El gobierno de México advirtió ayer que rechazará la ayuda de Estados Unidos para el combate al narcotráfico, por la vía de la Iniciativa Mérida, ya que las versiones aprobadas hasta el momento por el Congreso norteamericano son "inaceptables", debido a que incorporan condicionamientos ajenos y contrarios al espíritu original del proyecto.
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, afirmó lo anterior y subrayó que el gobierno seguirá atento al debate de las Cámaras del Congreso de Estados Unidos, en esta materia, y evaluará si el resultado final del proceso se apega a los criterios de respeto a la soberanía porque de ello dependerá, insistió, la decisión que adopte México respecto de aquella Iniciativa.
"Cualquier esquema de seguimiento o verificación, de identificación de metas y de mediciones de efectividad que pueda definirse, debe ser acordado entre ambas partes y tener un carácter genuinamente bilateral, que garantice el pleno respeto a la soberanía y a la legislación interna de México y Estados Unidos", declaró.
Al dar lectura a un comunicado, en la sala de conferencias de la Secretaría de Gobernación, Mouriño recordó que México no solicitó asistencia unilateral: "Hizo un planteamiento responsable para mejorar la cooperación bilateral y, como parte de esa estrategia, fortalecer sus propias capacidades para combatir a la delincuencia organizada trasnacional", puntualizó.
Sostuvo que la incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos, resultaría, al mismo tiempo, "profundamente contraria a su objetivo y espíritu y contraproducente. Sería por ello, inaceptable", advirtió.
Esto es aún más evidente, agregó, cuando tales presuntas condicionantes se refieren al logro de metas de política mucho más amplios, sin relación directa con el ejercicio transparente de los recursos destinados a la lucha común.
"La plena vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos, la presencia de organizaciones civiles en el debate público, o el desarrollo de sistemas efectivos de control de confianza de los funcionarios que participan en esta lucha, son todos objetivos del gobierno de México", aseguró.
De este modo, el secretario de Gobernación rechazó las declaraciones de diversos asambleístas y senadores de Estados Unidos, quienes han condicionado el apoyo económico a México a que cumpla con metas en aquellos puntos.
El responsable de la política interior del país resaltó que la Iniciativa Mérida es una propuesta del presidente Felipe Calderón, y uno de sus principales componentes, precisó, se refiere al esfuerzo de cooperación internacional llevado por México, el cual responde en gran medida a los retos que derivan en la vecindad inmediata "con el mercado consumidor de drogas más grande del mundo", dejó en claro.
Condiciones del Senado de EU
w México recibiría fondos de la Iniciativa Mérida (350 millones de dólares) sólo si el gobierno estadunidense estima que el mexicano inició reformas legales y judiciales.
w Y Si estima además que las unidades policiales y militares apoyadas con esos fondos son ajenas a violaciones humanitarias o corrupción.
w El gobierno de EU está obligado a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el Ejército mexicanos.
w Se asignarán tres millones de dólares para que el gobierno mexicano establezca un "registro nacional unificado" de policías federales, estatales y municipales.
w Veinticinco por ciento de los fondos están condicionados a que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, entregue al Congreso un reporte donde avale el inicio de una serie de reformas en México.
w La secretaria de Estado debe avalar que México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonio obtenido a través de tortura. Debe además asegurarse que el Ejército esté transfiriendo todos los casos que impliquen acusaciones de violaciones humanitarias a fiscales del fuero civil.
--La secretaria de Estado debe entregar al Senado un reporte sobre el desglose del uso que se dará a los 350 millones de dólares aprobados por el Senado, a más tardar 45 días después de la promulgación de la Iniciativa Mérida.
--"Ninguno de los fondos disponibles bajo esta sección deben darse hasta que la secretaria de Estado (Condoleezza Rice) determine y reporte que existen los procedimientos de escrutinio para asegurar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o corrupción".
--México debe reforzar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y establecer comisiones de quejas policiales para recibir alegatos y conducir investigaciones.
--El Sendo pide asegurarse de que las fuerzas policiales federales y estatales mexicanas cooperen con autoridades en casos donde alguno de sus miembros haya sido acusado de violaciones a los derechos humanos y que se investigue a militares acusados de actos similares.
--Se asignarán cinco millones de dólares a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU para enviar agentes especiales a México a apoyar al gobierno mexicano a rastrear armas usadas por traficantes de drogas
* Ninguna certificación, señala Garza
Apenas el jueves pasado el embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, confirmó que en los debates sobre la Iniciativa Mérida tanto la Cámara de Representantes como el Senado de su país han pedido que se les mantenga informados sobre los esfuerzos de México en la guerra contra las drogas.
Dijo que tal demanda de que se les mantenga informados se orienta a evitar abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad enfrascadas en batallas contra cárteles de las drogas.
Señaló sin embargo que aquella petición forma parte del proceso de seguimiento que el Congreso estadunidense rutinariamente ejercita incluso sobre el Ejecutivo de su país, y sostuvo que "esto no significa de ninguna manera que se exija que los Estados Unidos "certifiquen" el comportamiento o rendimiento de México".
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, afirmó lo anterior y subrayó que el gobierno seguirá atento al debate de las Cámaras del Congreso de Estados Unidos, en esta materia, y evaluará si el resultado final del proceso se apega a los criterios de respeto a la soberanía porque de ello dependerá, insistió, la decisión que adopte México respecto de aquella Iniciativa.
"Cualquier esquema de seguimiento o verificación, de identificación de metas y de mediciones de efectividad que pueda definirse, debe ser acordado entre ambas partes y tener un carácter genuinamente bilateral, que garantice el pleno respeto a la soberanía y a la legislación interna de México y Estados Unidos", declaró.
Al dar lectura a un comunicado, en la sala de conferencias de la Secretaría de Gobernación, Mouriño recordó que México no solicitó asistencia unilateral: "Hizo un planteamiento responsable para mejorar la cooperación bilateral y, como parte de esa estrategia, fortalecer sus propias capacidades para combatir a la delincuencia organizada trasnacional", puntualizó.
Sostuvo que la incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos, resultaría, al mismo tiempo, "profundamente contraria a su objetivo y espíritu y contraproducente. Sería por ello, inaceptable", advirtió.
Esto es aún más evidente, agregó, cuando tales presuntas condicionantes se refieren al logro de metas de política mucho más amplios, sin relación directa con el ejercicio transparente de los recursos destinados a la lucha común.
"La plena vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos, la presencia de organizaciones civiles en el debate público, o el desarrollo de sistemas efectivos de control de confianza de los funcionarios que participan en esta lucha, son todos objetivos del gobierno de México", aseguró.
De este modo, el secretario de Gobernación rechazó las declaraciones de diversos asambleístas y senadores de Estados Unidos, quienes han condicionado el apoyo económico a México a que cumpla con metas en aquellos puntos.
El responsable de la política interior del país resaltó que la Iniciativa Mérida es una propuesta del presidente Felipe Calderón, y uno de sus principales componentes, precisó, se refiere al esfuerzo de cooperación internacional llevado por México, el cual responde en gran medida a los retos que derivan en la vecindad inmediata "con el mercado consumidor de drogas más grande del mundo", dejó en claro.
Condiciones del Senado de EU
w México recibiría fondos de la Iniciativa Mérida (350 millones de dólares) sólo si el gobierno estadunidense estima que el mexicano inició reformas legales y judiciales.
w Y Si estima además que las unidades policiales y militares apoyadas con esos fondos son ajenas a violaciones humanitarias o corrupción.
w El gobierno de EU está obligado a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el Ejército mexicanos.
w Se asignarán tres millones de dólares para que el gobierno mexicano establezca un "registro nacional unificado" de policías federales, estatales y municipales.
w Veinticinco por ciento de los fondos están condicionados a que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, entregue al Congreso un reporte donde avale el inicio de una serie de reformas en México.
w La secretaria de Estado debe avalar que México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonio obtenido a través de tortura. Debe además asegurarse que el Ejército esté transfiriendo todos los casos que impliquen acusaciones de violaciones humanitarias a fiscales del fuero civil.
--La secretaria de Estado debe entregar al Senado un reporte sobre el desglose del uso que se dará a los 350 millones de dólares aprobados por el Senado, a más tardar 45 días después de la promulgación de la Iniciativa Mérida.
--"Ninguno de los fondos disponibles bajo esta sección deben darse hasta que la secretaria de Estado (Condoleezza Rice) determine y reporte que existen los procedimientos de escrutinio para asegurar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o corrupción".
--México debe reforzar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y establecer comisiones de quejas policiales para recibir alegatos y conducir investigaciones.
--El Sendo pide asegurarse de que las fuerzas policiales federales y estatales mexicanas cooperen con autoridades en casos donde alguno de sus miembros haya sido acusado de violaciones a los derechos humanos y que se investigue a militares acusados de actos similares.
--Se asignarán cinco millones de dólares a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU para enviar agentes especiales a México a apoyar al gobierno mexicano a rastrear armas usadas por traficantes de drogas
* Ninguna certificación, señala Garza
Apenas el jueves pasado el embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, confirmó que en los debates sobre la Iniciativa Mérida tanto la Cámara de Representantes como el Senado de su país han pedido que se les mantenga informados sobre los esfuerzos de México en la guerra contra las drogas.
Dijo que tal demanda de que se les mantenga informados se orienta a evitar abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad enfrascadas en batallas contra cárteles de las drogas.
Señaló sin embargo que aquella petición forma parte del proceso de seguimiento que el Congreso estadunidense rutinariamente ejercita incluso sobre el Ejecutivo de su país, y sostuvo que "esto no significa de ninguna manera que se exija que los Estados Unidos "certifiquen" el comportamiento o rendimiento de México".
Luciano Franco, Crónica, 3 de junio.
0 Responses to "Inaceptables, condiciones de Iniciativa Mérida: Mouriño"
Publicar un comentario