NUEVA YORK.- Presionados por las medidas más duras contra la inmigración ilegal en dos décadas, empleadores estadounidenses, principalmente en las entidades fronterizas, están proponiendo alternativas para suavizar leyes federales y estatales que penan la contratación de indocumentados a pesar de la escasez de mano de obra.
El año pasado, los empresarios en Arizona estaban indignados por una ley aprobada por la legislatura estatal, controlada por los republicanos, que revoca las licencias de los negocios que sean sorprendidos dos veces con inmigrantes ilegales.
En la sesión de este año, ganaron la aprobación de una modificación que especifica que la ley no aplicaba para los trabajadores contratados antes de 2008.
La semana pasada, una agrupación de empresas locales presentó más de 284 mil firmas para promover una iniciativa que se votaría en noviembre y que haría esa ley de 2007 menos estricta.
Los proyectos de ley de inmigración han sido rechazados también en Indiana y Kentucky -estados divididos entre demócratas y republicanos- debido, en parte, a advertencias de grupos empresariales de que las medidas podrían lastimar la economía.
En Oklahoma, las cámaras de comercio acudieron a una Corte federal y el año pasado consiguieron una orden para suspender ciertas cláusulas de una ley estatal de 2007 que exigía a las empresas utilizar una base de datos federal para verificar el estatus migratorio de los nuevos empleados.
En California, los negocios han recurrido a funcionarios electos, entre ellos el Alcalde demócrata de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, para cabildear contra las numerosas redadas antiinmigrantes en centros de trabajo, que el año pasado dejaron casi 5 mil arrestos en todo el país.
Inclusive, se ha creado una federación nacional para reunir a los grupos empresariales locales y estatales que han surgido en el último año.
"Estos empresarios ahora se dan cuenta de que nadie está en mejor posición que ellos para justificar que necesitan a los trabajadores y quieren estar en el lado correcto de la ley", dijo Tamar Jacoby, presidente de la nueva federación, ImmigrationWorks USA.
Este año se presentaron en los estados más de 175 proyectos de ley relacionados con el empleo de inmigrantes, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés).
Los legisladores dijeron que habían actuado en respuesta a las demandas de los votantes y para frenar los incentivos laborales que atraían a los indocumentados.
"La inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad de las familias de Misuri y para la seguridad de sus empleos", dijo Matt Blunt, Gobernador republicano, después de que el Congreso local aprobara, en mayo, una ley de medidas enérgicas.
Sin embargo, la movilización de los negocios refleja cada vez más las preocupaciones empresariales.
"(Los legisladores estatales) han empezado a estar más atentos a la comunidad de empresarios debido a su participación en el asunto", dijo Ann Morse, quien monitorea el tema de inmigración para la NCSL.
El año pasado, los empresarios en Arizona estaban indignados por una ley aprobada por la legislatura estatal, controlada por los republicanos, que revoca las licencias de los negocios que sean sorprendidos dos veces con inmigrantes ilegales.
En la sesión de este año, ganaron la aprobación de una modificación que especifica que la ley no aplicaba para los trabajadores contratados antes de 2008.
La semana pasada, una agrupación de empresas locales presentó más de 284 mil firmas para promover una iniciativa que se votaría en noviembre y que haría esa ley de 2007 menos estricta.
Los proyectos de ley de inmigración han sido rechazados también en Indiana y Kentucky -estados divididos entre demócratas y republicanos- debido, en parte, a advertencias de grupos empresariales de que las medidas podrían lastimar la economía.
En Oklahoma, las cámaras de comercio acudieron a una Corte federal y el año pasado consiguieron una orden para suspender ciertas cláusulas de una ley estatal de 2007 que exigía a las empresas utilizar una base de datos federal para verificar el estatus migratorio de los nuevos empleados.
En California, los negocios han recurrido a funcionarios electos, entre ellos el Alcalde demócrata de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, para cabildear contra las numerosas redadas antiinmigrantes en centros de trabajo, que el año pasado dejaron casi 5 mil arrestos en todo el país.
Inclusive, se ha creado una federación nacional para reunir a los grupos empresariales locales y estatales que han surgido en el último año.
"Estos empresarios ahora se dan cuenta de que nadie está en mejor posición que ellos para justificar que necesitan a los trabajadores y quieren estar en el lado correcto de la ley", dijo Tamar Jacoby, presidente de la nueva federación, ImmigrationWorks USA.
Este año se presentaron en los estados más de 175 proyectos de ley relacionados con el empleo de inmigrantes, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés).
Los legisladores dijeron que habían actuado en respuesta a las demandas de los votantes y para frenar los incentivos laborales que atraían a los indocumentados.
"La inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad de las familias de Misuri y para la seguridad de sus empleos", dijo Matt Blunt, Gobernador republicano, después de que el Congreso local aprobara, en mayo, una ley de medidas enérgicas.
Sin embargo, la movilización de los negocios refleja cada vez más las preocupaciones empresariales.
"(Los legisladores estatales) han empezado a estar más atentos a la comunidad de empresarios debido a su participación en el asunto", dijo Ann Morse, quien monitorea el tema de inmigración para la NCSL.
Julia Preston, Reforma, 7 de julio.
0 Responses to "'Defienden' patrones a indocumentados"
Publicar un comentario