WASHINGTON, EU.- La Suprema Corte propinó ayer un duro revés a grupos ecologistas que pretendían frenar la construcción del muro en la frontera con México que compromete reservas naturales en Arizona.
En principio, la decisión de no dar entrada a la demanda interpuesta por una coalición que incluye al Club Sierra y al grupo Defenders of Wildlife, involucra a una sección de alrededor de 3.2 kilómetros en el Area de Conservación Nacional de San Pedro Riparián, cerca de Naco, Arizona.
Pero, la decisión de desestimar los alegatos de los grupos ecologistas facilitará al Departamento de Seguridad Interna proseguir con los trabajos del muro en Arizona y en tramos de Texas.
El secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, ha usado la autoridad que le dió en 2005 el Congreso para pasar por encima de leyes ambientales y acelerar la construcción del muro.
A principios de este año, Chertoff pasó sobre más de 30 leyes y regulaciones en un esfuerzo por terminar la construcción de mil 78 kilómetros de cercas a lo largo de la frontera suroeste del país.
Sin embargo, la creciente oposición de organizaciones civiles y ecologistas, ha puesto en entredicho un proyecto de edificación que aún tendrá que sortear demandas civiles de propietarios que se resisten a que el gobierno expropie sus propiedades y que podrían llegar a la Corte.
En principio, la decisión de no dar entrada a la demanda interpuesta por una coalición que incluye al Club Sierra y al grupo Defenders of Wildlife, involucra a una sección de alrededor de 3.2 kilómetros en el Area de Conservación Nacional de San Pedro Riparián, cerca de Naco, Arizona.
Pero, la decisión de desestimar los alegatos de los grupos ecologistas facilitará al Departamento de Seguridad Interna proseguir con los trabajos del muro en Arizona y en tramos de Texas.
El secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, ha usado la autoridad que le dió en 2005 el Congreso para pasar por encima de leyes ambientales y acelerar la construcción del muro.
A principios de este año, Chertoff pasó sobre más de 30 leyes y regulaciones en un esfuerzo por terminar la construcción de mil 78 kilómetros de cercas a lo largo de la frontera suroeste del país.
Sin embargo, la creciente oposición de organizaciones civiles y ecologistas, ha puesto en entredicho un proyecto de edificación que aún tendrá que sortear demandas civiles de propietarios que se resisten a que el gobierno expropie sus propiedades y que podrían llegar a la Corte.
J. Jaime Hernández, corresponsal, El Universal, 24 de junio.
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