Rechaza Insulza voces del hemisferio para actuar “de oficio” en el conflicto Quito-Bogotá

Medellín, 1º de junio. La 38 asamblea general de la Organización de estados Americanos (OEA) comenzó hoy en esta ciudad del noroeste de Colombia, en medio de las tensiones entre Quito y Bogotá, que mantienen sus relaciones rotas desde el 2 de marzo, luego del bombardeo del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador, en el que fue abatido el comandante insurgente Raúl Reyes.

Poco antes de la inauguración, la canciller ecuatoria- na María Isabel Salvador demandó a la OEA que asuma la investigación de los documentos que Colombia dice haber hallado durante ese operativo en computadoras incautadas a las FARC, en las cuales habría archivos con información que vinculan a los guerrilleros colombianos con los gobiernos vecinos de Ecuador y Venezuela.

Durante la ceremonia de apertura de la reunión de tres días, el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, dijo que hasta la noche de este domingo no había recibido la solicitud de Quito, pero anticipó que el organismo le dará “toda la atención e importancia que corresponde”, pese a que semanas atrás fuentes del organismo dijeron que la OEA no dispone de recursos técnicos y humanos para realizar un peritaje de las computadoras.

Insulza ocupó su discur- so para destacar los avances políticos, económicos y sociales de América Latina, pero al diferendo colombo-ecuatoriano y al incremento incesante de los precios de alimentos dedicó más tiempo que a ningún otro asunto.

El ex canciller chileno fue cauteloso al referirse al origen de los documentos que el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe ha utilizado para tratar de evidenciar los nexos entre las FARC y funcionarios ecuatorianos y venezolanos, lo que ha sido rechazado por Quito y Caracas, que acusan a Bogotá de sostener una campaña mediática en su contra, con la intención de anular ante la opinión pública los nexos entre políticos cercanos a Uribe, paramilitares y narcotraficantes.

“Las últimas semanas han presenciado un recrudecimiento de las expresiones verbales entre países miembros, que no ayudan de manera alguna a superar las tensiones existentes. La publicación de documentos provenientes de computadores que se habrían incautado con ocasión del ataque del primero de marzo ha exacerbado el debate. No han faltado requerimientos de distintos sectores para que la OEA intervenga en este asunto a objeto de establecer los hechos y las responsabilidades que corresponden.

Rechazó además la sugerencia proveniente de algunas voces del hemisferio para que la secretaría general de la OEA actúe “de oficio” en el conflicto andino con el argumento de que una acción en ese sentido llevaría a contradecir la naturaleza misma de la institución, que es una organización de Estados, y de la secretaría”.

También durante la inauguración Uribe se refirió al conflicto con Ecuador –derivado del bombardeo a territorio ecuatoriano donde estaba un campamento de las FARC y en el que murieron 23 personas, incluido el comandante Reyes– y ahí reiteró su ofrecimiento de disculpas a Quito, lo que el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha considerado insuficiente en tanto que no cesen los ataques políticos y las acusaciones basadas en los supuestos documentos de la computadora de Reyes.

Insulza evitó calificar a las FARC de “terroristas” aunque advirtió que han cometido actos que van en contra de acuerdos regionales. Consideró además legítimas las peticiones de los dos países en conflicto.

“Tan importantes como la solución del incidente, sin embargo, son las lecciones que éste ha dejado y que, en mi opinión, deben ser tomadas en consideración no sólo por los directamente afectados sino por todos los países que componen el sistema interamericano”, dijo Insulza.

“Ciertamente, cuando un país integrante de la OEA enfrenta la acción de un grupo armado que, como es el caso de las FARC en Colombia, ha cometido actos tipificados como terroristas en nuestra Convención Interamericana contra el Terrorismo, tiene el derecho de solicitar el apoyo de los demás estados integrantes para combatir ese flagelo.

“Al mismo tiempo, sus vecinos deben también velar por-que esas acciones no afecten la paz y tranquilidad de sus propios pueblos. El logro de ambos objetivos sólo es posible mediante la cooperación, el intercambio permanente de información y el desarrollo de medidas de confianza y apoyo mutuo, que esperamos forjar entre ellos”, manifestó.

DPA y AFP, La Jornada, 2 de junio.


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