CARACAS.- La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó el jueves la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, que se venía debatiendo desde hace un año, la cual prevé penas más severas para los captores, prisión para quienes no denuncien el crimen y control por parte de las autoridades de las cuentas y bienes de los familiares de las víctimas.
Para que entre en vigencia falta que sea refrendada por el Presidente Hugo Chávez y se publique en la Gaceta Oficial.
El secuestro en Venezuela experimenta una tendencia sostenida al aumento, pasando de 50 en 1998 a un total de 382 en 2007, según cifras oficiales.
Más de 80 por ciento de los venezolanos cree que este delito ha empeorado, de acuerdo con un sondeo realizado por la empresa Hinterlaces en octubre de 2007.
Hasta ahora, no existía una ley dedicada exclusivamente al combate contra este delito, que se rige actualmente por el Código Penal.
La nueva norma tiene como objetivo prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión y garantizar la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes.
Uno de sus artículos introduce la obligatoriedad de denunciar. Su omisión será sancionada de acuerdo al Código Penal, que estipula de uno a cinco años de prisión para el encubrimiento sin concierto previo con los delincuentes.
El castigo para los secuestradores se duplica al pasar de una pena de prisión de 8 a 15 años a una de entre 20 y 30, con agravantes, como el que la víctima sea menor de 18 años, tenga discapacidades, esté embarazada, enferma, o se trate de ancianos.
La ley contempla el secuestro exprés, sancionándolo con prisión entre 15 y 20 años.
Partiendo del principio de que el Estado tiene el deber de preservar los bienes de los secuestrados y sus familiares, se introduce una serie de medidas que, según los expertos, podría incidir en el subregistro de este delito.
El artículo 15 establece que, al tener noticia de un plagio, la Fiscalía "solicitará el inventario de los bienes de la persona secuestrada, de su cónyuge, concubino o concubina y demás parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad".
Los familiares de la víctima, agrega, deberán presentar ante el Ministerio Público, bajo juramento, una declaración de sus bienes y los del secuestrado y sus cuentas bancarias serán controladas.
El artículo 16 dispone que esta institución acordará con los familiares "las sumas de dinero que correspondan a sus gastos ordinarios y aquellos necesarios para el ejercicio de sus actividades económicas o laborales, limitando cualquier gasto que exceda lo acordado".
También se limitará la compra o venta de bienes muebles e inmuebles ante notarías y registros Públicos.
Además, el artículo 17 obliga a las entidades bancarias o financieras a informar al Ministerio Público sobre las solicitudes de préstamos o retiros de sumas de dinero realizados por los familiares de las víctimas, que excedan los recursos necesarios para sus gastos ordinarios y desarrollar sus actividades económicas.
Implementan medida
Hasta ahora, no existía una ley dedicada exclusivamente al combate contra el secuestro, que se rige actualmente por el Código Penal.
· La condena a prisión por secuestro pasa de entre 8 a 15 años a entre 20 y 30.
· Los familiares de la víctima deberán realizar declaración jurada de sus bienes.
· La Fiscalía acordará con los familiares la cantidad que corresponda a sus gastos ordinarios y aquellos necesarios para el ejercicio de sus actividades económicas o laborales, limitando cualquier gasto que exceda lo acordado.
· También limitará la compra o venta de bienes muebles e inmuebles ante notarías y registros públicos.
· Los bancos serán obligados a informar de solicitudes de préstamos o retiros de sumas de dinero realizados por los familiares de la víctima que excedan lo acordado con la Fiscalía.
· La denuncia es obligatoria y se castiga su omisión con cárcel.
· Se incorpora el secuestro exprés y se castiga con prisión de entre 15 y 20 años.
Para que entre en vigencia falta que sea refrendada por el Presidente Hugo Chávez y se publique en la Gaceta Oficial.
El secuestro en Venezuela experimenta una tendencia sostenida al aumento, pasando de 50 en 1998 a un total de 382 en 2007, según cifras oficiales.
Más de 80 por ciento de los venezolanos cree que este delito ha empeorado, de acuerdo con un sondeo realizado por la empresa Hinterlaces en octubre de 2007.
Hasta ahora, no existía una ley dedicada exclusivamente al combate contra este delito, que se rige actualmente por el Código Penal.
La nueva norma tiene como objetivo prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión y garantizar la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes.
Uno de sus artículos introduce la obligatoriedad de denunciar. Su omisión será sancionada de acuerdo al Código Penal, que estipula de uno a cinco años de prisión para el encubrimiento sin concierto previo con los delincuentes.
El castigo para los secuestradores se duplica al pasar de una pena de prisión de 8 a 15 años a una de entre 20 y 30, con agravantes, como el que la víctima sea menor de 18 años, tenga discapacidades, esté embarazada, enferma, o se trate de ancianos.
La ley contempla el secuestro exprés, sancionándolo con prisión entre 15 y 20 años.
Partiendo del principio de que el Estado tiene el deber de preservar los bienes de los secuestrados y sus familiares, se introduce una serie de medidas que, según los expertos, podría incidir en el subregistro de este delito.
El artículo 15 establece que, al tener noticia de un plagio, la Fiscalía "solicitará el inventario de los bienes de la persona secuestrada, de su cónyuge, concubino o concubina y demás parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad".
Los familiares de la víctima, agrega, deberán presentar ante el Ministerio Público, bajo juramento, una declaración de sus bienes y los del secuestrado y sus cuentas bancarias serán controladas.
El artículo 16 dispone que esta institución acordará con los familiares "las sumas de dinero que correspondan a sus gastos ordinarios y aquellos necesarios para el ejercicio de sus actividades económicas o laborales, limitando cualquier gasto que exceda lo acordado".
También se limitará la compra o venta de bienes muebles e inmuebles ante notarías y registros Públicos.
Además, el artículo 17 obliga a las entidades bancarias o financieras a informar al Ministerio Público sobre las solicitudes de préstamos o retiros de sumas de dinero realizados por los familiares de las víctimas, que excedan los recursos necesarios para sus gastos ordinarios y desarrollar sus actividades económicas.
Implementan medida
Hasta ahora, no existía una ley dedicada exclusivamente al combate contra el secuestro, que se rige actualmente por el Código Penal.
· La condena a prisión por secuestro pasa de entre 8 a 15 años a entre 20 y 30.
· Los familiares de la víctima deberán realizar declaración jurada de sus bienes.
· La Fiscalía acordará con los familiares la cantidad que corresponda a sus gastos ordinarios y aquellos necesarios para el ejercicio de sus actividades económicas o laborales, limitando cualquier gasto que exceda lo acordado.
· También limitará la compra o venta de bienes muebles e inmuebles ante notarías y registros públicos.
· Los bancos serán obligados a informar de solicitudes de préstamos o retiros de sumas de dinero realizados por los familiares de la víctima que excedan lo acordado con la Fiscalía.
· La denuncia es obligatoria y se castiga su omisión con cárcel.
· Se incorpora el secuestro exprés y se castiga con prisión de entre 15 y 20 años.
Cristina Marcano, corresponsal, Reforma, 16 de agosto.
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