La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República prepara una serie de modificaciones legales para el combate al tráfico de armas y su uso ilegal, a partir de un diagnóstico de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que detalla que en México hay 17 puntos de entrada de armamento en la frontera norte.
Además, en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), efectuada en mayo pasado, se abordó el tema de la Ley Marco sobre Desarme, y en ese encuentro se destacó que “en el Distrito Federal casi dos personas al día son detenidas portando armas, y en otros estados es claro cómo los narcotraficantes y secuestradores usan armamento militar de alto poder, como misiles y cohetes teledirigidos”.
En el documento de trabajo que se entregó a los legisladores participantes se resalta que “las armas pequeñas están proliferando en todas partes; cada vez los ciudadanos las adquieren en mayor cantidad y más poderosas”.
Se indica en el documento de trabajo que en el mundo hay un arma de fuego por cada siete personas; sin embargo, se precisa que si no se cuenta a Estados Unidos esa cifra disminuye a un arma por cada 10 personas, ya que “con menos de 5 por ciento de la población mundial, en Estados Unidos están entre 35 y 50 por ciento del total de las armas en manos de civiles en el mundo”.
En ese diagnóstico se detalla que otras sociedades propietarias de armas tienden a ser grandes países como China e India; ricos, como Alemania, Francia, Italia, España, Inglaterra y Gales, o tener historias recientes de intenso conflicto armado, como Colombia y Angola, en las que la tenencia de arsenales por parte de civiles es de las más grandes.
El documento de trabajo de los legisladores del Parlatino refiere que “la población civil en el mundo es propietaria de aproximadamente 650 millones de un total de 875 millones de armas de fuego, incluidas las que están en manos de civiles, fuerzas públicas y militares. Los ciudadanos estadunidenses poseen alrededor de 270 millones de armas, lo que se traduce en un aproximado de 90 por cada 100 personas”.
De igual forma, en el diagnóstico se apunta que “más de la mitad de las armas fabricadas en el mundo son compradas en Estados Unidos; 17 estados son propietarios de la tecnología de producción de armas pequeñas, mientras que otros 52 la han adquirido”.
En la propuesta de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se consideran los siguientes puntos: en el artículo tercero se enumeran nuevas definiciones aplicables a esta ley, entre las que destacan: acopio de armas, almacenamiento, ametralladora, arma automática, de avancarga, de disparo único o monotiro, arma de fuego, de repetición, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, semiautomática, artificio para explosivos, calibre, calibre nominal, escopeta, gauge, pirotecnia industrial, pistola, portación de arma, revólver, rifle o fusil y subametralladora, entre otros.
Se actualizan los conceptos sobre armas y municiones de uso exclusivo para el Ejército y las que puedan usar particulares, corporaciones policiacas públicas y privadas, y se detalla la necesidad de “desmantelar las redes del tráfico de armamento que, pareciera, están perfectamente detectadas, pero que por alguna razón logística o política nadie se atreve a tocar”.
También se indica que entre las fuerzas armadas se opina que el esfuerzo debe encaminarse a evitar el ingreso ilegal de armamento por las fronteras nacionales, para lo cual se deberá atacar la corrupción en las aduanas, entre otras medidas, como revertir los índices de inseguridad que reportan tendencia al alza.
Asunto de seguridad nacional
En el país se debe tipificar el tráfico de armas como asunto de seguridad nacional. Actualmente predomina la visión como un problema de seguridad pública. Ello implicaría diseñar estrategias para combatir las causas estructurales que han dado lugar a un incremento en la demanda ciudadana por adquirir armas convencionales.
Se precisa que “el problema no se reduce al crimen organizado o delincuente común como demandante de armamento, sino también al ciudadano que se siente desamparado y busca tener un medio de defensa. Esta situación –se subraya– se agudiza en las zonas rurales, donde incluso en comunidades se han tenido que organizar grupos de autodefensa que luego son concebidos por las fuerzas de seguridad como grupos armados al servicio del crimen organizado o de la subversión”.
Además, en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), efectuada en mayo pasado, se abordó el tema de la Ley Marco sobre Desarme, y en ese encuentro se destacó que “en el Distrito Federal casi dos personas al día son detenidas portando armas, y en otros estados es claro cómo los narcotraficantes y secuestradores usan armamento militar de alto poder, como misiles y cohetes teledirigidos”.
En el documento de trabajo que se entregó a los legisladores participantes se resalta que “las armas pequeñas están proliferando en todas partes; cada vez los ciudadanos las adquieren en mayor cantidad y más poderosas”.
Se indica en el documento de trabajo que en el mundo hay un arma de fuego por cada siete personas; sin embargo, se precisa que si no se cuenta a Estados Unidos esa cifra disminuye a un arma por cada 10 personas, ya que “con menos de 5 por ciento de la población mundial, en Estados Unidos están entre 35 y 50 por ciento del total de las armas en manos de civiles en el mundo”.
En ese diagnóstico se detalla que otras sociedades propietarias de armas tienden a ser grandes países como China e India; ricos, como Alemania, Francia, Italia, España, Inglaterra y Gales, o tener historias recientes de intenso conflicto armado, como Colombia y Angola, en las que la tenencia de arsenales por parte de civiles es de las más grandes.
El documento de trabajo de los legisladores del Parlatino refiere que “la población civil en el mundo es propietaria de aproximadamente 650 millones de un total de 875 millones de armas de fuego, incluidas las que están en manos de civiles, fuerzas públicas y militares. Los ciudadanos estadunidenses poseen alrededor de 270 millones de armas, lo que se traduce en un aproximado de 90 por cada 100 personas”.
De igual forma, en el diagnóstico se apunta que “más de la mitad de las armas fabricadas en el mundo son compradas en Estados Unidos; 17 estados son propietarios de la tecnología de producción de armas pequeñas, mientras que otros 52 la han adquirido”.
En la propuesta de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se consideran los siguientes puntos: en el artículo tercero se enumeran nuevas definiciones aplicables a esta ley, entre las que destacan: acopio de armas, almacenamiento, ametralladora, arma automática, de avancarga, de disparo único o monotiro, arma de fuego, de repetición, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, semiautomática, artificio para explosivos, calibre, calibre nominal, escopeta, gauge, pirotecnia industrial, pistola, portación de arma, revólver, rifle o fusil y subametralladora, entre otros.
Se actualizan los conceptos sobre armas y municiones de uso exclusivo para el Ejército y las que puedan usar particulares, corporaciones policiacas públicas y privadas, y se detalla la necesidad de “desmantelar las redes del tráfico de armamento que, pareciera, están perfectamente detectadas, pero que por alguna razón logística o política nadie se atreve a tocar”.
También se indica que entre las fuerzas armadas se opina que el esfuerzo debe encaminarse a evitar el ingreso ilegal de armamento por las fronteras nacionales, para lo cual se deberá atacar la corrupción en las aduanas, entre otras medidas, como revertir los índices de inseguridad que reportan tendencia al alza.
Asunto de seguridad nacional
En el país se debe tipificar el tráfico de armas como asunto de seguridad nacional. Actualmente predomina la visión como un problema de seguridad pública. Ello implicaría diseñar estrategias para combatir las causas estructurales que han dado lugar a un incremento en la demanda ciudadana por adquirir armas convencionales.
Se precisa que “el problema no se reduce al crimen organizado o delincuente común como demandante de armamento, sino también al ciudadano que se siente desamparado y busca tener un medio de defensa. Esta situación –se subraya– se agudiza en las zonas rurales, donde incluso en comunidades se han tenido que organizar grupos de autodefensa que luego son concebidos por las fuerzas de seguridad como grupos armados al servicio del crimen organizado o de la subversión”.
Víctor Ballinas, La Jornada, 17 de junio.
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