Washington, 24 de julio. Colombia reclamó hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) que vigile a Nicaragua para que cumpla con sus obligaciones internacionales de lucha contra el terrorismo, y afirmó que procederá “en forma correcta” contra el presidente Daniel Ortega ante su persistente actitud “hostil” contra el gobierno de Álvaro Uribe.
En un durísimo debate en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del organismo, el segundo en un mes entre los dos países en el mismo foro, Nicaragua tildó a Colombia de “narcoestado” que pone en práctica el “terrorismo de Estado” que afecta a la región, y que el tráfico de drogas originado en esa nación representa una amenaza para los países vecinos.
Los dos países reiteraron sus mutuas acusaciones por la postura de Ortega ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de aceptar una solicitud de esa guerrilla para reunirse y hablar sobre “asuntos de la guerra y la paz”, luego de que Bogotá desautorizó tal encuentro.
Mientras Colombia considera a las FARC un “grupo terrorista”, Nicaragua sostiene que se trata de un “movimiento de liberación nacional”, y dio asilo político a dos señaladas integrantes de la mayor guerrilla de Colombia que sobrevivieron a un ataque colombiano en suelo ecuatoriano contra un campamento del grupo rebelde el pasado primero de marzo.
El embajador colombiano en la OEA, Camilo Ospina, acusó a Ortega de “proteger terroristas” y darles trato de “princesas”, al referirse a dos colombianas que sobrevivieron al ataque de Bogotá del primero marzo sobre un campamento clandestino de la guerrilla situado en suelo ecuatoriano, cuyo incidente provocó la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá.
Nicaragua, por medio de su embajador Denis Moncada, indicó que otorgar “asilo y refugio a personas perseguidas por cuestiones políticas es sagrado” para su país, al referirse a las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez Torres, así como a la mexicana Lucía Morett, que recibieron ese estatus, quienes resultaron heridas en el citado ataque al campamento rebelde.
Ospina afirmó que Nicaragua está en “flagrante violación del derecho internacional” cuando Ortega “se solidariza” con las FARC. Apuntó que esto es suficiente para pedir sanciones contra Nicaragua, pero que no lo hará porque “entiende que la actitud irresponsable de un gobernante no puede dar lugar al castigo de un pueblo comprometido con la democracia” y que “suficiente castigo tiene con su gobierno”.
Más aún, añadió que “si efectivamente se comprobara que el señor Ortega se reunió con terroristas buscados internacionalmente y no cumplió con sus obligaciones legales, pediremos a la justicia de Nicaragua que investigue y sancione dicha conducta”.
Pidió a la OEA que esté atenta sobre el cumplimiento de estas obligaciones por parte del mandatario nicaragüense. Ospina preguntó, “¿que va a hacer la OEA? ¿Está vigente o no la Carta Democrática Interamericana?”
El secretario general del organismo, el chileno José Miguel Insulza, se mostró muy molesto ante la prensa al señalar que si Bogotá tiene algo que solicitarle a la OEA con relación a una eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana con Nicaragua, que lo haga formalmente, pero que “no lo diga en tres líneas en un discurso de 20 páginas”.
La Carta Democrática puede llevar a la exclusión de un país del organismo si su gobierno no respeta los principios democráticos.
Moncada, por su parte, no sólo expresó que Colombia es un “narcoestado que aplica y pone en práctica un terrorismo de Estado que afecta a la región”, sino que defendió la decisión de Nicaragua de actuar como mediador de las FARC ante un conflicto que afecta a la región.
En referencia al ataque colombiano en suelo ecuatoriano, en que murieron el comandante rebelde Raúl Reyes y una veintena de guerrilleros, aseveró que Colombia pretende implantar una nueva forma de intervención y agresión contra otros estados, buscando intimidar a sus vecinos.
Además, se refirió al diferendo que enfrenta a los dos países por el caribeño archipiélago de San Andrés, y sostuvo que su país “exige a Colombia que se respete su soberanía en el mar Caribe” porque su despliegue naval atenta contra la paz y seguridad de su país.
El representante estadunidense, Héctor Morales, se dijo “preocupado” de que Nicaragua otorgue reconocimiento a las FARC. Rechazó las críticas de Moncada a su país, al citar que Washington ha proporcionado ayuda al país centroamericano tras el paso del huracán Félix.
Caracas rechaza acusación
Venezuela rechazó versiones de la prensa nicaragüense de que un avión de la paraestatal petrolera PDVSA haya trasladado a seis líderes de las FARC a Nicaragua recientemente. “Eso es totalmente falso”, dijo el vicepresidente Ramón Carrizales, quien atribuyó esas versiones a informes tendenciosos con que se busca opacar la “exitosa” gira del presidente Hugo Chávez a Rusia y otros países europeos.
En Bogotá se informó que las FARC entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja a ocho personas de un grupo de 17 que habían secuestrado la semana pasada cuando se trasladaban en una embarcación por un río del departamento de Chocó. Otros ocho rehenes ya habían sido liberados previamente.
En un durísimo debate en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del organismo, el segundo en un mes entre los dos países en el mismo foro, Nicaragua tildó a Colombia de “narcoestado” que pone en práctica el “terrorismo de Estado” que afecta a la región, y que el tráfico de drogas originado en esa nación representa una amenaza para los países vecinos.
Los dos países reiteraron sus mutuas acusaciones por la postura de Ortega ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de aceptar una solicitud de esa guerrilla para reunirse y hablar sobre “asuntos de la guerra y la paz”, luego de que Bogotá desautorizó tal encuentro.
Mientras Colombia considera a las FARC un “grupo terrorista”, Nicaragua sostiene que se trata de un “movimiento de liberación nacional”, y dio asilo político a dos señaladas integrantes de la mayor guerrilla de Colombia que sobrevivieron a un ataque colombiano en suelo ecuatoriano contra un campamento del grupo rebelde el pasado primero de marzo.
El embajador colombiano en la OEA, Camilo Ospina, acusó a Ortega de “proteger terroristas” y darles trato de “princesas”, al referirse a dos colombianas que sobrevivieron al ataque de Bogotá del primero marzo sobre un campamento clandestino de la guerrilla situado en suelo ecuatoriano, cuyo incidente provocó la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá.
Nicaragua, por medio de su embajador Denis Moncada, indicó que otorgar “asilo y refugio a personas perseguidas por cuestiones políticas es sagrado” para su país, al referirse a las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez Torres, así como a la mexicana Lucía Morett, que recibieron ese estatus, quienes resultaron heridas en el citado ataque al campamento rebelde.
Ospina afirmó que Nicaragua está en “flagrante violación del derecho internacional” cuando Ortega “se solidariza” con las FARC. Apuntó que esto es suficiente para pedir sanciones contra Nicaragua, pero que no lo hará porque “entiende que la actitud irresponsable de un gobernante no puede dar lugar al castigo de un pueblo comprometido con la democracia” y que “suficiente castigo tiene con su gobierno”.
Más aún, añadió que “si efectivamente se comprobara que el señor Ortega se reunió con terroristas buscados internacionalmente y no cumplió con sus obligaciones legales, pediremos a la justicia de Nicaragua que investigue y sancione dicha conducta”.
Pidió a la OEA que esté atenta sobre el cumplimiento de estas obligaciones por parte del mandatario nicaragüense. Ospina preguntó, “¿que va a hacer la OEA? ¿Está vigente o no la Carta Democrática Interamericana?”
El secretario general del organismo, el chileno José Miguel Insulza, se mostró muy molesto ante la prensa al señalar que si Bogotá tiene algo que solicitarle a la OEA con relación a una eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana con Nicaragua, que lo haga formalmente, pero que “no lo diga en tres líneas en un discurso de 20 páginas”.
La Carta Democrática puede llevar a la exclusión de un país del organismo si su gobierno no respeta los principios democráticos.
Moncada, por su parte, no sólo expresó que Colombia es un “narcoestado que aplica y pone en práctica un terrorismo de Estado que afecta a la región”, sino que defendió la decisión de Nicaragua de actuar como mediador de las FARC ante un conflicto que afecta a la región.
En referencia al ataque colombiano en suelo ecuatoriano, en que murieron el comandante rebelde Raúl Reyes y una veintena de guerrilleros, aseveró que Colombia pretende implantar una nueva forma de intervención y agresión contra otros estados, buscando intimidar a sus vecinos.
Además, se refirió al diferendo que enfrenta a los dos países por el caribeño archipiélago de San Andrés, y sostuvo que su país “exige a Colombia que se respete su soberanía en el mar Caribe” porque su despliegue naval atenta contra la paz y seguridad de su país.
El representante estadunidense, Héctor Morales, se dijo “preocupado” de que Nicaragua otorgue reconocimiento a las FARC. Rechazó las críticas de Moncada a su país, al citar que Washington ha proporcionado ayuda al país centroamericano tras el paso del huracán Félix.
Caracas rechaza acusación
Venezuela rechazó versiones de la prensa nicaragüense de que un avión de la paraestatal petrolera PDVSA haya trasladado a seis líderes de las FARC a Nicaragua recientemente. “Eso es totalmente falso”, dijo el vicepresidente Ramón Carrizales, quien atribuyó esas versiones a informes tendenciosos con que se busca opacar la “exitosa” gira del presidente Hugo Chávez a Rusia y otros países europeos.
En Bogotá se informó que las FARC entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja a ocho personas de un grupo de 17 que habían secuestrado la semana pasada cuando se trasladaban en una embarcación por un río del departamento de Chocó. Otros ocho rehenes ya habían sido liberados previamente.
AFP, DPA, Reuters y Notimex, La Jornada, 25 de julio.
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