Organizaciones civiles demandaron al Senado de la República promover un juicio político contra José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de revisar su desempeño y posible remoción, porque su actuación ha sido “vergonzosa”.
En conferencia de prensa, representantes de los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, Red por los Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro Nacional de Comunicación, entre otros, denunciaron que la CNDH dispone de un presupuesto de 866 millones de pesos y la mayor parte de su gasto se ejerce en funciones administrativas y servicios personales.
Dijeron que en este año la CNDH ejercerá sólo por concepto de estímulos y bonos 105.5 millones de pesos, más de tres veces el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en contrataciones externas 65.5 millones de pesos.
Las organizaciones lamentaron la posición y el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la salida del representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
José Luis Soberanes envió el 24 de marzo una carta a la comisionada Louise Arbour, en la que planteó su inconformidad derivada de la postura asumida por Incalcaterra ante el informe presentado por Human Rights Watch sobre el trabajo de la CNDH.
Al hacer un recuento de la relación entre Amerigo Icalcaterra y la CNDH, los organismos no gubernamentales indicaron que José Luis Soberanes mantuvo una permanente oposición al trabajo de los representantes de esa oficina. Un ejemplo, dijeron, es la ausencia que tuvo en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el 2000, en el Diagnóstico de los Derechos Humanos en el 2001 y en el Programa Nacional de Derechos Humanos del 2002.
En conferencia de prensa, representantes de los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, Red por los Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro Nacional de Comunicación, entre otros, denunciaron que la CNDH dispone de un presupuesto de 866 millones de pesos y la mayor parte de su gasto se ejerce en funciones administrativas y servicios personales.
Dijeron que en este año la CNDH ejercerá sólo por concepto de estímulos y bonos 105.5 millones de pesos, más de tres veces el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en contrataciones externas 65.5 millones de pesos.
Las organizaciones lamentaron la posición y el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la salida del representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
José Luis Soberanes envió el 24 de marzo una carta a la comisionada Louise Arbour, en la que planteó su inconformidad derivada de la postura asumida por Incalcaterra ante el informe presentado por Human Rights Watch sobre el trabajo de la CNDH.
Al hacer un recuento de la relación entre Amerigo Icalcaterra y la CNDH, los organismos no gubernamentales indicaron que José Luis Soberanes mantuvo una permanente oposición al trabajo de los representantes de esa oficina. Un ejemplo, dijeron, es la ausencia que tuvo en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el 2000, en el Diagnóstico de los Derechos Humanos en el 2001 y en el Programa Nacional de Derechos Humanos del 2002.
Eugenia Jiménez, Milenio, 2 de junio.
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