La Suprema Corte de Justicia estudia realizar una interpretación "restrictiva" que suavizaría la prohibición a los ciudadanos para contratar propaganda electoral en radio y televisión, prevista en la Constitución desde noviembre pasado.
El ministro José Ramón Cossío propuso ayer a sus colegas interpretar los artículos 41 y Sexto de la Carta Magna de tal manera que la polémica prohibición afecte lo menos posible la garantía de libre expresión.
"La interpretación de la Corte a esta prohibición", dijo Cossío, "debe ser a mi juicio particularmente sensible a problemas de libertad de expresión, en particular libertad de expresión para la formación de opinión pública, la cual goza del estándar más alto de protección al ser fundamento para que los ciudadanos tomemos decisiones informadas sobre los individuos que nos representan".
La propuesta será discutida en la sesión de hoy. El ministro consideró que la reforma ha generado "dudas o de plano errores de apreciación entre integrantes de la sociedad", en clara referencia a los amparos promovidos por intelectuales y empresarios que alegan que esta reforma viola su garantía de libre expresión.
"Podemos afirmar que las prohibiciones establecidas Constitucionalmente de ninguna manera afectan a los miembros de la sociedad civil que producen mensajes y opiniones con contenido político", dijo Cossío, "sino directa y particularmente a los medios que los difunden, en concreto a las empresas o personas morales que son propietarias de medios de comunicación masiva conocidos como radio y televisión.
"La sociedad civil mantiene en todo tiempo la posibilidad de expresar sus opiniones políticas en el sentido que consideren conveniente, ya sea por medios escritos, o por medio de la radio y televisión mientras los mensajes y opiniones no sean contratados de manera específica, y sean transmitidos de manera libre por los medios en cuestión, como lo son mensajes y opiniones políticas libremente formuladas", agregó.
La propuesta del ministro establece cinco parámetros para interpretar las prohibiciones del artículo 41 de la Constitución dirigidas a los particulares.
La idea del ministro es evitar que la Corte llegue al extremo de discutir si la Constitución es inconstitucional, algo que el Poder Judicial mexicano no puede hacer, pero que ha sido solicitado en los amparos de empresarios e intelectuales.
La Corte estudiará esta interpretación Constitucional como paso previo para revisar las reglas previstas en el nuevo Cofipe, vigente desde enero y cuestionado por los cinco partidos "pequeños".
Cossío sólo propuso invalidar una porción del artículo 49, párrafo tercero, del Cofipe, que incluye a los "candidatos y precandidatos" en la prohibición absoluta para contratar cualquier tiempo en radio y televisión, sea para propaganda o para cualquier otro fin.
La Constitución sólo establece esta limitante a los partidos políticos, que sólo pueden contratar vía el IFE. Cossío consideró que candidatos y precandidatos sólo estarían sujetos a la prohibición de contratar propaganda política, como el resto de los particulares, pero podrían contratar tiempos para otros fines.
La propuesta
Parámetros propuestos por el ministro Cossío:
1 El término "propaganda" del artículo 41 Constitucional sólo se refiere a aquélla transmitida en radio y televisión.
2 Lo que se identifica en el artículo Constitucional es el medio por el que se transmite, y no el formato del mensaje. No todo mensaje en formato audiovisual está prohibido (ej: Internet).
3 La transmisión tiene que haber sido contratada con el medio en cuestión, y no transmitida libremente por éste, por contener interés noticioso.
4 El término "propaganda" tiene que vincularse forzosamente con una campaña política para mantener o acceder al poder, esto es, a un puesto de elección popular y a la concepción de los individuos como electores.
5 El término "propaganda" se refiere a la transmisión de este tipo de información de manera sistemática o seriada para influenciar a un gran número de personas, y no simplemente un mensaje aislado que contiene la opinión de un individuo.
El ministro José Ramón Cossío propuso ayer a sus colegas interpretar los artículos 41 y Sexto de la Carta Magna de tal manera que la polémica prohibición afecte lo menos posible la garantía de libre expresión.
"La interpretación de la Corte a esta prohibición", dijo Cossío, "debe ser a mi juicio particularmente sensible a problemas de libertad de expresión, en particular libertad de expresión para la formación de opinión pública, la cual goza del estándar más alto de protección al ser fundamento para que los ciudadanos tomemos decisiones informadas sobre los individuos que nos representan".
La propuesta será discutida en la sesión de hoy. El ministro consideró que la reforma ha generado "dudas o de plano errores de apreciación entre integrantes de la sociedad", en clara referencia a los amparos promovidos por intelectuales y empresarios que alegan que esta reforma viola su garantía de libre expresión.
"Podemos afirmar que las prohibiciones establecidas Constitucionalmente de ninguna manera afectan a los miembros de la sociedad civil que producen mensajes y opiniones con contenido político", dijo Cossío, "sino directa y particularmente a los medios que los difunden, en concreto a las empresas o personas morales que son propietarias de medios de comunicación masiva conocidos como radio y televisión.
"La sociedad civil mantiene en todo tiempo la posibilidad de expresar sus opiniones políticas en el sentido que consideren conveniente, ya sea por medios escritos, o por medio de la radio y televisión mientras los mensajes y opiniones no sean contratados de manera específica, y sean transmitidos de manera libre por los medios en cuestión, como lo son mensajes y opiniones políticas libremente formuladas", agregó.
La propuesta del ministro establece cinco parámetros para interpretar las prohibiciones del artículo 41 de la Constitución dirigidas a los particulares.
La idea del ministro es evitar que la Corte llegue al extremo de discutir si la Constitución es inconstitucional, algo que el Poder Judicial mexicano no puede hacer, pero que ha sido solicitado en los amparos de empresarios e intelectuales.
La Corte estudiará esta interpretación Constitucional como paso previo para revisar las reglas previstas en el nuevo Cofipe, vigente desde enero y cuestionado por los cinco partidos "pequeños".
Cossío sólo propuso invalidar una porción del artículo 49, párrafo tercero, del Cofipe, que incluye a los "candidatos y precandidatos" en la prohibición absoluta para contratar cualquier tiempo en radio y televisión, sea para propaganda o para cualquier otro fin.
La Constitución sólo establece esta limitante a los partidos políticos, que sólo pueden contratar vía el IFE. Cossío consideró que candidatos y precandidatos sólo estarían sujetos a la prohibición de contratar propaganda política, como el resto de los particulares, pero podrían contratar tiempos para otros fines.
La propuesta
Parámetros propuestos por el ministro Cossío:
1 El término "propaganda" del artículo 41 Constitucional sólo se refiere a aquélla transmitida en radio y televisión.
2 Lo que se identifica en el artículo Constitucional es el medio por el que se transmite, y no el formato del mensaje. No todo mensaje en formato audiovisual está prohibido (ej: Internet).
3 La transmisión tiene que haber sido contratada con el medio en cuestión, y no transmitida libremente por éste, por contener interés noticioso.
4 El término "propaganda" tiene que vincularse forzosamente con una campaña política para mantener o acceder al poder, esto es, a un puesto de elección popular y a la concepción de los individuos como electores.
5 El término "propaganda" se refiere a la transmisión de este tipo de información de manera sistemática o seriada para influenciar a un gran número de personas, y no simplemente un mensaje aislado que contiene la opinión de un individuo.
Víctor Fuentes, Reforma, 8 de julio.
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