El legislador priista Edmundo Ramírez, secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, demandó al presidente Felipe Calderón publique el decreto de la reforma, aprobada el pasado 30 de abril, a la Ley General de Población, que despenaliza la migración indocumentada en México.
También exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores una explicación del por qué tiene abandonados jurídicamente a 32 mil mexicanos, que cumplen condenas por diversos cargos en cárceles de Estados Unidos.
Entrevistado en el marco de su participación en la 47 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se celebró en el municipio de San Pedro Garza García, considerado el más rico del país, Ramírez dijo que Felipe Calderón debe promulgar lo antes posible la reforma a la Ley General de Población que despenaliza la migración en el país y que no es otra cosa, más que “pedir afuera o exigir afuera lo que ofrecemos dentro y no ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa en el tema migratorio”.
En tanto, el diputado federal del PAN, Antonio Valladolid Rodríguez destacó que no es que el Presidente se niegue a promulgar la ley sino que se está dentro de los términos que dura el procedimiento legislativo por lo que no hay una demora.
Por otro lado, Edmundo Ramírez denunció que en las cárceles federales de Estados Unidos, alrededor de 32 mil mexicanos cumplen condenas por diversos delitos, principalmente por narcotráfico y homicidio.
En ese tenor exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores una explicación del por qué tiene prácticamente abandonados a su suerte a esos compatriotas sin darles asesoría jurídica, sobre todo, cuando el Congreso aprobó un presupuesto de 26 millones de pesos para atender a nuestros connacionales que enfrentan la pena de muerte o están en prisión.
El legislador priista recordó que los diputados aprobaron para el 2008 un presupuesto de 26 millones de pesos para atender dos programas que tienen que ver con los mexicanos que enfrentan penas en prisiones norteamericanas: el de atención jurídica para los 54 condenados a muerte y el de atención jurídica para los que están en las cárceles de esa nación.
Comentó que los estados de California y Texas son los que albergan al mayor número de mexicanos que cometieron diversos delitos. No estamos peleando porque dejen de aplicarles el castigo, ellos deben cumplir sus penas por los delitos cometidos, sino porque las autoridades de la cancillería y los consulados les brinden asesoría jurídica y apliquen el recurso destinado para ese objetivo.
“Si hicieron la comisión de un delito, que lo cumplan de acuerdo a sus leyes, pero la protección debe darse, y más cuanto hay un recursos específico que la Cámara de Diputados destinado para la asesoría jurídica de esas personas”, puntualizó.
Insistió en que las autoridades de la cancillería deben explicar cómo, cuándo y hacia dónde se destinó ese recurso, porque hasta el momento se desconocen los resultados de los citados programas, y existen innumerables quejas de quienes están tras las rejas en esa nación.
Sobre los 54 condenados a muerte, Ramírez Martínez recalcó que Estados Unidos debe cumplir con la recomendación que hizo la Corte Internacional de Justicia en el sentido de revisar todos y cada uno de los casos, debido a que en muchos de ellos no se contó con la asistencia consular y nuestros compatriotas fueron juzgados y sentenciados.
También exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores una explicación del por qué tiene abandonados jurídicamente a 32 mil mexicanos, que cumplen condenas por diversos cargos en cárceles de Estados Unidos.
Entrevistado en el marco de su participación en la 47 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se celebró en el municipio de San Pedro Garza García, considerado el más rico del país, Ramírez dijo que Felipe Calderón debe promulgar lo antes posible la reforma a la Ley General de Población que despenaliza la migración en el país y que no es otra cosa, más que “pedir afuera o exigir afuera lo que ofrecemos dentro y no ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa en el tema migratorio”.
En tanto, el diputado federal del PAN, Antonio Valladolid Rodríguez destacó que no es que el Presidente se niegue a promulgar la ley sino que se está dentro de los términos que dura el procedimiento legislativo por lo que no hay una demora.
Por otro lado, Edmundo Ramírez denunció que en las cárceles federales de Estados Unidos, alrededor de 32 mil mexicanos cumplen condenas por diversos delitos, principalmente por narcotráfico y homicidio.
En ese tenor exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores una explicación del por qué tiene prácticamente abandonados a su suerte a esos compatriotas sin darles asesoría jurídica, sobre todo, cuando el Congreso aprobó un presupuesto de 26 millones de pesos para atender a nuestros connacionales que enfrentan la pena de muerte o están en prisión.
El legislador priista recordó que los diputados aprobaron para el 2008 un presupuesto de 26 millones de pesos para atender dos programas que tienen que ver con los mexicanos que enfrentan penas en prisiones norteamericanas: el de atención jurídica para los 54 condenados a muerte y el de atención jurídica para los que están en las cárceles de esa nación.
Comentó que los estados de California y Texas son los que albergan al mayor número de mexicanos que cometieron diversos delitos. No estamos peleando porque dejen de aplicarles el castigo, ellos deben cumplir sus penas por los delitos cometidos, sino porque las autoridades de la cancillería y los consulados les brinden asesoría jurídica y apliquen el recurso destinado para ese objetivo.
“Si hicieron la comisión de un delito, que lo cumplan de acuerdo a sus leyes, pero la protección debe darse, y más cuanto hay un recursos específico que la Cámara de Diputados destinado para la asesoría jurídica de esas personas”, puntualizó.
Insistió en que las autoridades de la cancillería deben explicar cómo, cuándo y hacia dónde se destinó ese recurso, porque hasta el momento se desconocen los resultados de los citados programas, y existen innumerables quejas de quienes están tras las rejas en esa nación.
Sobre los 54 condenados a muerte, Ramírez Martínez recalcó que Estados Unidos debe cumplir con la recomendación que hizo la Corte Internacional de Justicia en el sentido de revisar todos y cada uno de los casos, debido a que en muchos de ellos no se contó con la asistencia consular y nuestros compatriotas fueron juzgados y sentenciados.
Moisés Sánchez Limón y David Casas en Monterrey, Crónica, 9 de junio.
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