El Ejército informó ayer que enjuicia a dos oficiales y 10 elementos de tropa, relacionados de manera directa con la violación de derechos humanos de varias personas detenidas en los operativos militares.
Los inculpados pertenecen a distintos batallones desplegados en Sonora, Sinaloa y Michoacán; sin embargo, el instituto armado se reservó el nombre de los efectivos hasta que se dicte sentencia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer ocho recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras acreditar que militares violaron las garantías fundamentales de civiles en Huetamo, Michoacán; Reynosa, Tamaulipas, y Badiraguato, Sinaloa.
"En todos los casos a que se refieren las recomendaciones, la autoridad ministerial integra las averiguaciones previas correspondientes y se ha ejercitado acción penal en tres de los incidentes señalados por dicha Comisión.
"En los casos en que se ha comprobado la responsabilidad del personal militar en los hechos, esta Secretaría ha autorizado de manera expedita el pago para la reparación del daño a las víctimas", aseguró en un comunicado la Sedena.
La Defensa Nacional aseguró que incluyó la materia de derechos humanos y Derecho internacional humanitario en todos los planteles del sistema educativo militar y en los planes de adiestramiento de todas sus unidades.
"Esta Secretaría de Estado ratifica su compromiso de continuar fortaleciendo en el personal del Ejército y la Fuerza Aérea la cultura de respeto a los derechos humanos y dar cumplimiento a las políticas implementadas por el Gobierno federal, para continuar con la lucha frontal en contra de la delincuencia organizada y recuperar los espacios perdidos que reclaman los ciudadanos", precisó el Ejército.
Perciben ignorancia de facultades
La CNDH consideró que si los militares han asesinado, torturado y retenido ilegalmente a civiles, entre otras violaciones a sus garantías individuales, es porque desconocen las leyes y el límite de sus facultades.
"En todos los casos se trata de hechos trágicos y lamentables, pero además que pudieron ser evitados con información más oportuna, con mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión del mando", dijo el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, al presentar las recomendaciones.
Consideró necesario que las Fuerzas Armadas recuerden que su apoyo a las labores de seguridad pública se limitan a coadyuvar, pero que no pueden sustituir a las autoridades civiles.
"Queda claro que la función del instituto armado en materia de seguridad pública sólo puede realizarse a petición expresa de la autoridad civil, por lo que no corresponde al Ejército la labor de investigación de delitos, ni la implantación de estrategias de prevención, ni el resguardo o retención de personas, ni mucho menos la aplicación de sanciones.
"El conocimiento de lo anterior por parte de los elementos del Ejército, tanto de los jefes, oficiales, personal de servicios periciales, así como de la tropa podría evitar muchas de las violaciones como las que se documentan", dijo Soberanes.
A pregunta expresa, el Ombudsman señaló que también se requiere de voluntad política para que el Ejército siempre actúe en el marco de la ley.
La segunda visitadora de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, dio cuenta del aumento en el número de quejas que el organismo ha recibido en contra del Ejército, las cuales pasaron de 385 en 2007 a 591 en lo que va del año.
Aunque insistió en que ante el avance del crimen organizado el Ejército debe permanecer en los operativos, Soberanes aprovechó para exigir a la Presidencia una fecha para que los militares abandonen las calles del País.
A detalle...
Quejas en contra de militares recibidas por la CNDH desde 1990, según la página web de la Sedena.
4,322 en total
3,898 están concluídas
424 en proceso
Recomendaciones:
· 40 en total
· 31 cumplidas
· 7 en proceso
· 2 no aceptadas
Sanciones:
· 82 militares por violaciones a los derechos humanos
· 70 consignados a los Tribunales militares
· 8 amonestados
· 3 arrestados
· 1 destituido
Los inculpados pertenecen a distintos batallones desplegados en Sonora, Sinaloa y Michoacán; sin embargo, el instituto armado se reservó el nombre de los efectivos hasta que se dicte sentencia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer ocho recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras acreditar que militares violaron las garantías fundamentales de civiles en Huetamo, Michoacán; Reynosa, Tamaulipas, y Badiraguato, Sinaloa.
"En todos los casos a que se refieren las recomendaciones, la autoridad ministerial integra las averiguaciones previas correspondientes y se ha ejercitado acción penal en tres de los incidentes señalados por dicha Comisión.
"En los casos en que se ha comprobado la responsabilidad del personal militar en los hechos, esta Secretaría ha autorizado de manera expedita el pago para la reparación del daño a las víctimas", aseguró en un comunicado la Sedena.
La Defensa Nacional aseguró que incluyó la materia de derechos humanos y Derecho internacional humanitario en todos los planteles del sistema educativo militar y en los planes de adiestramiento de todas sus unidades.
"Esta Secretaría de Estado ratifica su compromiso de continuar fortaleciendo en el personal del Ejército y la Fuerza Aérea la cultura de respeto a los derechos humanos y dar cumplimiento a las políticas implementadas por el Gobierno federal, para continuar con la lucha frontal en contra de la delincuencia organizada y recuperar los espacios perdidos que reclaman los ciudadanos", precisó el Ejército.
Perciben ignorancia de facultades
La CNDH consideró que si los militares han asesinado, torturado y retenido ilegalmente a civiles, entre otras violaciones a sus garantías individuales, es porque desconocen las leyes y el límite de sus facultades.
"En todos los casos se trata de hechos trágicos y lamentables, pero además que pudieron ser evitados con información más oportuna, con mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión del mando", dijo el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, al presentar las recomendaciones.
Consideró necesario que las Fuerzas Armadas recuerden que su apoyo a las labores de seguridad pública se limitan a coadyuvar, pero que no pueden sustituir a las autoridades civiles.
"Queda claro que la función del instituto armado en materia de seguridad pública sólo puede realizarse a petición expresa de la autoridad civil, por lo que no corresponde al Ejército la labor de investigación de delitos, ni la implantación de estrategias de prevención, ni el resguardo o retención de personas, ni mucho menos la aplicación de sanciones.
"El conocimiento de lo anterior por parte de los elementos del Ejército, tanto de los jefes, oficiales, personal de servicios periciales, así como de la tropa podría evitar muchas de las violaciones como las que se documentan", dijo Soberanes.
A pregunta expresa, el Ombudsman señaló que también se requiere de voluntad política para que el Ejército siempre actúe en el marco de la ley.
La segunda visitadora de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, dio cuenta del aumento en el número de quejas que el organismo ha recibido en contra del Ejército, las cuales pasaron de 385 en 2007 a 591 en lo que va del año.
Aunque insistió en que ante el avance del crimen organizado el Ejército debe permanecer en los operativos, Soberanes aprovechó para exigir a la Presidencia una fecha para que los militares abandonen las calles del País.
A detalle...
Quejas en contra de militares recibidas por la CNDH desde 1990, según la página web de la Sedena.
4,322 en total
3,898 están concluídas
424 en proceso
Recomendaciones:
· 40 en total
· 31 cumplidas
· 7 en proceso
· 2 no aceptadas
Sanciones:
· 82 militares por violaciones a los derechos humanos
· 70 consignados a los Tribunales militares
· 8 amonestados
· 3 arrestados
· 1 destituido
Benito Jiménez y Margarita Vega, Reforma, 12 de julio.
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