El Presidente Felipe Calderón pidió ayer más responsabilidad a la ciudadanía y a los otros órdenes de gobierno para que rinda frutos la lucha contra el crimen organizado.
En Palacio Nacional, el mandatario firmó ayer el Decreto mediante el cual entrará en vigor la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública.
Orador en la ceremonia, el priista César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, afirmó que la tarea de combatir al crimen atañe "fundamentalmente" al Poder Ejecutivo Federal, aunque luego aclaró que en ese empeño "nunca estará solo".
En su discurso, el Presidente dio puntual réplica al diputado y ex Gobernador del Estado de México.
"Esta, la lucha contra la criminalidad y por la seguridad pública no es una lucha del Gobierno: es una lucha de toda la sociedad, del Estado mexicano, integrado por los mexicanos y sus autoridades", acotó.
"No habrá seguridad garantizada mientras se asuma que la lucha por la seguridad pública es tarea de un solo orden de Gobierno, sea el Federal o cualquier otro; es una responsabilidad de todas las autoridades, de todos los órdenes del Gobierno y un esfuerzo que requiere la colaboración de la ciudadanía", enfatizó.
Por lo pronto, Calderón estimó que la reforma es la más relevante efectuada el sistema penal en mucho tiempo.
Entre los beneficios que trae consigo la reforma el Presidente mencionó la adopción de un sistema de justicia penal con juicios orales y procesos simplificados, que permitirá que la etapa de investigación de los delitos sea más ágil.
También las facultades de investigación a las policías y las medidas en favor de los derechos de las víctimas, como recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público e intervenir en su juicio; recibir atención médica y psicológica, fortalecer instrumentos para la reparación del daño o bien mantener en secreto su identidad y sus datos personales en casos los que su seguridad así lo requiera.
A tono con el discurso presidencial, Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, dijo que el problema de la inseguridad pública no se resolverá sólo con más dinero, con más policías o con mejores leyes.
Es necesario, dijo, que la sociedad asuma los valores cívicos y democráticos y haga de la denuncia un hábito.
En Palacio Nacional, el mandatario firmó ayer el Decreto mediante el cual entrará en vigor la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública.
Orador en la ceremonia, el priista César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, afirmó que la tarea de combatir al crimen atañe "fundamentalmente" al Poder Ejecutivo Federal, aunque luego aclaró que en ese empeño "nunca estará solo".
En su discurso, el Presidente dio puntual réplica al diputado y ex Gobernador del Estado de México.
"Esta, la lucha contra la criminalidad y por la seguridad pública no es una lucha del Gobierno: es una lucha de toda la sociedad, del Estado mexicano, integrado por los mexicanos y sus autoridades", acotó.
"No habrá seguridad garantizada mientras se asuma que la lucha por la seguridad pública es tarea de un solo orden de Gobierno, sea el Federal o cualquier otro; es una responsabilidad de todas las autoridades, de todos los órdenes del Gobierno y un esfuerzo que requiere la colaboración de la ciudadanía", enfatizó.
Por lo pronto, Calderón estimó que la reforma es la más relevante efectuada el sistema penal en mucho tiempo.
Entre los beneficios que trae consigo la reforma el Presidente mencionó la adopción de un sistema de justicia penal con juicios orales y procesos simplificados, que permitirá que la etapa de investigación de los delitos sea más ágil.
También las facultades de investigación a las policías y las medidas en favor de los derechos de las víctimas, como recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público e intervenir en su juicio; recibir atención médica y psicológica, fortalecer instrumentos para la reparación del daño o bien mantener en secreto su identidad y sus datos personales en casos los que su seguridad así lo requiera.
A tono con el discurso presidencial, Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, dijo que el problema de la inseguridad pública no se resolverá sólo con más dinero, con más policías o con mejores leyes.
Es necesario, dijo, que la sociedad asuma los valores cívicos y democráticos y haga de la denuncia un hábito.
Mayolo López, Reforma, 18 de junio.
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