No sólo policías y agentes migratorios, también maras están involucrados en el negocio del tráfico de indocumentados hacia Estados Unidos, de acuerdo con reportes del Área de Inteligencia Migratoria del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Por su habilidad en el manejo de armas, su adiestramiento en técnicas militares y de guerrilla, su dominio de un lenguaje cifrado —expresado con las manos— y su disciplina y control al interior de la pandilla, los maras se han convertido en brazos operacionales de las organizaciones criminales dedicadas en nuestro país tanto al secuestro de inmigrantes como a su traslado a la Unión Americana.
Están preparados para actuar con violencia extrema, como ocurrió el miércoles sobre la carretera Palenque-Ocosingo, en Chiapas, donde un grupo armado se llevó a 37 indocumentados que eran trasladados a Tapachula por siete agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Su “experiencia” en delitos como privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos y portación de armas los convierte en elementos clave de estas redes delincuenciales.
De acuerdo con la información del Cisen, para consumar esta actividad los mareros han creado tejidos en 23 estados mexicanos, “donde estas pandillas delictivas trasnacionales se encuentran establecidas e identificadas, debido al tráfico de drogas y de ilegales”.
Entre las entidades de operación de células o clicas especializadas en el tráfico de personas están Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Guerrero y el Distrito Federal.
Según el Cisen, en la conducta delictiva del marero promedio se observa “una tendencia a cambiar sus actividades ilícitas comunes como violación, extorsión y pandillerismo, por delitos del orden federal como tráfico de personas, así como el homicidio a sueldo y se vinculan de esta manera con grupos de la delincuencia organizada que los utilizan como pasaderos o sicarios”.
Los maras son controlados por sus líderes de pandilla, la mayoría radicados en Estados Unidos, y por los capos que dirigen estas organizaciones en México. Muchas de éstas están relacionadas también con el tráfico de drogas y de armas.
Cuentan con protección policial y de los grupos de delincuencia organizada, y una de sus principales ventajas “es el vínculo con el país de origen de sus integrantes, por lo que el internacionalizarse les permite traficar con personas indocumentadas de diferentes nacionalidades hacia Estados Unidos”.
Los datos del Centro de Investigación son respaldados por otros documentos, como la Evaluación Nacional de Amenazas en Materia de Drogas, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reportó un aumento en el tránsito de población indocumentada hacia su territorio, “lo que conlleva múltiples efectos que impactan en la seguridad de la frontera sur, al desarrollar simultáneamente organizaciones de tráfico y trata de inmigrantes, pandillas delictivas trasnacionales, asalto y extorsión a inmigrantes”.
Mientras que un informe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada describe que “los maras actúan bajo estrictas reglas de orden y disciplina y operan como verdaderas organizaciones criminales trasnacionales, las cuales se encuentran organizadas de manera permanente y reiterada para cometer delitos como narcotráfico y tráfico de indocumentados y su peligrosidad social aumenta al establecer vínculos con organizaciones especializadas en alguno de los delitos citados”.
De ahí que para la Procuraduría General de la República el tráfico de personas sea la segunda actividad ilícita más lucrativa en nuestro país.
Por su habilidad en el manejo de armas, su adiestramiento en técnicas militares y de guerrilla, su dominio de un lenguaje cifrado —expresado con las manos— y su disciplina y control al interior de la pandilla, los maras se han convertido en brazos operacionales de las organizaciones criminales dedicadas en nuestro país tanto al secuestro de inmigrantes como a su traslado a la Unión Americana.
Están preparados para actuar con violencia extrema, como ocurrió el miércoles sobre la carretera Palenque-Ocosingo, en Chiapas, donde un grupo armado se llevó a 37 indocumentados que eran trasladados a Tapachula por siete agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Su “experiencia” en delitos como privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos y portación de armas los convierte en elementos clave de estas redes delincuenciales.
De acuerdo con la información del Cisen, para consumar esta actividad los mareros han creado tejidos en 23 estados mexicanos, “donde estas pandillas delictivas trasnacionales se encuentran establecidas e identificadas, debido al tráfico de drogas y de ilegales”.
Entre las entidades de operación de células o clicas especializadas en el tráfico de personas están Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Guerrero y el Distrito Federal.
Según el Cisen, en la conducta delictiva del marero promedio se observa “una tendencia a cambiar sus actividades ilícitas comunes como violación, extorsión y pandillerismo, por delitos del orden federal como tráfico de personas, así como el homicidio a sueldo y se vinculan de esta manera con grupos de la delincuencia organizada que los utilizan como pasaderos o sicarios”.
Los maras son controlados por sus líderes de pandilla, la mayoría radicados en Estados Unidos, y por los capos que dirigen estas organizaciones en México. Muchas de éstas están relacionadas también con el tráfico de drogas y de armas.
Cuentan con protección policial y de los grupos de delincuencia organizada, y una de sus principales ventajas “es el vínculo con el país de origen de sus integrantes, por lo que el internacionalizarse les permite traficar con personas indocumentadas de diferentes nacionalidades hacia Estados Unidos”.
Los datos del Centro de Investigación son respaldados por otros documentos, como la Evaluación Nacional de Amenazas en Materia de Drogas, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reportó un aumento en el tránsito de población indocumentada hacia su territorio, “lo que conlleva múltiples efectos que impactan en la seguridad de la frontera sur, al desarrollar simultáneamente organizaciones de tráfico y trata de inmigrantes, pandillas delictivas trasnacionales, asalto y extorsión a inmigrantes”.
Mientras que un informe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada describe que “los maras actúan bajo estrictas reglas de orden y disciplina y operan como verdaderas organizaciones criminales trasnacionales, las cuales se encuentran organizadas de manera permanente y reiterada para cometer delitos como narcotráfico y tráfico de indocumentados y su peligrosidad social aumenta al establecer vínculos con organizaciones especializadas en alguno de los delitos citados”.
De ahí que para la Procuraduría General de la República el tráfico de personas sea la segunda actividad ilícita más lucrativa en nuestro país.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 15 de junio.
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