Lo que se había anunciado como una manifestación contra el presidente Felipe Calderón finalmente se convirtió en la entrega de una carta en la embajada de México en Madrid, España, donde el colectivo Women’s Link Worldwide le recuerda al mandatario mexicano que un juez de la Audiencia Nacional solicitó información a su gobierno sobre la “injusta” expulsión y supuesta tortura contra la catalana Cristina Valls tras los enfrentamientos en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006.
En el escrito, que fue entregado por Viviana Waisman, directora del colectivo, recuerda que la presunta víctima presentó a la Audiencia Nacional una “querella criminal por tortura física, psicológica y sexual a la que sometieron” a Valls en Atenco.
La carta añade que el pasado 3 de marzo el magistrado del juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, emitió un auto en el que instaba a las autoridades judiciales de México a informar sobre los procedimientos judiciales abiertos tras los hechos.
“Transcurridos tres meses sin respuesta, rogamos a las autoridades mexicanas que respondan al auto emitido por el juez español para que se pueda continuar el procedimiento y se garantice el acceso a la justicia”, explica Waisman.
Sin embargo, funcionarios del gobierno mexicano en España consultados por MILENIO aseguran que Valls no tiene impedimento para ingresar a México, ya que el 19 de abril de 2007 el Instituto Nacional de Migración emitió una resolución que le impone la restricción de un mes para poder ingresar al país.
Además, según los informantes, la denuncia formal que se hizo en México fue hecha por 17 mujeres, únicamente nueve la ratificaron y entre ellas no se encuentra Valls, aunque ello no impide que continúe la investigación.
No obstante, aseguraron que la Procuraduría General de la República ya dio respuesta a la solicitud de asistencia jurídica del al Juzgado Central de Instrucción número 3.
Vendrán relatores de la ONU
La Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos entregó el informe que realizó en México, sobre los casos de Oaxaca, Chiapas y San Salvador Atenco, a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el cual será turnado a los relatores sobre tortura, que anunciaron que realizarán una visita al país en septiembre próximo.
En representación de esa oficina recibieron el informe Claudia Mojica y Allegra M.C. Franchetti, quienes por más de 70 minutos escucharon los planteamientos de Helene Roux y Marco Aparicio, integrantes de la CCIDH, que expusieron que en
México pese a la extensión y fortaleza de su entramado institucional, se caracteriza por la falta de confianza de la ciudadanía hacia las distintas instancias oficiales, tanto en plano judicial como en el administrativo.
Las representantes de la Oficina del Alto Comisionado mostraron interés en casos concretos como la situación de los presos políticos, las situaciones de impunidad y el estado de los derechos humanos en zonas con presencia de indígenas.
Las funcionarias de la ONU destacaron la importancia del nuevo mandato de ese organismo, ratificado México, en materia de derechos humanos, cuya mayor amplitud les va a permitir realizar y hacer públicos informes sobre la situación de este tema.
A los representantes de la organización se les comunicó que su informe se incorporará al trabajo previo que se realiza para la visita de los relatores especiales.
En primera instancia se enviará a los integrantes del comité para prevenir la tortura que estará en México en septiembre, además, se tomará en cuenta para elaborar el informe global 2009 de nuestro país sobre la situación de los derechos humanos.
En el escrito, que fue entregado por Viviana Waisman, directora del colectivo, recuerda que la presunta víctima presentó a la Audiencia Nacional una “querella criminal por tortura física, psicológica y sexual a la que sometieron” a Valls en Atenco.
La carta añade que el pasado 3 de marzo el magistrado del juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, emitió un auto en el que instaba a las autoridades judiciales de México a informar sobre los procedimientos judiciales abiertos tras los hechos.
“Transcurridos tres meses sin respuesta, rogamos a las autoridades mexicanas que respondan al auto emitido por el juez español para que se pueda continuar el procedimiento y se garantice el acceso a la justicia”, explica Waisman.
Sin embargo, funcionarios del gobierno mexicano en España consultados por MILENIO aseguran que Valls no tiene impedimento para ingresar a México, ya que el 19 de abril de 2007 el Instituto Nacional de Migración emitió una resolución que le impone la restricción de un mes para poder ingresar al país.
Además, según los informantes, la denuncia formal que se hizo en México fue hecha por 17 mujeres, únicamente nueve la ratificaron y entre ellas no se encuentra Valls, aunque ello no impide que continúe la investigación.
No obstante, aseguraron que la Procuraduría General de la República ya dio respuesta a la solicitud de asistencia jurídica del al Juzgado Central de Instrucción número 3.
Vendrán relatores de la ONU
La Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos entregó el informe que realizó en México, sobre los casos de Oaxaca, Chiapas y San Salvador Atenco, a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el cual será turnado a los relatores sobre tortura, que anunciaron que realizarán una visita al país en septiembre próximo.
En representación de esa oficina recibieron el informe Claudia Mojica y Allegra M.C. Franchetti, quienes por más de 70 minutos escucharon los planteamientos de Helene Roux y Marco Aparicio, integrantes de la CCIDH, que expusieron que en
México pese a la extensión y fortaleza de su entramado institucional, se caracteriza por la falta de confianza de la ciudadanía hacia las distintas instancias oficiales, tanto en plano judicial como en el administrativo.
Las representantes de la Oficina del Alto Comisionado mostraron interés en casos concretos como la situación de los presos políticos, las situaciones de impunidad y el estado de los derechos humanos en zonas con presencia de indígenas.
Las funcionarias de la ONU destacaron la importancia del nuevo mandato de ese organismo, ratificado México, en materia de derechos humanos, cuya mayor amplitud les va a permitir realizar y hacer públicos informes sobre la situación de este tema.
A los representantes de la organización se les comunicó que su informe se incorporará al trabajo previo que se realiza para la visita de los relatores especiales.
En primera instancia se enviará a los integrantes del comité para prevenir la tortura que estará en México en septiembre, además, se tomará en cuenta para elaborar el informe global 2009 de nuestro país sobre la situación de los derechos humanos.
José Antonio López y Eugenia Jiménez, Milenio, 12 de junio.
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