A partir de hoy entrará en vigor la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, con la cual nuestro país adoptará un nuevo sistema de justicia penal "mucho más moderno y mucho más efectivo", plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados.
Los juicios se desarrollarán plenamente en audiencias orales y públicas, ante la presencia obligatoria de un juez, que también obligadamente presenciará el desahogo de las pruebas y los alegatos.
Para combatir a la delincuencia organizada, las autoridades contarán con nuevas figuras como el arraigo y la extinción de dominio a favor del Estado de bienes asegurados producto de ilícitos.
Al firmar el decreto de la citada enmienda constitucional, una vez que concluyó su trámite por el Constituyente Permanente, el presidente Felipe Calderón señaló: "Esta es quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo, y quizá sólo comparable con la transición del sistema puramente inquisitorial, que rigió hasta principios del siglo pasado, al sistema mixto que operaba hasta ahora".
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, ante miembros de su gabinete de seguridad y representantes de los Poderes Judicial y Legislativo, así como especialistas en el tema, el presidente Calderón detalló:
Las enmiendas dieron como resultado facultades de investigación a las policías que ahora actuarán bajo la conducción del Ministerio Público; se fortalecen las facultades de las instituciones policiacas para la investigación preventiva y se establecerán nuevas medidas a favor de las víctimas como el de recibir asesoría jurídica, de coadyuvar con el Ministerio Público e incluso intervenir en el juicio, recibir atención médica y psicológica cuando sea necesario.
Otra de las nuevas medidas incluye el establecimiento de centros especiales de reclusión preventiva y exclusión de sentencias que contarán con medidas de vigilancia especial para criminales de la delincuencia organizada.
Se establece constitucionalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual los tres órdenes de gobierno ahora deberán homologar reglas para seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar constantemente, reconocer y certificar a los policías del país.
Asimismo, se establecen medios alternativos de solución de controversias a fin de restituir al agraviado en el goce de sus derechos, lo cual permitirá que asuntos meramente civiles o comerciales se discriminalicen y que pueda haber un espacio para el entendimiento y la razón.
Se sientan las bases para crear una defensoría pública más eficiente y profesional que permitirá terminar con historias en las que muchas personas iban a la cárcel por no contar con los recursos para pagar un abogado, y con ello tener acceso a la defensa adecuada.
Destacó que con estas reformas, las autoridades tendrán nuevas y mejores herramientas constitucionales para combatir a la delincuencia organizada. "Con esta reforma que entra en vigor, los mexicanos damos un paso fundamental en nuestra lucha para que México prospere como una nación de leyes y libertades, cuyo progreso se funde en la paz, el orden, la justicia y la legalidad".
En su mensaje, el mandatario federal afirmó que la lucha contra las bandas criminales no es sólo una lucha del gobierno, sino una tarea de los tres órdenes de gobierno, del Estado y de la sociedad.
Calderón hizo público reconocimiento a los legisladores y a las legislaturas locales, a los especialistas y expertos de diversas disciplinas que participaron en esta importante reforma, por analizarla, enriquecerla y finalmente aprobarla.
Sostuvo que para que esta reforma rinda los frutos esperados, requiere de una cuidadosa y meticulosa implementación en el territorio nacional y del compromiso y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, "porque sólo trabajando con unidad podremos fortalecer al Estado frente a la delincuencia y el crimen", enfatizó.
Al referirse a los Congresos estatales, el presidente Calderón dijo que ahora éstos tienen el reto de adoptar en la legislación local los mandatos consagrados en la Constitución.
Los poderes judiciales también deberán realizar las adecuaciones necesarias para adoptar el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, lo que permitirá la respuesta a la justa demanda de los ciudadanos por un acceso efectivo a la justicia.
Y los poderes Ejecutivos, federal y locales tendrán que actuar de inmediato para la indispensable reorganización de las instituciones encargadas de la seguridad en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Los juicios se desarrollarán plenamente en audiencias orales y públicas, ante la presencia obligatoria de un juez, que también obligadamente presenciará el desahogo de las pruebas y los alegatos.
Para combatir a la delincuencia organizada, las autoridades contarán con nuevas figuras como el arraigo y la extinción de dominio a favor del Estado de bienes asegurados producto de ilícitos.
Al firmar el decreto de la citada enmienda constitucional, una vez que concluyó su trámite por el Constituyente Permanente, el presidente Felipe Calderón señaló: "Esta es quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo, y quizá sólo comparable con la transición del sistema puramente inquisitorial, que rigió hasta principios del siglo pasado, al sistema mixto que operaba hasta ahora".
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, ante miembros de su gabinete de seguridad y representantes de los Poderes Judicial y Legislativo, así como especialistas en el tema, el presidente Calderón detalló:
Las enmiendas dieron como resultado facultades de investigación a las policías que ahora actuarán bajo la conducción del Ministerio Público; se fortalecen las facultades de las instituciones policiacas para la investigación preventiva y se establecerán nuevas medidas a favor de las víctimas como el de recibir asesoría jurídica, de coadyuvar con el Ministerio Público e incluso intervenir en el juicio, recibir atención médica y psicológica cuando sea necesario.
Otra de las nuevas medidas incluye el establecimiento de centros especiales de reclusión preventiva y exclusión de sentencias que contarán con medidas de vigilancia especial para criminales de la delincuencia organizada.
Se establece constitucionalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual los tres órdenes de gobierno ahora deberán homologar reglas para seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar constantemente, reconocer y certificar a los policías del país.
Asimismo, se establecen medios alternativos de solución de controversias a fin de restituir al agraviado en el goce de sus derechos, lo cual permitirá que asuntos meramente civiles o comerciales se discriminalicen y que pueda haber un espacio para el entendimiento y la razón.
Se sientan las bases para crear una defensoría pública más eficiente y profesional que permitirá terminar con historias en las que muchas personas iban a la cárcel por no contar con los recursos para pagar un abogado, y con ello tener acceso a la defensa adecuada.
Destacó que con estas reformas, las autoridades tendrán nuevas y mejores herramientas constitucionales para combatir a la delincuencia organizada. "Con esta reforma que entra en vigor, los mexicanos damos un paso fundamental en nuestra lucha para que México prospere como una nación de leyes y libertades, cuyo progreso se funde en la paz, el orden, la justicia y la legalidad".
En su mensaje, el mandatario federal afirmó que la lucha contra las bandas criminales no es sólo una lucha del gobierno, sino una tarea de los tres órdenes de gobierno, del Estado y de la sociedad.
Calderón hizo público reconocimiento a los legisladores y a las legislaturas locales, a los especialistas y expertos de diversas disciplinas que participaron en esta importante reforma, por analizarla, enriquecerla y finalmente aprobarla.
Sostuvo que para que esta reforma rinda los frutos esperados, requiere de una cuidadosa y meticulosa implementación en el territorio nacional y del compromiso y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, "porque sólo trabajando con unidad podremos fortalecer al Estado frente a la delincuencia y el crimen", enfatizó.
Al referirse a los Congresos estatales, el presidente Calderón dijo que ahora éstos tienen el reto de adoptar en la legislación local los mandatos consagrados en la Constitución.
Los poderes judiciales también deberán realizar las adecuaciones necesarias para adoptar el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, lo que permitirá la respuesta a la justa demanda de los ciudadanos por un acceso efectivo a la justicia.
Y los poderes Ejecutivos, federal y locales tendrán que actuar de inmediato para la indispensable reorganización de las instituciones encargadas de la seguridad en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Cecilia Téllez Cortés, Crónica 18 de junio.
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