La cantidad de inmigrantes cubanos detenidos en México fue de 254 en 2002, y de mil 359 el año pasado. Sólo hasta abril de 2008 sumaron casi mil. Son el rostro de un negocio manejado por traficantes en presunta colusión con autoridades.
Las cifras son del Instituto Nacional de Migración (INM) que, sin embargo, estima serían muchos más los inmigrantes cubanos sin visas legales, pues hay detenidos cuyo registro desaparece tras pagar un soborno y otros que nunca son detectados.
El gobierno cubano restringe los permisos para salir del país. Sin embargo, hay un flujo continuo de emigrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
En la noche del 12 de junio, un comando armado detuvo a un autobús del INM que trasladaba por una carretera de Chiapas a 33 cubanos y cuatro guatemaltecos, previamente arrestados, y los rescató.
Hasta ahora se ignora su paradero y las autoridades investigan a varios funcionarios con la sospecha de que tienen responsabilidad en el hecho.
Versiones opuestas
Versiones de prensa no confirmadas aseguran que entre los viajeros había algunos conocidos disidentes del gobierno de Cuba. Además, se habla de que el operativo de liberación estuvo a cargo de una mafia vinculada a sectores anticastristas de la comunidad cubana residente en Miami, Estados Unidos.
El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, afirmó que los responsables son sin ninguna duda parte de la “mafia de Miami” de la que, según dijo, participan los legisladores estadunidenses Mario y Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, del gobernante Partido Republicano.
Pero Eduardo Matías López, presidente de la no gubernamental Asociación Cubano-Mexicana y Casa del Balsero y el Emigrante Cubano, pone en duda esa versión.
“Aquí hay grupos de delincuentes que trafican con personas y drogas; secuestran y hacen de todo, pero sólo buscan dinero y no tienen relación con la política”, dijo Matías López a Ips.
“Las autoridades cubanas, igual que las mexicanas, están involucradas, todos los testimonios que tenemos lo indican”, añadió el líder de la Asociación Cubano-Mexicana.
Este grupo de corte opositor a La Habana y creado en 1996, brinda asesoramiento legal a viajeros cubanos que son detenidos en México, para evitar que sean devueltos a su país.
El activista aseguró que autoridades cubanas cobran de manera irregular 5 mil dólares por dejar salir a cada barco que trae emigrantes a México. Ya en este país, el viajero debe desembolsar 4 mil dólares más para tener una visa de turista o un permiso similar.
Según reportes del gobierno de México, la mayoría de los emigrantes cubanos organizan su viaje con grupos de traficantes que les cobran hasta 7 mil dólares. En total, el costo del trayecto llega a superar en muchos casos los 15 mil dólares.
Los traficantes recogen a los emigrantes en Cuba o en alta mar para trasladarlos, sin la documentación requerida, a distintos lugares de Quintana Roo. Luego retoman el viaje en barco o por tierra, siempre con rumbo a Estados Unidos.
En 2005, el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, denunció la existencia de una red de traficantes de personas que opera entre su país y Estados Unidos, a través de México.
México, con 3 mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos por la que cruzan sin permiso miles de personas cada año, rechaza la acusación y sostiene que combate con toda energía a los traficantes de seres humanos.
Hay dos categorías de cubanos que llegan a México, según el presidente de la Asociación Cubano-Mexicana.
El “deportable” es quien procede directamente de Cuba y nunca ha estado en otro país, y aquél que es candidato a “no ser deportado”. Este tipo corresponde a personas que registran en su pasaporte varios viajes al exterior, y a las que se les otorga una visa mexicana legal, cuyo costo es de 400 dólares.
Acusaciones mutuas
Según La Habana, la emigración es alentada por Washington, como parte de una confrontación política que los dos países sostienen desde los años 60. Pero Estados Unidos replica que el flujo de emigrantes obedece a la represión que ejerce el régimen socialista contra la población.
En virtud de la Ley de Ajuste Cubano, aprobada por Washington en 1966, los inmigrantes de ese país caribeño que pisen suelo estadunidense adquieren derecho automático a residir y trabajar.
Las cifras son del Instituto Nacional de Migración (INM) que, sin embargo, estima serían muchos más los inmigrantes cubanos sin visas legales, pues hay detenidos cuyo registro desaparece tras pagar un soborno y otros que nunca son detectados.
El gobierno cubano restringe los permisos para salir del país. Sin embargo, hay un flujo continuo de emigrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
En la noche del 12 de junio, un comando armado detuvo a un autobús del INM que trasladaba por una carretera de Chiapas a 33 cubanos y cuatro guatemaltecos, previamente arrestados, y los rescató.
Hasta ahora se ignora su paradero y las autoridades investigan a varios funcionarios con la sospecha de que tienen responsabilidad en el hecho.
Versiones opuestas
Versiones de prensa no confirmadas aseguran que entre los viajeros había algunos conocidos disidentes del gobierno de Cuba. Además, se habla de que el operativo de liberación estuvo a cargo de una mafia vinculada a sectores anticastristas de la comunidad cubana residente en Miami, Estados Unidos.
El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, afirmó que los responsables son sin ninguna duda parte de la “mafia de Miami” de la que, según dijo, participan los legisladores estadunidenses Mario y Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, del gobernante Partido Republicano.
Pero Eduardo Matías López, presidente de la no gubernamental Asociación Cubano-Mexicana y Casa del Balsero y el Emigrante Cubano, pone en duda esa versión.
“Aquí hay grupos de delincuentes que trafican con personas y drogas; secuestran y hacen de todo, pero sólo buscan dinero y no tienen relación con la política”, dijo Matías López a Ips.
“Las autoridades cubanas, igual que las mexicanas, están involucradas, todos los testimonios que tenemos lo indican”, añadió el líder de la Asociación Cubano-Mexicana.
Este grupo de corte opositor a La Habana y creado en 1996, brinda asesoramiento legal a viajeros cubanos que son detenidos en México, para evitar que sean devueltos a su país.
El activista aseguró que autoridades cubanas cobran de manera irregular 5 mil dólares por dejar salir a cada barco que trae emigrantes a México. Ya en este país, el viajero debe desembolsar 4 mil dólares más para tener una visa de turista o un permiso similar.
Según reportes del gobierno de México, la mayoría de los emigrantes cubanos organizan su viaje con grupos de traficantes que les cobran hasta 7 mil dólares. En total, el costo del trayecto llega a superar en muchos casos los 15 mil dólares.
Los traficantes recogen a los emigrantes en Cuba o en alta mar para trasladarlos, sin la documentación requerida, a distintos lugares de Quintana Roo. Luego retoman el viaje en barco o por tierra, siempre con rumbo a Estados Unidos.
En 2005, el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, denunció la existencia de una red de traficantes de personas que opera entre su país y Estados Unidos, a través de México.
México, con 3 mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos por la que cruzan sin permiso miles de personas cada año, rechaza la acusación y sostiene que combate con toda energía a los traficantes de seres humanos.
Hay dos categorías de cubanos que llegan a México, según el presidente de la Asociación Cubano-Mexicana.
El “deportable” es quien procede directamente de Cuba y nunca ha estado en otro país, y aquél que es candidato a “no ser deportado”. Este tipo corresponde a personas que registran en su pasaporte varios viajes al exterior, y a las que se les otorga una visa mexicana legal, cuyo costo es de 400 dólares.
Acusaciones mutuas
Según La Habana, la emigración es alentada por Washington, como parte de una confrontación política que los dos países sostienen desde los años 60. Pero Estados Unidos replica que el flujo de emigrantes obedece a la represión que ejerce el régimen socialista contra la población.
En virtud de la Ley de Ajuste Cubano, aprobada por Washington en 1966, los inmigrantes de ese país caribeño que pisen suelo estadunidense adquieren derecho automático a residir y trabajar.
IPS, La jornada, 17 de junio.
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