El presidente de Dimensión de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, Rafael Romo Muñoz, señaló que, pese a todos los discursos oficiales, la violación de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos sigue siendo “muy crítica” cuando transitan por territorio nacional, particularmente en los estados del sur-sureste.
El también arzobispo de Tijuana denunció que existe “cierta hostilidad” hacia el trabajo pastoral y las casas de migrantes atendidas por la Iglesia católica, situación en la que particulares que tienen intereses en el tráfico de personas y algunas autoridades lanzan falsas acusaciones contra los religiosos y laicos que trabajan en favor de los viajeros.
Recordó los recientes hechos vividos por el sacerdote Alejandro Solalinde en Ciudad Ixtepex, Oaxaca, quien fue amenazado por un funcionario local y pobladores de un lugar vecino, acusado falsamente de proteger delincuentes. Sin embargo, el prelado salió en defensa del cura, que es el coordinador de Movilidad Humana en esa zona sureña, y del personal que trabaja en la casa del migrante.
El padre Solalinde tiene todo el apoyo del Episcopado, dijo el arzobispo Romo, quien inclusive solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para impedir cualquier agresión.
En entrevista, se refirió a las repatriaciones sufridas por connacionales a manos del gobier-no estadunidense, situación que causa “enorme dolor.
“Son dejados completamente a su suerte y abandonados en la frontera. Esto implica que el gobierno, la Iglesia y la sociedad en general deben hacer un doble esfuerzo por atender a esta población que está llegando a la frontera mexicana, que requiere ayuda para recuperar sus cosas del otro lado y quizás para regresar a su lugar de origen, todo en medio de una separación familiar que duele muchísimo”, añadió.
Dijo que en Baja California y otros estados del norte hay una relación positiva con los gobiernos estatales y municipales, lo cual genera mayores posibilidades de dar mejor trato a los migrantes.
Romo Muñoz señaló que en el reciente encuentro de obispos encargados de migración de las conferencias episcopales de México, Estados Unidos y Centroamérica, del cual fue anfitrión, se acordó que el próximo año se realice en Guatemala.
El también arzobispo de Tijuana denunció que existe “cierta hostilidad” hacia el trabajo pastoral y las casas de migrantes atendidas por la Iglesia católica, situación en la que particulares que tienen intereses en el tráfico de personas y algunas autoridades lanzan falsas acusaciones contra los religiosos y laicos que trabajan en favor de los viajeros.
Recordó los recientes hechos vividos por el sacerdote Alejandro Solalinde en Ciudad Ixtepex, Oaxaca, quien fue amenazado por un funcionario local y pobladores de un lugar vecino, acusado falsamente de proteger delincuentes. Sin embargo, el prelado salió en defensa del cura, que es el coordinador de Movilidad Humana en esa zona sureña, y del personal que trabaja en la casa del migrante.
El padre Solalinde tiene todo el apoyo del Episcopado, dijo el arzobispo Romo, quien inclusive solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para impedir cualquier agresión.
En entrevista, se refirió a las repatriaciones sufridas por connacionales a manos del gobier-no estadunidense, situación que causa “enorme dolor.
“Son dejados completamente a su suerte y abandonados en la frontera. Esto implica que el gobierno, la Iglesia y la sociedad en general deben hacer un doble esfuerzo por atender a esta población que está llegando a la frontera mexicana, que requiere ayuda para recuperar sus cosas del otro lado y quizás para regresar a su lugar de origen, todo en medio de una separación familiar que duele muchísimo”, añadió.
Dijo que en Baja California y otros estados del norte hay una relación positiva con los gobiernos estatales y municipales, lo cual genera mayores posibilidades de dar mejor trato a los migrantes.
Romo Muñoz señaló que en el reciente encuentro de obispos encargados de migración de las conferencias episcopales de México, Estados Unidos y Centroamérica, del cual fue anfitrión, se acordó que el próximo año se realice en Guatemala.
José Antonio Román, La Jornada, 15 de julio.
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