WASHINGTON.- La Cámara de Representantes aprobó ayer un texto que dota a México con 340 millones de dólares en ayuda antinarco sin condiciones y que suaviza candados en derechos humanos para liberar otros 60 millones.
El texto sobre la partida 2008 del Plan Mérida, anexado a un paquete presupuestal interno aprobado por 416 votos contra 12, elimina dos duros candados impuestos en mayo por el Senado que implicarían cambios constitucionales en México.
"Hicimos todo un esfuerzo para encontrar un texto que tuviera condiciones que los dos países pudieran aceptar", aseguró el congresista demócrata Xavier Becerra, asistente especial de la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi.
Los candados eliminadas son: el obligar a llevar al ámbito civil a los militares acusados de violar derechos humanos y reforzar la autoridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sobre los candados restantes impuestos a los 60 millones, se eliminó la obligatoriedad de que el Departamento de Estado emita "determinaciones" sobre si México está cumpliendo y sólo exige entregar "reportes" al Congreso sin emitir juicios.
"Es una buena señal que se haya buscado un lenguaje que promueve el diálogo permanente de cooperación bilateral por encima de la certificación", opinó Andrew Selee, director del Instituto México del Woodrow Wilson Center.
Los cuatro candados restantes que fueron suavizados hacen referencia a la ley mexicana e internacional, como crear un mecanismo de consulta entre el Gobierno mexicano y la sociedad civil sobre la Iniciativa.
La única referencia a las Fuerzas militares es que cooperen con las autoridades civiles cuando haya acusaciones de derechos humanos, según la ley mexicana e internacional.
"Lo que se está poniendo en el papel aquí (sobre militares) no es algo ajeno a aquellas obligaciones internacionales con las que México ya debiera cumplir", aseguró Francisco Quintana, experto en derecho internacional y derechos humanos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Las otras condiciones sobre el 15 por ciento de la ayuda incluyen no usar la tortura para testimonios y crear mecanismos de quejas dentro de corporaciones policiales, según establezca la ley mexicana.
Consensado durante una negociación bicameral que concluyó el 9 de junio, el texto aprobado por la Cámara baja deberá ser palomeado todavía por la Cámara Alta, la próxima semana, junto con el resto del paquete presupuestal.
De ser aprobado sin cambios por el Senado, el paquete presupuestal con la Iniciativa Mérida deberá ser promulgada por el Presidente George W. Bush.
El texto aprobado ayer permite que los 340 millones que no están sujetos a condiciones estén disponibles de inmediato, luego que el Ejecutivo entregue un plan de gastos a más tardar 45 días después de la promulgación de la ley.
El texto sobre la partida 2008 del Plan Mérida, anexado a un paquete presupuestal interno aprobado por 416 votos contra 12, elimina dos duros candados impuestos en mayo por el Senado que implicarían cambios constitucionales en México.
"Hicimos todo un esfuerzo para encontrar un texto que tuviera condiciones que los dos países pudieran aceptar", aseguró el congresista demócrata Xavier Becerra, asistente especial de la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi.
Los candados eliminadas son: el obligar a llevar al ámbito civil a los militares acusados de violar derechos humanos y reforzar la autoridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sobre los candados restantes impuestos a los 60 millones, se eliminó la obligatoriedad de que el Departamento de Estado emita "determinaciones" sobre si México está cumpliendo y sólo exige entregar "reportes" al Congreso sin emitir juicios.
"Es una buena señal que se haya buscado un lenguaje que promueve el diálogo permanente de cooperación bilateral por encima de la certificación", opinó Andrew Selee, director del Instituto México del Woodrow Wilson Center.
Los cuatro candados restantes que fueron suavizados hacen referencia a la ley mexicana e internacional, como crear un mecanismo de consulta entre el Gobierno mexicano y la sociedad civil sobre la Iniciativa.
La única referencia a las Fuerzas militares es que cooperen con las autoridades civiles cuando haya acusaciones de derechos humanos, según la ley mexicana e internacional.
"Lo que se está poniendo en el papel aquí (sobre militares) no es algo ajeno a aquellas obligaciones internacionales con las que México ya debiera cumplir", aseguró Francisco Quintana, experto en derecho internacional y derechos humanos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Las otras condiciones sobre el 15 por ciento de la ayuda incluyen no usar la tortura para testimonios y crear mecanismos de quejas dentro de corporaciones policiales, según establezca la ley mexicana.
Consensado durante una negociación bicameral que concluyó el 9 de junio, el texto aprobado por la Cámara baja deberá ser palomeado todavía por la Cámara Alta, la próxima semana, junto con el resto del paquete presupuestal.
De ser aprobado sin cambios por el Senado, el paquete presupuestal con la Iniciativa Mérida deberá ser promulgada por el Presidente George W. Bush.
El texto aprobado ayer permite que los 340 millones que no están sujetos a condiciones estén disponibles de inmediato, luego que el Ejecutivo entregue un plan de gastos a más tardar 45 días después de la promulgación de la ley.
José Díaz Briseño, corresponsal, Reforma, 20 de junio.
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