La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, la aplicación de medidas cautelares por un lapso de 30 días en favor de la familia Armendáriz Guevara, del municipio de Ojinaga, Chihuahua, a fin de garantizar el respeto al derecho a la vida, integridad, seguridad personal y al patrimonio familiar.
Lo anterior, ante la presunción de que, durante un operativo, elementos militares incurrieron en probables conductas crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y retención ilegal contra los miembros de esa familia, actos que resultan presuntamente violatorios de garantías fundamentales en prejuicio de los integrantes de esa familia.
En un comunicado, el organismo presidido por José Luis Soberanes Fernández informó que el pasado 7 de junio la señora Daena Merced Muñoz Sosa solicitó la intervención de la CNDH ante hechos probablemente violatorios de los derechos fundamentales en contra de su esposo y su familia por parte de elementos militares asignados en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, quienes al ejecutar distintos operativos incurrieron en probables violaciones a las garantías de esa familia.
“El propósito de las disposiciones precautorias solicitadas es salvaguardar y garantizar el respeto a las garantías de esa familia, así como prevenir la comisión de actos de difícil o imposible reparación”, alertó Soberanes Fernández a Galván en su petición.
El ombudsman nacional subraya que la solicitud de medidas precautorias tiene que ver con que las diligencias o actuaciones practicadas por elementos del Ejército Mexicano en contra de integrantes de la familia Armendáriz Guevara “sean con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se efectúen únicamente con la orden judicial correspondiente, conforme lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa solicitud de intervención por parte de la autoridad administrativa civil”.
Soberanes también pide que aquellos que resulten detenidos en delito flagrante sean puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público Federal, como lo dictamina el artículo 16 constitucional y el 117 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Lo anterior, ante la presunción de que, durante un operativo, elementos militares incurrieron en probables conductas crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y retención ilegal contra los miembros de esa familia, actos que resultan presuntamente violatorios de garantías fundamentales en prejuicio de los integrantes de esa familia.
En un comunicado, el organismo presidido por José Luis Soberanes Fernández informó que el pasado 7 de junio la señora Daena Merced Muñoz Sosa solicitó la intervención de la CNDH ante hechos probablemente violatorios de los derechos fundamentales en contra de su esposo y su familia por parte de elementos militares asignados en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, quienes al ejecutar distintos operativos incurrieron en probables violaciones a las garantías de esa familia.
“El propósito de las disposiciones precautorias solicitadas es salvaguardar y garantizar el respeto a las garantías de esa familia, así como prevenir la comisión de actos de difícil o imposible reparación”, alertó Soberanes Fernández a Galván en su petición.
El ombudsman nacional subraya que la solicitud de medidas precautorias tiene que ver con que las diligencias o actuaciones practicadas por elementos del Ejército Mexicano en contra de integrantes de la familia Armendáriz Guevara “sean con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se efectúen únicamente con la orden judicial correspondiente, conforme lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa solicitud de intervención por parte de la autoridad administrativa civil”.
Soberanes también pide que aquellos que resulten detenidos en delito flagrante sean puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público Federal, como lo dictamina el artículo 16 constitucional y el 117 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La Jornada, 20 de junio.
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