MILTON, Florida.— Tres meses después de que la policía local inspeccionó más de una decena de negocios en busca de migrantes indocumentados que estuvieran usando números robados de Seguridad Social, esta comunidad del noroeste de Florida, conocida como Panhandle, se ha vuelto más apegada a la ley, más vacía y blanca.
Muchos de los migrantes hispanos que llegaron en 2004 para ayudar a las labores de reconstrucción, luego del huracán Iván, se han ido o están escondidos. Las iglesias donde se dan misas en español están semi vacías. Las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores. Y para los ciudadanos hispanos con raíces aquí —los capataces y empresarios que recibieron visitas de la policía—, las pérdidas son particularmente profundas.
“Fue muy difícil porque la comunidad es muy pequeña, y ver a gente que venía a comer aquí todo el tiempo, venir luego a cerrarte el negocio”, dijo Gerónimo Barragán, dueño de dos filiales de los restaurantes mexicanos La Hacienda, donde la policía arrestó a 10 empleados.
“No los culpo”, se apresuró a aclarar Barragán. “Pero duele”.
El sheriff del condado de Santa Rosa, Wendell Hall, quien dirigió el operativo, dijo que los arrestos se realizaron por violaciones a las leyes estatales sobre el robo de identidad. Pero también se mostró orgulloso de encontrar la manera, sin evadir la ley, de que no sólo el gobierno federal implemente las leyes migratorias.
Acciones de costa a costa
Su estrategia es cada vez más común. El mes pasado, en Iowa, 260 indocumentados fueron sentenciados a cinco meses de prisión por violar las leyes federales sobre robo de identidad. En el último año, departamentos locales de policía, de costa a costa, han arrestado a cientos de migrantes por delitos no violentos, y muchas veces menores, como pescar sin licencia en Georgia, y los han deportado.
En vista de la cada vez mayor exigencia de que las leyes migratorias se apliquen más estrictamente, 95 departamentos esperan unirse a los 47 que ya están en el programa. Y en algunos lugares, incluyendo Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Nuevo México, Oklahoma y Texas, oficiales de policía o departamentos enteros están enfrentando el problema en sus propios términos.
Ante la inacción del Congreso con respecto a las leyes migratorias, legisladores estatales están dando a las autoridades locales mayor capacidad de maniobra. Así, en 2007 se introdujeron mil 562 proyectos de ley a nivel nacional y 240 fueron implementados en 46 estados, el triple con respecto a 2006, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Una nueva ley en Mississippi, por ejemplo, convierte en una felonía el que un indocumentado tenga un empleo. En Oklahoma, dar refugio o transportar a indocumentados también es un delito.
“Es una forma de resolver el problema de la migración ilegal sin decirlo”, dijo Jessica Vaughan, analista del Centro de Estudios Migratorios, que respalda una aplicación más estricta de la ley a nivel local. “No hay por qué sentarse a esperar (una decisión) de Washington”, añadió.
En Santa Rosa, los operativos para hallar indocumentados se desarrollaron sin previo aviso. De acuerdo con el sheriff Hall, su departamento recibió tips que los condujeron a las empresas que visitaron y que las redadas obedecieron a crecientes quejas por la presencia de migrantes. Además, un año antes buscó, infructuosamente, una respuesta de la ICE.
El sheriff dijo que sus hombres se enfocaron en aquellos que habían incurrido en robo de identidad y que los oficiales trataron a todos con respeto. A diferencia de los oficiales del condado Bay, que rodearon sitios de construcción el año pasado y arrestaron a los inmigrantes que intentaron huir.
Pero algunos dueños de negocios, empleados y residentes dijeron que la policía se enfocó desproporcionadamente en los hispanos nacidos en el extranjero.
Muchos de los migrantes hispanos que llegaron en 2004 para ayudar a las labores de reconstrucción, luego del huracán Iván, se han ido o están escondidos. Las iglesias donde se dan misas en español están semi vacías. Las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores. Y para los ciudadanos hispanos con raíces aquí —los capataces y empresarios que recibieron visitas de la policía—, las pérdidas son particularmente profundas.
“Fue muy difícil porque la comunidad es muy pequeña, y ver a gente que venía a comer aquí todo el tiempo, venir luego a cerrarte el negocio”, dijo Gerónimo Barragán, dueño de dos filiales de los restaurantes mexicanos La Hacienda, donde la policía arrestó a 10 empleados.
“No los culpo”, se apresuró a aclarar Barragán. “Pero duele”.
El sheriff del condado de Santa Rosa, Wendell Hall, quien dirigió el operativo, dijo que los arrestos se realizaron por violaciones a las leyes estatales sobre el robo de identidad. Pero también se mostró orgulloso de encontrar la manera, sin evadir la ley, de que no sólo el gobierno federal implemente las leyes migratorias.
Acciones de costa a costa
Su estrategia es cada vez más común. El mes pasado, en Iowa, 260 indocumentados fueron sentenciados a cinco meses de prisión por violar las leyes federales sobre robo de identidad. En el último año, departamentos locales de policía, de costa a costa, han arrestado a cientos de migrantes por delitos no violentos, y muchas veces menores, como pescar sin licencia en Georgia, y los han deportado.
En vista de la cada vez mayor exigencia de que las leyes migratorias se apliquen más estrictamente, 95 departamentos esperan unirse a los 47 que ya están en el programa. Y en algunos lugares, incluyendo Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Nuevo México, Oklahoma y Texas, oficiales de policía o departamentos enteros están enfrentando el problema en sus propios términos.
Ante la inacción del Congreso con respecto a las leyes migratorias, legisladores estatales están dando a las autoridades locales mayor capacidad de maniobra. Así, en 2007 se introdujeron mil 562 proyectos de ley a nivel nacional y 240 fueron implementados en 46 estados, el triple con respecto a 2006, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Una nueva ley en Mississippi, por ejemplo, convierte en una felonía el que un indocumentado tenga un empleo. En Oklahoma, dar refugio o transportar a indocumentados también es un delito.
“Es una forma de resolver el problema de la migración ilegal sin decirlo”, dijo Jessica Vaughan, analista del Centro de Estudios Migratorios, que respalda una aplicación más estricta de la ley a nivel local. “No hay por qué sentarse a esperar (una decisión) de Washington”, añadió.
En Santa Rosa, los operativos para hallar indocumentados se desarrollaron sin previo aviso. De acuerdo con el sheriff Hall, su departamento recibió tips que los condujeron a las empresas que visitaron y que las redadas obedecieron a crecientes quejas por la presencia de migrantes. Además, un año antes buscó, infructuosamente, una respuesta de la ICE.
El sheriff dijo que sus hombres se enfocaron en aquellos que habían incurrido en robo de identidad y que los oficiales trataron a todos con respeto. A diferencia de los oficiales del condado Bay, que rodearon sitios de construcción el año pasado y arrestaron a los inmigrantes que intentaron huir.
Pero algunos dueños de negocios, empleados y residentes dijeron que la policía se enfocó desproporcionadamente en los hispanos nacidos en el extranjero.
Damien Cave, El Universal, 10 de junio.
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