El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer la llamada Directiva Retorno, que regula la detención y expulsión de inmigrantes ilegales en la Unión Europea (UE), sin la serie de enmiendas propuestas por los partidos de centro e izquierda.
Con 369 votos en favor, 197 en contra y 106 abstenciones, la norma fue aceptada y su objetivo es armonizar los procedimientos que sigue cada uno de los países miembros de la UE en la repatriación de inmigrantes irregulares, los cuales difieren mucho.
“Hemos logrado el mejor acuerdo posible, dadas las diferencias” entre los países del bloque, comentó el líder de los liberales demócratas en la Cámara, Graham Watson.
La polémica norma permitirá la detención en centros especiales hasta por seis meses, ampliables a un año y medio, de los inmigrantes ilegales que se nieguen a dejar el territorio europeo voluntariamente en un plazo de 30 días. Tras la deportación, a esos inmigrantes se les prohibirá entrar a cualquier país del bloque comunitario durante los siguientes cinco años.
También con la directiva, se detendrá y repatriará a menores de edad sin compañía, con la condición de que la nación que los expulse tenga garantías de que algún familiar o institución se hará cargo de los menores en su país de origen.
El Partido Socialista, segunda mayor formación en el PE, pedía una serie de enmiendas al texto que, entre otras cosas, reducirían el periodo de reclusión a tres meses, ampliables a 12, y más salvaguardas para los menores de edad.
En una negociación previa, la Eurocámara logró que los países miembros se comprometan a proporcionar asistencia jurídica gratuita a los ilegales sin condiciones financieras.
Instituciones de defensa de los derechos humanos, como el Consejo de Europa y Amnistía Internacional, critican las reglas de la Directiva Retorno y las acusan de violar una serie de derechos de los inmigrantes, cuyo número asciende a 8 millones de personas.
Tras la aprobación del parlamento, la directiva ahora será publicada en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor en 2010.
El endurecimiento de las medidas contra los indocumentados va acompañado del cambio general de la opinión pública y oficial contra ese sector al que, por ejemplo, Italia culpa del aumento de la delincuencia violenta.
Además, a ese sentimiento de inseguridad pública en algunos países se suma la crisis económica cada vez más grave, que presiona a muchos gobiernos del bloque a adoptar medidas draconianas para proteger los intereses de sus trabajadores.
Algunos países latinoamericanos criticaron la medida por temor a que generen una ola de repatriaciones; ese temor se debe en parte a que sus economías dependen enormemente de las remesas giradas por sus ciudadanos que trabajan en Europa, lo que en algunos de ellos suma una importante fuente de divisas. Empero, los funcionarios de la UE insistieron que la reforma de por sí no ocasionará más deportaciones.
Hasta ahora, no había una política común de la UE para expulsar a los inmigrantes indocumentados, y los plazos de detención varían desde 32 días en Francia, a la custodia indefinida en Gran Bretaña.
Reacciones
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la iniciativa europea. “Realmente es una vergüenza lo que ha hecho Europa”, manifestó.
“Brasil, país que recibió a millones de inmigrantes y descendientes, hoy armoniosamente integrados (…) lamenta la decisión”, apuntó la cancillería brasileña.
En Buenos Aires, el gobierno argentino afirmó que “lamenta los términos de la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento de la Unión Europea”. Para Argentina, “emigrar no es un delito”.
Con 369 votos en favor, 197 en contra y 106 abstenciones, la norma fue aceptada y su objetivo es armonizar los procedimientos que sigue cada uno de los países miembros de la UE en la repatriación de inmigrantes irregulares, los cuales difieren mucho.
“Hemos logrado el mejor acuerdo posible, dadas las diferencias” entre los países del bloque, comentó el líder de los liberales demócratas en la Cámara, Graham Watson.
La polémica norma permitirá la detención en centros especiales hasta por seis meses, ampliables a un año y medio, de los inmigrantes ilegales que se nieguen a dejar el territorio europeo voluntariamente en un plazo de 30 días. Tras la deportación, a esos inmigrantes se les prohibirá entrar a cualquier país del bloque comunitario durante los siguientes cinco años.
También con la directiva, se detendrá y repatriará a menores de edad sin compañía, con la condición de que la nación que los expulse tenga garantías de que algún familiar o institución se hará cargo de los menores en su país de origen.
El Partido Socialista, segunda mayor formación en el PE, pedía una serie de enmiendas al texto que, entre otras cosas, reducirían el periodo de reclusión a tres meses, ampliables a 12, y más salvaguardas para los menores de edad.
En una negociación previa, la Eurocámara logró que los países miembros se comprometan a proporcionar asistencia jurídica gratuita a los ilegales sin condiciones financieras.
Instituciones de defensa de los derechos humanos, como el Consejo de Europa y Amnistía Internacional, critican las reglas de la Directiva Retorno y las acusan de violar una serie de derechos de los inmigrantes, cuyo número asciende a 8 millones de personas.
Tras la aprobación del parlamento, la directiva ahora será publicada en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor en 2010.
El endurecimiento de las medidas contra los indocumentados va acompañado del cambio general de la opinión pública y oficial contra ese sector al que, por ejemplo, Italia culpa del aumento de la delincuencia violenta.
Además, a ese sentimiento de inseguridad pública en algunos países se suma la crisis económica cada vez más grave, que presiona a muchos gobiernos del bloque a adoptar medidas draconianas para proteger los intereses de sus trabajadores.
Algunos países latinoamericanos criticaron la medida por temor a que generen una ola de repatriaciones; ese temor se debe en parte a que sus economías dependen enormemente de las remesas giradas por sus ciudadanos que trabajan en Europa, lo que en algunos de ellos suma una importante fuente de divisas. Empero, los funcionarios de la UE insistieron que la reforma de por sí no ocasionará más deportaciones.
Hasta ahora, no había una política común de la UE para expulsar a los inmigrantes indocumentados, y los plazos de detención varían desde 32 días en Francia, a la custodia indefinida en Gran Bretaña.
Reacciones
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la iniciativa europea. “Realmente es una vergüenza lo que ha hecho Europa”, manifestó.
“Brasil, país que recibió a millones de inmigrantes y descendientes, hoy armoniosamente integrados (…) lamenta la decisión”, apuntó la cancillería brasileña.
En Buenos Aires, el gobierno argentino afirmó que “lamenta los términos de la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento de la Unión Europea”. Para Argentina, “emigrar no es un delito”.
Agencias en Estrasburgo, Milenio, 19 de junio.
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