El Parlamento Europeo aprobó encarcelar 18 meses a indocumentados, mientras los deportan

La Unión Europea (UE) aprobó ayer su ley más dura contra la inmigración ilegal al extremo que llega a criminalizar la inmigración ilegal hasta con 18 meses de arresto, tiempo suficiente para que las autoridades tramiten los papeles para su repatriación.
El polémico proyecto de retorno de “sin papeles” fue aprobado sin ninguna enmienda para suavizarla por el Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, gracias al respaldo de los eurodiputados derechistas y algunos socialistas, como la mayoría de los españoles.
Así, la norma comunitaria, que ya tiene el visto bueno de los 27 gobiernos de la UE, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, por lo que podría ser una realidad en 2010.
Cinco años sin regresar. La directiva, que dota a la UE de un marco común para gestionar la expulsión de los “sin papeles”, establece un período de siete a treinta días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria.
Además, fija el periodo máximo de retención en 6 meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario.
Tras la votación, se escucharon en la Eurocámara palabras como “aberración”, “vergüenza” o “inaceptable” en boca de eurodiputados críticos, como el español Willy Meyer, quien llamó a la movilización ciudadana contra una medida que también endurece el trato a menores sin familia, que podrán ser deportados a “terceros países con los que no tienen ninguna relación”.
“Una vergüenza” para AL. Gobiernos y organizaciones latinoamericanas condenaron con dureza una ley que viola, dicen, la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.
“Es una vergüenza lo que ha hecho Europa”, denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, país con una fuerte inmigración, principalmente a España.
“¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?”, se preguntó el mandatario.
Bolivia amenaza con exigir visados a los europeos que quieran entrar en el país andino.
El Senado de Uruguay llevará el tema a la ONU e invitó a los Parlamentos y gobiernos latinoamericanos a “tomar medidas”.
Brasil, Paraguay y Argentina también se sumaron a la condena y recordaron, como hizo el gobierno de Cristina Fernández, que emigrar “no es un delito” y perseguirlo es una violación de los derechos humanos fundamentales”.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un “escándalo” y una “verdadera declaración de guerra” contra los inmigrantes.
La Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui tildó la directiva del retorno de “xenofóbica, ilegítima y criminal”.
“La Europa de las luces se ha convertido en una Europa de las tinieblas”, señaló un comunicado de la Asociación.

Efe en Estrasburgo, Crónica, 19 de junio.