La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que México será evaluado por Naciones Unidas en el tema de tortura.
Cada año, la subcomisión para prevenir esta práctica —que forma parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU— elige un país para realizar una evaluación y México fue escogido para este 2008.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes mostró inquietud por la revisión, “porque en nuestro país la tortura es más común de lo que parece”.
Refirió, como ejemplo, que en las últimas recomendaciones emitidas contra la Sedena por su participación en labores de seguridad pública, se pudo comprobar diversos actos de tortura cometidos por militares.
Y lo mismo se plasmó en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el cual se registraron niveles críticos.
En el informe 2008 sobre los lugares de detención e internamiento en el Distrito Federal, la Comisión concluyó que se estaban incumpliendo los acuerdos de la Convención Contra la Tortura, los cuales “ordenan a todo Estado velar porque se incluya educación e información completa sobre la prohibición de la tortura en la formación del personal encargado de aplicar la ley —civil o militar—, del personal médico, de los funcionarios públicos y personas que participan en custodia, interrogatorio o tratamiento” de prisioneros.
“La visita de la subcomisión se hará sobre todo a los centros de detención, vienen a evaluar las estrategias puestas en marcha”, señaló Soberanes.
Dijo que el organismo seguirá insistiendo al gobierno federal y a sus diversas instancias sobre la importancia de erradicar estos métodos.
La CNDH, como instancia supervisora en territorio nacional, ha impulsado un mecanismo anti-tortura que en la actualidad trabaja en entidades como Querétaro, Campeche y el DF. “Esperamos una respuesta favorable de la autoridad, tanto en cárceles como en centros de detención”.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles es un tratado internacional aprobado por la ONU. Nuestro país lo firmó el 23 de septiembre de 2003 y lo ratificó el 11 de abril de 2005.
La fecha de la supervisión es detallada por la ONU y la Secretaría de Relaciones Exteriores
Cada año, la subcomisión para prevenir esta práctica —que forma parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU— elige un país para realizar una evaluación y México fue escogido para este 2008.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes mostró inquietud por la revisión, “porque en nuestro país la tortura es más común de lo que parece”.
Refirió, como ejemplo, que en las últimas recomendaciones emitidas contra la Sedena por su participación en labores de seguridad pública, se pudo comprobar diversos actos de tortura cometidos por militares.
Y lo mismo se plasmó en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el cual se registraron niveles críticos.
En el informe 2008 sobre los lugares de detención e internamiento en el Distrito Federal, la Comisión concluyó que se estaban incumpliendo los acuerdos de la Convención Contra la Tortura, los cuales “ordenan a todo Estado velar porque se incluya educación e información completa sobre la prohibición de la tortura en la formación del personal encargado de aplicar la ley —civil o militar—, del personal médico, de los funcionarios públicos y personas que participan en custodia, interrogatorio o tratamiento” de prisioneros.
“La visita de la subcomisión se hará sobre todo a los centros de detención, vienen a evaluar las estrategias puestas en marcha”, señaló Soberanes.
Dijo que el organismo seguirá insistiendo al gobierno federal y a sus diversas instancias sobre la importancia de erradicar estos métodos.
La CNDH, como instancia supervisora en territorio nacional, ha impulsado un mecanismo anti-tortura que en la actualidad trabaja en entidades como Querétaro, Campeche y el DF. “Esperamos una respuesta favorable de la autoridad, tanto en cárceles como en centros de detención”.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles es un tratado internacional aprobado por la ONU. Nuestro país lo firmó el 23 de septiembre de 2003 y lo ratificó el 11 de abril de 2005.
La fecha de la supervisión es detallada por la ONU y la Secretaría de Relaciones Exteriores
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 24 de julio.
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