México rechazará los recursos que Estados Unidos apruebe en la Iniciativa Mérida si esa nación condiciona su entrega a cualquier tipo de “seguimiento o verificación de metas” que no garaticen el pleno respeto a la soberanía, advirtió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
“La incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos resultaría, al mismo tiempo, profundamente contraria a su objetivo y espíritu y contraproducente. Sería por ello inaceptable”, precisó el funcionario.
El pasado viernes el embajador de EU en México, Antonio Garza, señaló que el Legislativo de su país —que discute la aprobación de la inciativa— “ha pedido que se le mantenga informada sobre los esfuerzos de México por evitar los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad enfrascadas en batallas contra los cárteles”.
“Estas peticiones de información y análisis del Legislativo son parte del proceso de seguimiento que nuestro Congreso rutinariamente ejercita sobre nuestro propio Ejecutivo, una parte normal de nuestro diálogo político en los EU. Esto no significa de ninguna manera que se exija que los Estados Unidos certifiquen el comportamiento o rendimiento de México”, aseguró el diplomático.
No obstante, en su pronunciamiento, el secretario de Gobernación anticipó que las autoridades mexicanas estarán pendientes y evaluarán con cuidado lo que resuelva el Congreso de EU.
En 2007 ambos países convinieron en impulsar esta iniciativa, que se traduciría en apoyos para la adquisición de equipo y tecnología para contener al narco. Se planteó un monto de mil 400 millones de dólares en tres años.
Actualmente, la Cámara de Representantes ha presentado una iniciativa en la que se propone autorizar 40o millones de dólares; en tanto que el Senado planteó 350 millones. Ambos órganos han solicitado que la entrega de los montos —que no son dinero en efectivo— estén condicionados a reportes que garanticen que México cumple con el respeto a los derechos humanos en la lucha contra los cárteles de las drogas.
En este contexto, Mouriño, definió la posición del gobierno mexicano. En un mensaje, y sin admitir preguntas, habló de que las presuntas condiciones en las que estarían trabajando los congresistas vecinos, “se refieren al logro de metas de política mucho más amplios, sin relación directa con el ejercicio transparente de los recursos destinados a nuestra lucha común”.
Según Mouriño, los proyectos de iniciativas legislativas aprobadas en ambas cámaras de EU incorporan aspectos que las hacen, en sus versiones actuales, inaceptables para nuestro país.
Para Mouriño, la decisión del Legislativo deberá de impulsar la cooperación bilateral a niveles más amplios, así como iniciar un ejercicio de corresponsabilidad en beneficio de ambas sociedades. Aclaró que con la iniciativa, México no solicitó asistencia unilateral, sino que hizo un planteamiento para mejorar la cooperación bilateral.
Por segunda ocasión, en menos de una semana, el gobierno señaló que la raíz del problema del narco y del clima de violencia en México está en el alto consumo de drogas en Estados Unidos.
“El consumo de drogas plantea problemas significativos de salud y de orden social a la sociedad estadounidense. Más allá de esta realidad, sin embargo, la demanda estadounidense constituye la fuente principal de los recursos financieros de las organizaciones criminales que actúan en nuestro país”, dijo Mouriño.
El pasado jueves, el presidente Felipe Calderón dijo que el problema del narco, “obedece fundamentalmente a un hecho claro: el mercado americano de droga es el mercado más grande del mundo”.
Un día después, el embajador Garza señaló que el consumo de drogas es una “plaga”en ambas naciones.
En su mensaje de ayer, Mouriño calificó al narcotráfico y el crimen organizado como “la mayor y más inmediata amenaza a la tranquilidad y el bienestar de los mexicanos”.
“La incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos resultaría, al mismo tiempo, profundamente contraria a su objetivo y espíritu y contraproducente. Sería por ello inaceptable”, precisó el funcionario.
El pasado viernes el embajador de EU en México, Antonio Garza, señaló que el Legislativo de su país —que discute la aprobación de la inciativa— “ha pedido que se le mantenga informada sobre los esfuerzos de México por evitar los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad enfrascadas en batallas contra los cárteles”.
“Estas peticiones de información y análisis del Legislativo son parte del proceso de seguimiento que nuestro Congreso rutinariamente ejercita sobre nuestro propio Ejecutivo, una parte normal de nuestro diálogo político en los EU. Esto no significa de ninguna manera que se exija que los Estados Unidos certifiquen el comportamiento o rendimiento de México”, aseguró el diplomático.
No obstante, en su pronunciamiento, el secretario de Gobernación anticipó que las autoridades mexicanas estarán pendientes y evaluarán con cuidado lo que resuelva el Congreso de EU.
En 2007 ambos países convinieron en impulsar esta iniciativa, que se traduciría en apoyos para la adquisición de equipo y tecnología para contener al narco. Se planteó un monto de mil 400 millones de dólares en tres años.
Actualmente, la Cámara de Representantes ha presentado una iniciativa en la que se propone autorizar 40o millones de dólares; en tanto que el Senado planteó 350 millones. Ambos órganos han solicitado que la entrega de los montos —que no son dinero en efectivo— estén condicionados a reportes que garanticen que México cumple con el respeto a los derechos humanos en la lucha contra los cárteles de las drogas.
En este contexto, Mouriño, definió la posición del gobierno mexicano. En un mensaje, y sin admitir preguntas, habló de que las presuntas condiciones en las que estarían trabajando los congresistas vecinos, “se refieren al logro de metas de política mucho más amplios, sin relación directa con el ejercicio transparente de los recursos destinados a nuestra lucha común”.
Según Mouriño, los proyectos de iniciativas legislativas aprobadas en ambas cámaras de EU incorporan aspectos que las hacen, en sus versiones actuales, inaceptables para nuestro país.
Para Mouriño, la decisión del Legislativo deberá de impulsar la cooperación bilateral a niveles más amplios, así como iniciar un ejercicio de corresponsabilidad en beneficio de ambas sociedades. Aclaró que con la iniciativa, México no solicitó asistencia unilateral, sino que hizo un planteamiento para mejorar la cooperación bilateral.
Por segunda ocasión, en menos de una semana, el gobierno señaló que la raíz del problema del narco y del clima de violencia en México está en el alto consumo de drogas en Estados Unidos.
“El consumo de drogas plantea problemas significativos de salud y de orden social a la sociedad estadounidense. Más allá de esta realidad, sin embargo, la demanda estadounidense constituye la fuente principal de los recursos financieros de las organizaciones criminales que actúan en nuestro país”, dijo Mouriño.
El pasado jueves, el presidente Felipe Calderón dijo que el problema del narco, “obedece fundamentalmente a un hecho claro: el mercado americano de droga es el mercado más grande del mundo”.
Un día después, el embajador Garza señaló que el consumo de drogas es una “plaga”en ambas naciones.
En su mensaje de ayer, Mouriño calificó al narcotráfico y el crimen organizado como “la mayor y más inmediata amenaza a la tranquilidad y el bienestar de los mexicanos”.
Arturo Zárate, El Universal, 3 de junio.
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