El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió terminar con la impunidad por el alto índice de delitos que no recibe sentencia condenatoria y presentó cuatro propuestas para lograr disminuir el nivel de inseguridad que padece el País.
"¡La impunidad es el principal enemigo del Estado de Derecho!", señala el organismo a través de un desplegado que hoy se difunde.
Además, advierte que el Estado no está cumpliendo su obligación de garantizar la seguridad.
El CCE propone a los tres poderes de la Unión y a los estados mejorar el sueldo de policías y custodios, así como su capacitación, con sistemas de carrera, a fin de mejorar su desempeño y niveles de honestidad.
Asimismo, plantea transformar las oficinas de los ministerios públicos en centros de atención a víctimas para eliminar el proceso burocrático en estas agencias, que inhibe en un 85 por ciento la presentación de denuncias.
Como tercer punto, plantea otorgar autonomía constitucional a los agentes del Ministerio Público para evitar que se politice y manipule la procuración de justicia.
El CCE criticó la utilidad de elevar sanciones y penas por los delitos como una opción efectiva para disminuir la inseguridad.
"Las sanciones y penas aplicables, por más altas que sean, no tendrán un impacto real en el nivel de inseguridad que padecemos, mientras no sean acompañadas de acciones efectivas", indica el texto.
Por ello, exigieron a las autoridades presentar y aprobar las iniciativas conducentes para que la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal se implemente.
"Vemos con enorme preocupación que la criminalidad aumenta y que sus redes se organizan, en muchos de los casos en abierta complicidad con las autoridades policiacas de los tres niveles de Gobierno", señala el desplegado.
"¡La impunidad es el principal enemigo del Estado de Derecho!", señala el organismo a través de un desplegado que hoy se difunde.
Además, advierte que el Estado no está cumpliendo su obligación de garantizar la seguridad.
El CCE propone a los tres poderes de la Unión y a los estados mejorar el sueldo de policías y custodios, así como su capacitación, con sistemas de carrera, a fin de mejorar su desempeño y niveles de honestidad.
Asimismo, plantea transformar las oficinas de los ministerios públicos en centros de atención a víctimas para eliminar el proceso burocrático en estas agencias, que inhibe en un 85 por ciento la presentación de denuncias.
Como tercer punto, plantea otorgar autonomía constitucional a los agentes del Ministerio Público para evitar que se politice y manipule la procuración de justicia.
El CCE criticó la utilidad de elevar sanciones y penas por los delitos como una opción efectiva para disminuir la inseguridad.
"Las sanciones y penas aplicables, por más altas que sean, no tendrán un impacto real en el nivel de inseguridad que padecemos, mientras no sean acompañadas de acciones efectivas", indica el texto.
Por ello, exigieron a las autoridades presentar y aprobar las iniciativas conducentes para que la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal se implemente.
"Vemos con enorme preocupación que la criminalidad aumenta y que sus redes se organizan, en muchos de los casos en abierta complicidad con las autoridades policiacas de los tres niveles de Gobierno", señala el desplegado.
Reforma, 11 de agosto.
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