México, pero no había candados tan rígidos como en el Senado.
"El problema está en el lenguaje que adoptó el Senado. No estaré contento hasta que el lenguaje que aprobamos en la Cámara prevalezca", dijo un asesor demócrata en el Comité de Relaciones Internacionales involucrado en la negociación actual.
Anexada a la Ley de Gastos Suplementarios para Iraq, y a sus tiempos legislativos, el plan antinarcóticos para México tendría aún que ser revisado en la Cámara Baja nuevamente, antes de ser enviado una vez más al Senado.
"Estamos en medio de una negociación. Estamos buscando modificar el lenguaje para encontrar un compromiso en el que las dos partes podamos acordar", admitió una fuente demócrata del Senado.
Entre los candados establecidos estarían que México transfiera a la justicia civil a los militares acusados de violar derechos humanos, garantizar no usar la tortura, crear un grupo civil para vigilar la lucha antinarco, entre otras.
Miembros demócratas de la Cámara Baja buscan suavizar los seis candados en derechos humanos en la versión de la Iniciativa elaborada por el Senado e impulsada por su correligionario el senador Patrick Leahy.
"La Administración (de Presidente George W. Bush) tiene algunas preocupaciones y he platicado con varias personas del lado demócrata que comparten tales preocupaciones", dijo Steny Hoyer, el número dos de la jerarquía demócrata en la Cámara de Representantes, al cuestionarle sobre los candados.
Los candados aprobados por el Senado condicionarían la entrega del 25 por ciento de los 350 millones de dólares contemplados para México hasta que realice cambios legales internos, lo que ha provocado el rechazo en ambas naciones.
"Aparentemente varios de nuestros miembros están preocupados porque el lenguaje del Senado involucraría, en algunos temas, problemas con la Constitución de México", agregó Hoyer, al reconocer que hay una discusión en la bancada demócrata Previo a la aprobación en el Senado, la Cámara de Representantes había aprobado una versión de la Iniciativa por 400 millones de dólares para México, pero no había candados tan rígidos como en el Senado.
"El problema está en el lenguaje que adoptó el Senado. No estaré contento hasta que el lenguaje que aprobamos en la Cámara prevalezca", dijo un asesor demócrata en el Comité de Relaciones Internacionales involucrado en la negociación actual.
Anexada a la Ley de Gastos Suplementarios para Iraq, y a sus tiempos legislativos, el plan antinarcóticos para México tendría aún que ser revisado en la Cámara Baja nuevamente, antes de ser enviado una vez más al Senado.
"Estamos en medio de una negociación. Estamos buscando modificar el lenguaje para encontrar un compromiso en el que las dos partes podamos acordar", admitió una fuente demócrata del Senado.
Entre los candados establecidos estarían que México transfiera a la justicia civil a los militares acusados de violar derechos humanos, garantizar no usar la tortura, crear un grupo civil para vigilar la lucha antinarco, entre otras.
José Díaz Briseño, corresponsal, Reforma, 6 de junio.
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