La Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley que incrementó hasta a 30 años las penas de prisión para secuestradores y ordena la congelación de los bienes de los rehenes y sus familiares, como una medida para contrarrestar la expansión de ese flagelo.
El congreso venezolano, integrado en su mayoría por aliados del gobierno, sancionó el jueves la ley antisecuestros en medio de críticas de los familiares de los secuestrados y criminólogos que sostienen que limitará las negociaciones para las liberaciones y llevará a las víctimas a no denunciar los raptos.
La Asamblea Nacional reconoció en la exposición de motivos de la ley que decidió emitirla para combatir el secuestro y la extorsión, delitos que han registrado una “expansión” en las ciudades venezolanas debido a las “amplias y fáciles ganancias económicas” que generan, informó el jueves esa dependencia en un comunicado.
En uno de los artículos de la ley se establece que la persona que cometa el secuestro será sancionada con prisión de 20 hasta 30 años, que es la pena máxima en el país. Otro artículo obliga a los familiares de los secuestrados a entregar al Ministerio Público una declaración de los bienes que le pertenecen a la víctima y sus parientes, que quedarán embargados para evitar que desembolsen sumas de rescate; y las autoridades dispondrán un monto que les permita su manutención y cubrir gastos ordinarios. Países como Estados Unidos aplican medidas similares para desincentivar los secuestros.
Según datos de la policía judicial venezolana, el número de secuestros en el país pasó de 44 en 1999 a 382 en 2007, es decir, un aumento de casi 900 por ciento en ocho años.
El congreso venezolano, integrado en su mayoría por aliados del gobierno, sancionó el jueves la ley antisecuestros en medio de críticas de los familiares de los secuestrados y criminólogos que sostienen que limitará las negociaciones para las liberaciones y llevará a las víctimas a no denunciar los raptos.
La Asamblea Nacional reconoció en la exposición de motivos de la ley que decidió emitirla para combatir el secuestro y la extorsión, delitos que han registrado una “expansión” en las ciudades venezolanas debido a las “amplias y fáciles ganancias económicas” que generan, informó el jueves esa dependencia en un comunicado.
En uno de los artículos de la ley se establece que la persona que cometa el secuestro será sancionada con prisión de 20 hasta 30 años, que es la pena máxima en el país. Otro artículo obliga a los familiares de los secuestrados a entregar al Ministerio Público una declaración de los bienes que le pertenecen a la víctima y sus parientes, que quedarán embargados para evitar que desembolsen sumas de rescate; y las autoridades dispondrán un monto que les permita su manutención y cubrir gastos ordinarios. Países como Estados Unidos aplican medidas similares para desincentivar los secuestros.
Según datos de la policía judicial venezolana, el número de secuestros en el país pasó de 44 en 1999 a 382 en 2007, es decir, un aumento de casi 900 por ciento en ocho años.
AP en Caracas, Milenio, 16 de agosto.
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