Indigna a AL ley europea de expulsión

MADRID.— A partir de ahora los más de 8 millones de inmigrantes que viven en situación irregular en alguno de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), podrán pasar hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento, mientras se tramita su expulsión a sus países de origen.

Además, podrán ser detenidos con una mera orden administrativa (ya no es necesaria la orden del juez) y una vez expulsados no podrán volver a ningún país de la UE en cinco años. Los menores de 18 años que no estén acompañados por sus padres, también podrán ser repatriados y reagrupados en sus lugares de origen con tutores que no sean familiares directos o a instituciones de su país.

Después de casi tres años de debate, el Parlamento Europeo decidió ayer aprobar en Estrasburgo la polémica directiva de retorno de los inmigrantes, como primer paso para lograr una política de inmigración común. Una normativa que según varias organizaciones como Amnistía Internacional, vulnera los derechos humanos de los inmigrantes y facilita que los gobiernos encierren a más inmigrantes.

La decisión europea provocó de inmediato el rechazo de líderes y organizaciones de América Latina. El presidente Rafael Correa la calificó de “una barbaridad” y “una vergüenza”. Afirmó que con la medida se busca “criminalizar la migración” y anunció que emprenderá acciones regionales en busca de apoyo para rechazar esa ley.

Correa se preguntó “¿qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado esa directiva?”.

El gobierno brasileño lamentó la medida de la UE porque crea “una percepción negativa de la migración” . Perú y Argentina también criticaron la ley del retorno.

Por su parte, Paraguay anunció que planteará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se realizará el próximo 1 de julio en Argentina, un pronunciamiento para rechazar la directiva de la UE.

La norma supone un endurecimiento de los criterios de repatriación. En la actualidad, España tiene un límite de 40 días para el envío del inmigrante a su país. En la votación, el texto recibió 367 votos en favor, 206 en contra y 109 abstenciones. (Con información de Agencias)
Ana Anabitarte, corresponsal, El Universal, 19 de junio.

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