Asesinatos de civiles en retenes militares, actos de tortura y la incomunicación de hombres desnudos en instalaciones castrenses son algunos de los delitos cometidos por soldados.
Lo anterior fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual hoy emitirá recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los delitos y abusos cometidos durante los operativos que realiza actualmente contra el crimen organizado.
La CNDH acredita la muerte de ocho personas, siete de ellas durante acciones militares efectuadas en Huetamo, Michoacán; Reynosa, Tamaulipas, y Badiraguato, Sinaloa, en el primer trimestre de este año.
En los tres casos, elementos de la Sedena abrieron fuego contra vehículos que transportaban civiles.
Otro asesinato que acreditó la CNDH es el de Fausto Ernesto Murillo Flores, quien fue detenido por militares en Naco, Sonora; un día después, su cuerpo fue encontrado brutalmente golpeado.
Además, en cinco recomendaciones, la Comisión concluyó que torturaron a civiles para obtener algún tipo de información.
Un ejemplo es el de José Fausto Gálvez Mungía, quien el 7 de junio de 2007 estaba con otras personas en las faldas del cerro La Lesna, en Sonoyta, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, cuando personal de la 40 Zona Militar llegó en dos vehículos, los encañonó y amenazó con matarlos si no decían quién era su jefe y dónde estaba la mariguana.
Ellos explicaron que esperaban a un pollero, respuesta que no satisfizo a los soldados.
"Un militar le propinó un puñetazo en la boca, le vendaron los ojos, lo arrastraron por el suelo, y fue cuando le metieron a la boca un tubo y lo obligaron a beber un líquido con sabor a alcohol con el propósito de ahogarlo; estuvo vomitando, le metieron en las uñas de las manos y pies unos pedazos de madera, los cuales movían para hacerlo sufrir hasta que le sacaron las uñas", se lee en el informe.
En casi todos los casos en los que se identificó tortura también hubo otras violaciones a los derechos humanos, como detención arbitraria.
La CNDH ha señalado que en el orden jurídico mexicano no corresponde a las Fuerzas Armadas realizar funciones de la Policía.
Sin embargo, aclara que en las actuales circunstancias de desbordamientos frecuentes de la violencia criminal sería suicida retirar al Ejército, pues las bandas del narcotráfico han mostrado gran poder de fuego.
Lo anterior fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual hoy emitirá recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los delitos y abusos cometidos durante los operativos que realiza actualmente contra el crimen organizado.
La CNDH acredita la muerte de ocho personas, siete de ellas durante acciones militares efectuadas en Huetamo, Michoacán; Reynosa, Tamaulipas, y Badiraguato, Sinaloa, en el primer trimestre de este año.
En los tres casos, elementos de la Sedena abrieron fuego contra vehículos que transportaban civiles.
Otro asesinato que acreditó la CNDH es el de Fausto Ernesto Murillo Flores, quien fue detenido por militares en Naco, Sonora; un día después, su cuerpo fue encontrado brutalmente golpeado.
Además, en cinco recomendaciones, la Comisión concluyó que torturaron a civiles para obtener algún tipo de información.
Un ejemplo es el de José Fausto Gálvez Mungía, quien el 7 de junio de 2007 estaba con otras personas en las faldas del cerro La Lesna, en Sonoyta, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, cuando personal de la 40 Zona Militar llegó en dos vehículos, los encañonó y amenazó con matarlos si no decían quién era su jefe y dónde estaba la mariguana.
Ellos explicaron que esperaban a un pollero, respuesta que no satisfizo a los soldados.
"Un militar le propinó un puñetazo en la boca, le vendaron los ojos, lo arrastraron por el suelo, y fue cuando le metieron a la boca un tubo y lo obligaron a beber un líquido con sabor a alcohol con el propósito de ahogarlo; estuvo vomitando, le metieron en las uñas de las manos y pies unos pedazos de madera, los cuales movían para hacerlo sufrir hasta que le sacaron las uñas", se lee en el informe.
En casi todos los casos en los que se identificó tortura también hubo otras violaciones a los derechos humanos, como detención arbitraria.
La CNDH ha señalado que en el orden jurídico mexicano no corresponde a las Fuerzas Armadas realizar funciones de la Policía.
Sin embargo, aclara que en las actuales circunstancias de desbordamientos frecuentes de la violencia criminal sería suicida retirar al Ejército, pues las bandas del narcotráfico han mostrado gran poder de fuego.
Reforma, 11 de julio.
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