Delegados y jefes de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en el tráfico de personas y en la liberación de indocumentados a cambio de dinero, de acuerdo con una investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esta indagatoria derivó en una nueva recomendación en contra de Cecilia Romero, comisionada del INM, la cual ya le fue enviada hace tres días. En ésta, el ombudsman José Luis Soberanes pide la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie una averiguación previa sobre la participación de funcionarios públicos del instituto en los delitos referidos.
El trabajo de la CNDH partió del caso de dos jóvenes hondureños asegurados en la delegación migratoria de Nogales, Sonora, a quienes representantes del INM dejaron libres por cuatro mil dólares.
Durante la pesquisa, los visitadores de la CNDH acreditaron el modus operandi de los funcionarios, quienes contactan en Estados Unidos a amigos o familiares de los asegurados y les exigen miles de dólares para soltarlos y evitar su deportación, además de que les ofrecen, por cantidades adicionales, la expedición de actas de nacimiento falsas e incluso el traslado hacia territorio estadunidense. Para los depósitos de dinero utilizan casas de cambio.
El rastro. Las diligencias comenzaron desde el 17 abril del año pasado, cuando personal de la CNDH realizó una visita de inspección a la delegación sonorense sin avisar a los responsables.
Se verificó, en primera instancia, el aseguramiento de cuatro inmigrantes.
—Pero no somos los únicos, hay dos más por ahí —señaló uno de ellos.
Ese rastro desencadenó toda la historia.
Los visitadores preguntaron al subdelegado de la estación dónde estaban los otros dos hombres.
—Ya no están aquí, fueron llevados a la certificación médica —respondió.
Sin embargo, uno de los enviados de la comisión detectó a dos personas con rasgos centroamericanos en la oficina del jefe del Departamento de Regulación Migratoria. Eran ellos. Se presentaron como Juan Carlos y César, de 18 y 21 años de edad, ambos nacidos en Honduras.
Tras la charla, confirmaron que después de su aprehensión —el 16 de abril— por parte de elementos de la Policía Federal no habían salido de aquellas instalaciones.
—¿Y qué hacían con el jefe de regulación migratoria? —les cuestionaron.
—Sólo platicábamos —dijo uno de ellos con nerviosismo.
4 mil dólares y… listo. Al día siguiente, una denuncia aclaró los hechos. Un hombre que dijo llamarse José Hernández informó a la Comisión Nacional en Sonora que servidores públicos del INM en la entidad habían pedido un depósito bancario de cuatro mil dólares para liberar a dos retenidos.
Este fue su testimonio: “Un amigo mío, que vive en Estados Unidos y que es hermano de uno de los detenidos, me pidió que le consiguiera a como diera lugar cuatro mil dólares y que se los depositara a los de Migración. Si no lo hago, los van a deportar”.
La CNDH pudo comprobar que el subdelegado y el jefe de Regulación Migratoria habían interrogado al grupo de indocumentados retenido el día 16 de abril. Una era la insistencia: “¿Tienen amigos o familiares en Estados Unidos?”. “Yo sí”, respondió Juan Carlos.
Fue entonces que los funcionarios pidieron el número telefónico y se contactaron con el hermano radicado en la Unión Americana.
—Deposita cuatro mil dólares y dejamos libres a tu hermano y a su amigo —fue la proposición.
Por más dinero, prometieron conseguirles actas de nacimiento mexicanas “para que ya no tengan problemas” y una oferta más:
—Si quieres, hasta los cruzamos para Estados Unidos, tú dinos qué quieres, para arreglarnos, pero tiene que ser rápido o los vamos a deportar.
El hermano aceptó la primera propuesta: cuatro mil dólares por liberarlos, y dijo que un amigo suyo, que vivía en México, haría la transacción.
Pero José, el amigo, no juntó todo el dinero pactado y solo depositó cerca de tres mil dólares a nombre del propietario de un centro cambiario que le fue indicado: Casa de Cambio Luna, en la ciudad de Agua Prieta, traspaso que fue acreditado por la CNDH y certificado ante notario público.
Horas después del depósito, José recibió una llamada:
—No fue lo que pedimos, pero no hay bronca, tus compas están libres.
Una hora más tarde, Juan Carlos y César se contactaron con él: “Ya nos soltaron, en un lugar que se llama Imuris, aquí en Sonora”.
El relato de ambos redondeó lo ocurrido: revelaron que funcionarios del INM les habían advertido que la CNDH investigaba el caso, “pero cuando los visitadores les pregunten algo digan que están bien, que no pasa nada, si abren la boca se los va a llevar la chingada”.
La madrugada previa a su liberación los sacaron de la estación migratoria y los llevaron al desierto, por la localidad de Altar.
—Si dicen algo, están muertos. No queremos saber nada de Derechos Humanos.
Los visitadores de la CNDH regresaron a la delegación.
—¿Dónde están los hondureños? —preguntaron.
—Se fugaron, no pudimos evitarlo.
La versión de la fuga fue sostenida en el informe rendido sobre el asunto por el INM, por el subdelegado y por el jefe de regulación migratoria.
La Comisión obtuvo, además, la declaración de un agente migratorio, quien señaló: “Los inmigrantes iban a ser trasladados a Agua Prieta y fue el subdelegado quien, de manera extraña, pidió hacerse cargo de la custodia… De pronto llegó diciendo que se le habían escapado; le dije que los iba a perseguir, que me dijera por dónde se habían ido, pero él respondió: ‘calma, no vale la pena, si te vas se van a escapar los demás’”.
En los reportes presentados por el INM a la CNDH no hay constancia de ninguna investigación —ni ministerial ni administrativa— iniciada en contra de los responsables de la custodia en la delegación ni por alguna otra irregularidad, incluida la supuesta fuga.
De ahí que Soberanes solicite a Romero dar vista de estos sucesos al Ministerio Público de la Federación e implementar mecanismos “para asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos del INM”.
Esta indagatoria derivó en una nueva recomendación en contra de Cecilia Romero, comisionada del INM, la cual ya le fue enviada hace tres días. En ésta, el ombudsman José Luis Soberanes pide la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie una averiguación previa sobre la participación de funcionarios públicos del instituto en los delitos referidos.
El trabajo de la CNDH partió del caso de dos jóvenes hondureños asegurados en la delegación migratoria de Nogales, Sonora, a quienes representantes del INM dejaron libres por cuatro mil dólares.
Durante la pesquisa, los visitadores de la CNDH acreditaron el modus operandi de los funcionarios, quienes contactan en Estados Unidos a amigos o familiares de los asegurados y les exigen miles de dólares para soltarlos y evitar su deportación, además de que les ofrecen, por cantidades adicionales, la expedición de actas de nacimiento falsas e incluso el traslado hacia territorio estadunidense. Para los depósitos de dinero utilizan casas de cambio.
El rastro. Las diligencias comenzaron desde el 17 abril del año pasado, cuando personal de la CNDH realizó una visita de inspección a la delegación sonorense sin avisar a los responsables.
Se verificó, en primera instancia, el aseguramiento de cuatro inmigrantes.
—Pero no somos los únicos, hay dos más por ahí —señaló uno de ellos.
Ese rastro desencadenó toda la historia.
Los visitadores preguntaron al subdelegado de la estación dónde estaban los otros dos hombres.
—Ya no están aquí, fueron llevados a la certificación médica —respondió.
Sin embargo, uno de los enviados de la comisión detectó a dos personas con rasgos centroamericanos en la oficina del jefe del Departamento de Regulación Migratoria. Eran ellos. Se presentaron como Juan Carlos y César, de 18 y 21 años de edad, ambos nacidos en Honduras.
Tras la charla, confirmaron que después de su aprehensión —el 16 de abril— por parte de elementos de la Policía Federal no habían salido de aquellas instalaciones.
—¿Y qué hacían con el jefe de regulación migratoria? —les cuestionaron.
—Sólo platicábamos —dijo uno de ellos con nerviosismo.
4 mil dólares y… listo. Al día siguiente, una denuncia aclaró los hechos. Un hombre que dijo llamarse José Hernández informó a la Comisión Nacional en Sonora que servidores públicos del INM en la entidad habían pedido un depósito bancario de cuatro mil dólares para liberar a dos retenidos.
Este fue su testimonio: “Un amigo mío, que vive en Estados Unidos y que es hermano de uno de los detenidos, me pidió que le consiguiera a como diera lugar cuatro mil dólares y que se los depositara a los de Migración. Si no lo hago, los van a deportar”.
La CNDH pudo comprobar que el subdelegado y el jefe de Regulación Migratoria habían interrogado al grupo de indocumentados retenido el día 16 de abril. Una era la insistencia: “¿Tienen amigos o familiares en Estados Unidos?”. “Yo sí”, respondió Juan Carlos.
Fue entonces que los funcionarios pidieron el número telefónico y se contactaron con el hermano radicado en la Unión Americana.
—Deposita cuatro mil dólares y dejamos libres a tu hermano y a su amigo —fue la proposición.
Por más dinero, prometieron conseguirles actas de nacimiento mexicanas “para que ya no tengan problemas” y una oferta más:
—Si quieres, hasta los cruzamos para Estados Unidos, tú dinos qué quieres, para arreglarnos, pero tiene que ser rápido o los vamos a deportar.
El hermano aceptó la primera propuesta: cuatro mil dólares por liberarlos, y dijo que un amigo suyo, que vivía en México, haría la transacción.
Pero José, el amigo, no juntó todo el dinero pactado y solo depositó cerca de tres mil dólares a nombre del propietario de un centro cambiario que le fue indicado: Casa de Cambio Luna, en la ciudad de Agua Prieta, traspaso que fue acreditado por la CNDH y certificado ante notario público.
Horas después del depósito, José recibió una llamada:
—No fue lo que pedimos, pero no hay bronca, tus compas están libres.
Una hora más tarde, Juan Carlos y César se contactaron con él: “Ya nos soltaron, en un lugar que se llama Imuris, aquí en Sonora”.
El relato de ambos redondeó lo ocurrido: revelaron que funcionarios del INM les habían advertido que la CNDH investigaba el caso, “pero cuando los visitadores les pregunten algo digan que están bien, que no pasa nada, si abren la boca se los va a llevar la chingada”.
La madrugada previa a su liberación los sacaron de la estación migratoria y los llevaron al desierto, por la localidad de Altar.
—Si dicen algo, están muertos. No queremos saber nada de Derechos Humanos.
Los visitadores de la CNDH regresaron a la delegación.
—¿Dónde están los hondureños? —preguntaron.
—Se fugaron, no pudimos evitarlo.
La versión de la fuga fue sostenida en el informe rendido sobre el asunto por el INM, por el subdelegado y por el jefe de regulación migratoria.
La Comisión obtuvo, además, la declaración de un agente migratorio, quien señaló: “Los inmigrantes iban a ser trasladados a Agua Prieta y fue el subdelegado quien, de manera extraña, pidió hacerse cargo de la custodia… De pronto llegó diciendo que se le habían escapado; le dije que los iba a perseguir, que me dijera por dónde se habían ido, pero él respondió: ‘calma, no vale la pena, si te vas se van a escapar los demás’”.
En los reportes presentados por el INM a la CNDH no hay constancia de ninguna investigación —ni ministerial ni administrativa— iniciada en contra de los responsables de la custodia en la delegación ni por alguna otra irregularidad, incluida la supuesta fuga.
De ahí que Soberanes solicite a Romero dar vista de estos sucesos al Ministerio Público de la Federación e implementar mecanismos “para asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos del INM”.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 27 de julio.
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