El escándalo que originó el “rapto” de 37 indocumentados y que puso al descubierto una red integrada por servidores públicos, traficantes de personas e integrantes del narcotráfico, orilló al gobierno federal a ordenar una exhaustiva investigación en el Instituto Nacional de Migración (INM), hasta los más altos mandos de ese organismo, revelaron autoridades del gobierno federal.
La instrucción que se dio a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), es indagar incluso a la comisionada Cecilia Romero Castillo, por posibles actos de omisión en su gestión, de confirmarse irregularidades o la comisión de delitos en la operación del INM.
Tan sólo en los últimos días se evidenciaron serias fallas en el traslado de indocumentados hacia las estaciones migratorias, como el hecho de que el 11 de junio pasado, los 37 extranjeros que eran reubicados de Quintana Roo a Chiapas, sólo eran custodiados por siete agentes, y no se solicitó el apoyo de la Policía Federal, lo que facilitó su liberación por parte de un grupo armado, que se presume eran zetas del cártel del Golfo.
Por ello, están bajo arraigo 11 empleados del INM, entre ellos Jorge Luis Tenorio Villegas, subdelegado en Chetumal y Carlos Javier de la Parra Vázquez, subdelegado en el aeropuerto de Cancún, en Quintana Roo, quienes diseñaron la estrategia de traslado, y que han caído en contradicciones en sus declaraciones, por lo que se indaga su posible colusión para el rescate de los indocumentados.
Las autoridades federales revelaron que se sospecha que los documentos con sellos del INM, que permitieron a 18 de los cubanos liberados cruzar el país y llegar en casi 48 horas a EU, pudieron ser originales y proporcionados por personal migratorio.
El hecho de que los documentos que autorizaban la salida de los extranjeros del país, no eran apócrifos, se detalló, se sustenta en que les permitieron pasar dos puestos de revisión migratorios, en los que hay personal especializado que hubiera identificado la ilegalidad del documento.
Las anomalías en el INM ya se habían detectado, pues en agosto de 2007 la CNDH emitió una recomendación a Romero, por el caso de una hondureña, a quien en septiembre se le negó la asistencia consular y fue expulsada del país.
La gestión de Romero Castillo inició bajo serios cuestionamientos, ya que en el sexenio pasado, como senadora panista, impulsó movimientos de exiliados cubanos en Miami. Incluso en febrero de 2005, presentó a legisladores un programa para “apadrinar” a disidentes cubanos.
La instrucción que se dio a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), es indagar incluso a la comisionada Cecilia Romero Castillo, por posibles actos de omisión en su gestión, de confirmarse irregularidades o la comisión de delitos en la operación del INM.
Tan sólo en los últimos días se evidenciaron serias fallas en el traslado de indocumentados hacia las estaciones migratorias, como el hecho de que el 11 de junio pasado, los 37 extranjeros que eran reubicados de Quintana Roo a Chiapas, sólo eran custodiados por siete agentes, y no se solicitó el apoyo de la Policía Federal, lo que facilitó su liberación por parte de un grupo armado, que se presume eran zetas del cártel del Golfo.
Por ello, están bajo arraigo 11 empleados del INM, entre ellos Jorge Luis Tenorio Villegas, subdelegado en Chetumal y Carlos Javier de la Parra Vázquez, subdelegado en el aeropuerto de Cancún, en Quintana Roo, quienes diseñaron la estrategia de traslado, y que han caído en contradicciones en sus declaraciones, por lo que se indaga su posible colusión para el rescate de los indocumentados.
Las autoridades federales revelaron que se sospecha que los documentos con sellos del INM, que permitieron a 18 de los cubanos liberados cruzar el país y llegar en casi 48 horas a EU, pudieron ser originales y proporcionados por personal migratorio.
El hecho de que los documentos que autorizaban la salida de los extranjeros del país, no eran apócrifos, se detalló, se sustenta en que les permitieron pasar dos puestos de revisión migratorios, en los que hay personal especializado que hubiera identificado la ilegalidad del documento.
Las anomalías en el INM ya se habían detectado, pues en agosto de 2007 la CNDH emitió una recomendación a Romero, por el caso de una hondureña, a quien en septiembre se le negó la asistencia consular y fue expulsada del país.
La gestión de Romero Castillo inició bajo serios cuestionamientos, ya que en el sexenio pasado, como senadora panista, impulsó movimientos de exiliados cubanos en Miami. Incluso en febrero de 2005, presentó a legisladores un programa para “apadrinar” a disidentes cubanos.
Silvia Otero, El Universal, 21 de junio.
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