Sin una reforma que atienda los graves problemas de corrupción, carga fiscal y reorientación del gasto en Petróleos Mexicanos (Pemex), difícilmente se podrá iniciar la construcción de una política energética nacional, concluyeron especialistas e investigadores al clausurar el primer Foro sobre Energía convocado por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Destacaron que ante una iniciativa “negociada en torno a los intereses políticos y partidistas, no hay posibilidad de resolver los urgentes retos que presenta la industria petrolera en el país”.
En la mesa de debate sobre las implicaciones políticas de la reforma, Alberto Aziz, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, señaló que la iniciativa energética presentada por el presidente Felipe Calderón enfrenta tres escenarios que deben analizarse y evaluar cuál sería su verdadero impacto ante un “empresariado voraz en el contexto de las privatizaciones, un mercado nacional poco competitivo y un Estado con poca capacidad regulatoria”.
Advirtió que al hacer “constantes comparaciones con experiencias de países como Brasil y Noruega, que han abierto sus yacimientos a la exploración bajo contratos de riesgo, también debe evaluarse que enfrentan condiciones muy distintas a las de México, donde la carga fiscal no es tal alta y la recaudación es incluso el doble de la que obtiene México con el padrón de contribuyentes, pero también se trata de estados con una posición regulatoria mucho más fuerte”.
En tanto, Gerardo Gil Valdivia, de la sección mexicana del Club de Roma, afirmó que “mientras las grandes reformas energéticas se sigan resolviendo de cara a las elecciones y al poder de los partidos no se podrá avanzar en un tema central para el país, que además requiere una visión de largo plazo e integral, porque hay consenso es que la crisis energética no va a esperar más y sin duda se requiere reformar Pemex”.
Por su parte, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la AMC y secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, afirmó que los planteamientos expresados en el encuentro serán presentados ante el Senado, órgano legislativo que “deberá tomar en cuenta las expresiones de expertos en diversas disciplinas y de todos aquellos que deseen participar en un tema de interés prioritario para la nación”.
Destacaron que ante una iniciativa “negociada en torno a los intereses políticos y partidistas, no hay posibilidad de resolver los urgentes retos que presenta la industria petrolera en el país”.
En la mesa de debate sobre las implicaciones políticas de la reforma, Alberto Aziz, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, señaló que la iniciativa energética presentada por el presidente Felipe Calderón enfrenta tres escenarios que deben analizarse y evaluar cuál sería su verdadero impacto ante un “empresariado voraz en el contexto de las privatizaciones, un mercado nacional poco competitivo y un Estado con poca capacidad regulatoria”.
Advirtió que al hacer “constantes comparaciones con experiencias de países como Brasil y Noruega, que han abierto sus yacimientos a la exploración bajo contratos de riesgo, también debe evaluarse que enfrentan condiciones muy distintas a las de México, donde la carga fiscal no es tal alta y la recaudación es incluso el doble de la que obtiene México con el padrón de contribuyentes, pero también se trata de estados con una posición regulatoria mucho más fuerte”.
En tanto, Gerardo Gil Valdivia, de la sección mexicana del Club de Roma, afirmó que “mientras las grandes reformas energéticas se sigan resolviendo de cara a las elecciones y al poder de los partidos no se podrá avanzar en un tema central para el país, que además requiere una visión de largo plazo e integral, porque hay consenso es que la crisis energética no va a esperar más y sin duda se requiere reformar Pemex”.
Por su parte, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la AMC y secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, afirmó que los planteamientos expresados en el encuentro serán presentados ante el Senado, órgano legislativo que “deberá tomar en cuenta las expresiones de expertos en diversas disciplinas y de todos aquellos que deseen participar en un tema de interés prioritario para la nación”.
Laura Poy Solano, La Jornada, 19 de junio.
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