El Presidente Felipe Calderón firmó ayer el decreto con el que entrará en vigor la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública -tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación- y dijo que la lucha contra el crimen organizado no debe ser responsabilidad única del Gobierno.
En Palacio Nacional, el Mandatario estimó que la reforma es la más relevante efectuada al sistema penal, "quizá sólo comparable con la transición del sistema puramente inquisitorial que rigió hasta principios del siglo pasado al sistema mixto que operaba hasta ahora".
Destacó en la reforma la adopción de un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados, lo que permitirá que la etapa de investigación de los delitos sea más ágil.
La firma del decreto por parte del Presidente ocurre a tres meses de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma y poco más de medio mes después de que se le declarara constitucional tras la aprobación que hicieran de ella 19 de los 31 congresos estatales.
La nueva reforma otorga facultades de investigación a las Policías y establece medidas en favor de los derechos de las víctimas: recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público e intervenir en el juicio, recibir atención médica y sicológica, fortalecer instrumentos para la reparación del daño o bien mantener en secreto su identidad y datos personales en casos en los que su seguridad así lo requiera.
"Gracias a figuras como el arraigo y la extinción de dominio en favor del Estado de bienes asegurados producto de ilícitos podremos golpear con mayor contundencia las estructuras operativas y económicas de las organizaciones criminales", destacó.
Explicó que también se establecerá constitucionalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual los tres órdenes de Gobierno deberán homologar reglas para seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar constantemente, reconocer y certificar a los policías.
En Palacio Nacional, el Mandatario estimó que la reforma es la más relevante efectuada al sistema penal, "quizá sólo comparable con la transición del sistema puramente inquisitorial que rigió hasta principios del siglo pasado al sistema mixto que operaba hasta ahora".
Destacó en la reforma la adopción de un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados, lo que permitirá que la etapa de investigación de los delitos sea más ágil.
La firma del decreto por parte del Presidente ocurre a tres meses de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma y poco más de medio mes después de que se le declarara constitucional tras la aprobación que hicieran de ella 19 de los 31 congresos estatales.
La nueva reforma otorga facultades de investigación a las Policías y establece medidas en favor de los derechos de las víctimas: recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público e intervenir en el juicio, recibir atención médica y sicológica, fortalecer instrumentos para la reparación del daño o bien mantener en secreto su identidad y datos personales en casos en los que su seguridad así lo requiera.
"Gracias a figuras como el arraigo y la extinción de dominio en favor del Estado de bienes asegurados producto de ilícitos podremos golpear con mayor contundencia las estructuras operativas y económicas de las organizaciones criminales", destacó.
Explicó que también se establecerá constitucionalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual los tres órdenes de Gobierno deberán homologar reglas para seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar constantemente, reconocer y certificar a los policías.
Reforma, 18 de junio.
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