BRUSELAS.- Las reacciones de algunos Mandatarios latinoamericanos ante la nueva ley migratoria en el Viejo Continente son exageradas, por lo que habría que explicarla a detalle para evitar malinterpretaciones, consideraron ayer líderes de la Unión Europea (UE).
El bloque comunitario aprobó esta semana que los inmigrantes indocumentados puedan ser detenidos durante 18 meses y enfrentar prohibiciones para su reingreso a los 27 países de la UE hasta por cinco años.
El Presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó el jueves con cancelar inversiones y suspender el suministro de petróleo a los países europeos que se acogieran a la norma que endurece las medidas contra los inmigrantes.
En respuesta, el Jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que su Administración estaba preparada para explicar los alcances de la nueva ley al propio Chávez y a todos los Mandatarios latinoamericanos.
"El Ministro español de Asuntos Exteriores (Miguel Ángel Moratinos) lo hará, si es necesario, para que la relación de Europa con todos los países latinoamericanos siga siendo positiva", agregó Zapatero durante una cumbre de dos días de la Unión Europea.
También el Primer Ministro de Eslovenia, Janez Jansa, cuyo país ostenta la Presidencia de la UE hasta finales de mes, consideró que las reacciones iracundas de algunos Gobiernos latinoamericanos son fruto del desconocimiento de las implicaciones de la nueva ley.
"Las primeras reacciones son, quizá, exageradas, quizá vienen de no entender lo que esto significa", afirmó. "Alguien, quizá, leyó un artículo en los diarios y no entendió realmente qué tipo de amenazas puede o no ser esto".
Los funcionarios europeos argumentan que el bloque necesita normas más estrictas para controlar la inmigración ilegal, a fin de convencer a los votantes para que acepten a los indocumentados.
Sin embargo, en Latinoamérica, además de Venezuela, varios países y organismos han reaccionado contra la medida.
Los miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela en proceso de adhesión) y sus asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) ratificaron ayer en una declaración conjunta su compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad.
Además, el bloque sudamericano, cuya secretaría ostenta actualmente Argentina, destacó la necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios.
En tanto, el Presidente de Perú, Alan García, anunció que pedirá al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que convoque a una asamblea general para discutir el tema.
"Nosotros tenemos que defender a los connacionales y decimos que, por liberarse de unos cuantos, no se puede afectar a millones de latinoamericanos que allí existen. No es justo: lo haremos saber", expresó el Mandatario.
Sin embargo, García indicó que su Gobierno optará por actuar diplomáticamente y que evalúa el envío de misiones especiales ante los Gobiernos europeos, por lo que descartó alguna represalia, como bloqueo comercial o cierre de fronteras.
Bolivia adoptará la misma acción al enviar funcionarios consulares a Europa del 7 al 11 de julio para sostener reuniones con autoridades europeas, informó en La Paz el Canciller David Choquehuanca.
Embajadores de la UE en el país sudamericano explicaron al Presidente Evo Morales que la polémica directiva de retorno podrá ser humanizada mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.
En tanto, en Ecuador, la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena Escudero, advirtió que el diálogo político entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el bloque europeo para alcanzar un tratado de libre comercio no puede continuar si se ignoran los reclamos ante las nuevas leyes de inmigración.
El Presidente Rafael Correa ya había calificado a la nueva legislación como una vergüenza para Europa.
El bloque comunitario aprobó esta semana que los inmigrantes indocumentados puedan ser detenidos durante 18 meses y enfrentar prohibiciones para su reingreso a los 27 países de la UE hasta por cinco años.
El Presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó el jueves con cancelar inversiones y suspender el suministro de petróleo a los países europeos que se acogieran a la norma que endurece las medidas contra los inmigrantes.
En respuesta, el Jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que su Administración estaba preparada para explicar los alcances de la nueva ley al propio Chávez y a todos los Mandatarios latinoamericanos.
"El Ministro español de Asuntos Exteriores (Miguel Ángel Moratinos) lo hará, si es necesario, para que la relación de Europa con todos los países latinoamericanos siga siendo positiva", agregó Zapatero durante una cumbre de dos días de la Unión Europea.
También el Primer Ministro de Eslovenia, Janez Jansa, cuyo país ostenta la Presidencia de la UE hasta finales de mes, consideró que las reacciones iracundas de algunos Gobiernos latinoamericanos son fruto del desconocimiento de las implicaciones de la nueva ley.
"Las primeras reacciones son, quizá, exageradas, quizá vienen de no entender lo que esto significa", afirmó. "Alguien, quizá, leyó un artículo en los diarios y no entendió realmente qué tipo de amenazas puede o no ser esto".
Los funcionarios europeos argumentan que el bloque necesita normas más estrictas para controlar la inmigración ilegal, a fin de convencer a los votantes para que acepten a los indocumentados.
Sin embargo, en Latinoamérica, además de Venezuela, varios países y organismos han reaccionado contra la medida.
Los miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela en proceso de adhesión) y sus asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) ratificaron ayer en una declaración conjunta su compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad.
Además, el bloque sudamericano, cuya secretaría ostenta actualmente Argentina, destacó la necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios.
En tanto, el Presidente de Perú, Alan García, anunció que pedirá al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que convoque a una asamblea general para discutir el tema.
"Nosotros tenemos que defender a los connacionales y decimos que, por liberarse de unos cuantos, no se puede afectar a millones de latinoamericanos que allí existen. No es justo: lo haremos saber", expresó el Mandatario.
Sin embargo, García indicó que su Gobierno optará por actuar diplomáticamente y que evalúa el envío de misiones especiales ante los Gobiernos europeos, por lo que descartó alguna represalia, como bloqueo comercial o cierre de fronteras.
Bolivia adoptará la misma acción al enviar funcionarios consulares a Europa del 7 al 11 de julio para sostener reuniones con autoridades europeas, informó en La Paz el Canciller David Choquehuanca.
Embajadores de la UE en el país sudamericano explicaron al Presidente Evo Morales que la polémica directiva de retorno podrá ser humanizada mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.
En tanto, en Ecuador, la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena Escudero, advirtió que el diálogo político entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el bloque europeo para alcanzar un tratado de libre comercio no puede continuar si se ignoran los reclamos ante las nuevas leyes de inmigración.
El Presidente Rafael Correa ya había calificado a la nueva legislación como una vergüenza para Europa.
Reforma, 21 de junio.
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