Bogota, 12 de junio. Luego de casi tres meses en el ostracismo, el tema de la liberación de rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a cambio de la salida de las cárceles de centenares de guerrilleros, volvió esta semana al centro de la escena política colombiana.
En declaraciones concedidas a medios de comunicación locales, el ex senador Luis Eladio Pérez, quien fue liberado por las FARC en febrero, tras casi siete años de cautiverio, reiteró que tiene informaciones serias sobre nuevas e inminentes liberaciones.
“No se cuántos, pero sé que hay secuestrados que ya han emprendido el camino hacia la libertad”, aseguró Pérez.
El ex legislador dijo a La Jornada que tiene total confianza en la fuente que le ha suministrado la información y no descartó que entre los rehenes “que caminan hacia la libertad” esté la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt.
Este anuncio se suma a las recientes declaraciones de la senadora Piedad Córdoba, quien aseguró que las liberaciones continuarán. “Muy pronto me tendrán aquí contando cómo se lograron las nuevas liberaciones”, dijo la legisladora a un programa de televisión cuando fue consultada al respecto.
En declaraciones a este diario, Córdoba se mostró indignada ante las versiones difundidas por autoridades colombianas, según las cuales ella habría pedido a la guerrilla que demoraran al máximo la liberación de Ingrid Betancourt.
“Eso es una infamia lanzada desde el alto gobierno para intentar sacarme del tema del intercambio humanitario, pero ni aún así lo lograrán”, expresó la senadora.
Por su parte, Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, respaldó la gestión de Piedad Córdoba y rechazó tajantemente las acusaciones en su contra: “Ella ha sido una de las personas que se ha entregado por completo a la liberación de mi hija y la única que ha obtenido resultados concretos”.
Piedad Córdoba se mostró confiada en que muy pronto se producirán nuevas liberaciones, especialmente de los cuatro civiles que aún quedan en poder de la principal guerrilla colombiana.
“La salida de estas personas deberá crear las condiciones para que el gobierno y la guerrilla se sienten a dialogar sobre un canje de los oficiales del ejército que están en la selva a cambio de los guerrilleros presos, a la luz del derecho internacional que regula los conflictos armados internos”, explicó Córdoba.
El tema de las liberaciones recobró notoriedad desde el pasado, cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, exhortó desde Caracas a las FARC para que entregaran “a cambio de nada” a las personas que aún están en su poder. En la misma declaración, el mandatario opinó que la guerra de guerrillas no tenía sentido en la América Latina de hoy.
Hasta el momento, la dirigencia guerrillera ha guardado silencio sobre el llamado de Chávez y los anuncios de Pérez y Córdoba.
El único pronunciamiento reciente de la insurgencia fue hecho a comienzos de esta semana por Iván Márquez, quien denunció la existencia de planes, supuestamente fraguados en Bogotá, para atentar contra los presidentes de Venezuela y Ecuador.
Entre tanto, familiares de los militares y civiles en poder de las FARC alertaron nuevamente sobre las operaciones militares que lleva a cabo el ejército de su país con el fin de conseguir un rescate armado de los rehenes.
“Cualquier intento de rescate conducirá a la muerte de nuestros seres queridos”, dijo Marleny Orjuela, quien lidera una asociación de familiares de militares en poder de la insurgencia.
Según el general Freddy Padilla, comandante del ejército, comandos especializados de sus tropas ubicaron recientemente el campamento donde las FARC tienen a tres contratistas estadunidenses del Pentágono, e incluso los vieron bañándose en un río y los escucharon hablar.
Padilla explicó a los medios de comunicación que no se atrevieron a rescatarlos pues el área estaba bajo control de la guerrilla.
En medio de las nuevas expectativas sobre la suerte de los rehenes, el gobierno del conservador presidente Álvaro Uribe mantiene un pulso legal con la ex parlamentaria Yidis Medina, quien fue apresada por el delito de cohecho, al aceptar que recibió prebendas del Ejecutivo a cambio de votar favorablemente una ley que permitió la relección del mandatario.
Desde su prisión, Medina acusó al propio Uribe y altos funcionarios de su gobierno de haberle ofrecido dádivas y puestos oficiales a cambio de su voto, lo cual está siendo investigado por los organismos competentes.
En declaraciones concedidas a medios de comunicación locales, el ex senador Luis Eladio Pérez, quien fue liberado por las FARC en febrero, tras casi siete años de cautiverio, reiteró que tiene informaciones serias sobre nuevas e inminentes liberaciones.
“No se cuántos, pero sé que hay secuestrados que ya han emprendido el camino hacia la libertad”, aseguró Pérez.
El ex legislador dijo a La Jornada que tiene total confianza en la fuente que le ha suministrado la información y no descartó que entre los rehenes “que caminan hacia la libertad” esté la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt.
Este anuncio se suma a las recientes declaraciones de la senadora Piedad Córdoba, quien aseguró que las liberaciones continuarán. “Muy pronto me tendrán aquí contando cómo se lograron las nuevas liberaciones”, dijo la legisladora a un programa de televisión cuando fue consultada al respecto.
En declaraciones a este diario, Córdoba se mostró indignada ante las versiones difundidas por autoridades colombianas, según las cuales ella habría pedido a la guerrilla que demoraran al máximo la liberación de Ingrid Betancourt.
“Eso es una infamia lanzada desde el alto gobierno para intentar sacarme del tema del intercambio humanitario, pero ni aún así lo lograrán”, expresó la senadora.
Por su parte, Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, respaldó la gestión de Piedad Córdoba y rechazó tajantemente las acusaciones en su contra: “Ella ha sido una de las personas que se ha entregado por completo a la liberación de mi hija y la única que ha obtenido resultados concretos”.
Piedad Córdoba se mostró confiada en que muy pronto se producirán nuevas liberaciones, especialmente de los cuatro civiles que aún quedan en poder de la principal guerrilla colombiana.
“La salida de estas personas deberá crear las condiciones para que el gobierno y la guerrilla se sienten a dialogar sobre un canje de los oficiales del ejército que están en la selva a cambio de los guerrilleros presos, a la luz del derecho internacional que regula los conflictos armados internos”, explicó Córdoba.
El tema de las liberaciones recobró notoriedad desde el pasado, cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, exhortó desde Caracas a las FARC para que entregaran “a cambio de nada” a las personas que aún están en su poder. En la misma declaración, el mandatario opinó que la guerra de guerrillas no tenía sentido en la América Latina de hoy.
Hasta el momento, la dirigencia guerrillera ha guardado silencio sobre el llamado de Chávez y los anuncios de Pérez y Córdoba.
El único pronunciamiento reciente de la insurgencia fue hecho a comienzos de esta semana por Iván Márquez, quien denunció la existencia de planes, supuestamente fraguados en Bogotá, para atentar contra los presidentes de Venezuela y Ecuador.
Entre tanto, familiares de los militares y civiles en poder de las FARC alertaron nuevamente sobre las operaciones militares que lleva a cabo el ejército de su país con el fin de conseguir un rescate armado de los rehenes.
“Cualquier intento de rescate conducirá a la muerte de nuestros seres queridos”, dijo Marleny Orjuela, quien lidera una asociación de familiares de militares en poder de la insurgencia.
Según el general Freddy Padilla, comandante del ejército, comandos especializados de sus tropas ubicaron recientemente el campamento donde las FARC tienen a tres contratistas estadunidenses del Pentágono, e incluso los vieron bañándose en un río y los escucharon hablar.
Padilla explicó a los medios de comunicación que no se atrevieron a rescatarlos pues el área estaba bajo control de la guerrilla.
En medio de las nuevas expectativas sobre la suerte de los rehenes, el gobierno del conservador presidente Álvaro Uribe mantiene un pulso legal con la ex parlamentaria Yidis Medina, quien fue apresada por el delito de cohecho, al aceptar que recibió prebendas del Ejecutivo a cambio de votar favorablemente una ley que permitió la relección del mandatario.
Desde su prisión, Medina acusó al propio Uribe y altos funcionarios de su gobierno de haberle ofrecido dádivas y puestos oficiales a cambio de su voto, lo cual está siendo investigado por los organismos competentes.
Jorge Enrique Botero, La Jornada, 13 de junio.
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